Uno de cada cuatro agresores sexuales es un menor de edad, según datos del portal feminicidios.net, dedicado a información sobre violencia contra las mujeres. Acoplado con el hecho de que los delitos sexuales múltiples se han incrementado el 56 % entre 2016 y 2021 pasando de 371 a 573, pinta un panorama en el que cada vez más niños y adolescentes perpetran delitos sexuales.
La abogada especializada en Derecho Penal y criminóloga Beatriz Izquierdo Pliego, autora de «De los Reyes Magos al porno. O cómo un niño puede pasar de la más inocente a la más perversa de las fantasías», explica que «la nefasta influencia de un consumo desmedido de un porno inapropiado, que simula conductas tipificadas en nuestro ordenamiento jurídico», parece ser la fuente de la educación sexual de niños y adolescentes, y «podría estar detrás de un número importante de agresiones sexuales».
«Este es un factor criminógeno más sobre el que hay que poner el foco, sin olvidar todos los demás, como la violencia expresiva que aparece en las agresiones grupales de jóvenes de muy corta edad, donde esos actos delictivos, en muchos casos, les sirven para reafirmarse dentro del grupo al que pertenecen», explica. «El punto común que me preocupa sobremanera es la falta de asunción de responsabilidad de su conducta y, por ende, la culpabilización que se hace de la víctima».
¿Cuáles son los procedimientos penales que atraviesan los agresores sexuales menores de edad? ¿Qué resultado suelen tener y qué consideraciones se toman en cuenta?
El problema que nos encontramos es la inimputabilidad de los menores de 14 años.
La exposición de motivos de la Ley Orgánica del año 2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, establecía, en su apartado cuarto, lo siguiente: “En segundo término, la edad límite de dieciocho años establecida por el Código Penal para referirse a la responsabilidad penal de los menores precisa de otro límite mínimo a partir del cual comience la posibilidad de exigir esa responsabilidad y que se ha concretado en los catorce años, con base en la convicción de que las infracciones cometidas por los niños menores de esta edad son en general irrelevantes y que, en los escasos supuestos en que aquellas pueden producir alarma social, son suficientes para darles una respuesta igualmente adecuada los ámbitos familiar y asistencial civil, sin necesidad de la intervención del aparato judicial sancionador del Estado».
Está claro (o debería estarlo) que una agresión sexual, y mucho más si es grupal en la que medie, además, penetración, en ningún caso puede considerarse una infracción irrelevante. De modo que creo que está sobradamente justificada la intervención del aparato judicial.
En mi opinión, esta afirmación de la exposición de motivos ha quedado desactualizada y es necesario poder adoptar medidas contundentes frente a los menores agresores, con independencia del mero criterio cronológico de la edad. De lo contrario, estaremos abonando el camino de la reincidencia.
«Un menor que es capaz de cometer esta serie de hechos necesita ayuda y hay que dársela, atendiendo al interés superior del menor. Devolverle a su entorno que obviamente ha fracasado en su proceso educacional, sin adoptar ninguna medida, no va a solucionar nada, y el riesgo de la reincidencia estará servido»
Dentro del seguimiento de estos jóvenes, ¿aparece algún patrón que se refleje en su futuro como adultos? ¿Algún riesgo de reincidencia?
El mayor riesgo que observo es que, si no se asume la responsabilidad por los hechos propios, difícilmente se aprenderá ninguna lección. Un menor que es capaz de cometer esta serie de hechos necesita ayuda y hay que dársela, atendiendo al interés superior del menor. Devolverle a su entorno que obviamente ha fracasado en su proceso educacional, sin adoptar ninguna medida, no va a solucionar nada, y el riesgo de la reincidencia estará servido.
Usted destaca la importancia de la prevención, ¿pero qué se puede hacer por estos jóvenes durante el procedimiento penal y después?
Creo, y no me voy a cansar de repetirlo, que hay que estudiar al agresor.
No requiere la misma intervención un menor que ha sido víctima de abusos sexuales en su más tierna infancia y quien, por tanto, puede estar repitiendo patrones, que un menor que ha consumido un porno muy violento y que intenta recrear una escena, o que unos niños que actúan en el seno de una agresión grupal por la necesidad de reafirmarse en un grupo a modo de hazaña y que, por eso, “pornografían» su agresión. Hay perfiles muy diversos.
¿Y las víctimas? ¿Hay algún factor que las vuelva más susceptibles o vulnerables a estas situaciones? ¿El cuidado que se les suele proporcionar es suficiente?
Hay que hablar con nuestras niñas de autoestima. Muchas intentan prestarse a aquello que se supone que es lo que se espera de ellas, sin saber que ponerlo en práctica puede resultar, en algunos casos, devastador. Hay algo mucho peor que no haber conquistado derechos: perder los ya conquistados.
No es de recibo que las niñas salgan con miedo a la calle por temor a sufrir una agresión sexual en una sociedad democrática tan avanzada como la nuestra. Y a quien ha sido víctima de una agresión sexual hay que darle todo el apoyo que sea posible por parte de equipos multidisciplinares, porque el proceso de recuperación es muy complejo y doloroso.
Hay que tener en cuenta que son delitos “de cifra negra”: muchos no se denuncian y, por eso, «no existen». Las cifras que conocemos, si bien ya son alarmantes, son sólo la punta del iceberg.
¿Qué opina que se puede mejorar o redirigir en cuanto a los procedimientos penales y resoluciones?
Creo que es absolutamente necesario humanizar la justicia. De la misma manera que cuidamos las plantas de oncología infantil de los hospitales para crear entornos amables, hay que buscar esa amabilidad para las víctimas, especialmente si son menores.
Contamos con avances importantes que tienen como objeto evitar la revictimización (como la cámara Gesell, que permite realizar la prueba preconstituida en el caso de víctimas de abuso sexual infantil) pero queda muchísimo trabajo por hacer. Cada víctima importa y es nuestro deber evitar la victimización secundaria.
