Cada vez más comunidades de propietarios solicitan servicios legales específicos para sus situaciones gracias a los avances jurisprudenciales y a la disponibilidad de información a la que pueden acudir vía internet, según Estanislao Moreno, socio del despacho especializado en servicios para comunidades de propietarios Vecindia, que explica a Confilegal la situación de los profesionales del derecho en este campo creciente.
«En este momento los propietarios tienen mayores conocimientos y son más rigurosos a la hora de exigir la defensa de sus derechos; por ello, cada vez es más frecuente que nos requieran una labor preventiva mediante la elaboración de informes y comunicaciones extrajudiciales», relata.
En sus palabras, «comparado con la situación que nos encontrábamos hace diez años, podemos confirmar que el cliente solía acudir a nosotros una vez producido el daño lo que implicaba que en casi todos los casos acudieran directamente a la vía judicial».
«Ahora son menores los casos que acaban en los Juzgados con el consiguiente ahorro de tiempo y costes», dice.
En qué situación se encuentran las comunidades de vecinos? ¿Cuáles son las necesidades que hacen que requieran de un profesional del derecho?
Actualmente existen aproximadamente un millón de comunidades de propietarios en España en las que confluyen tanto las relaciones entre los propios vecinos como estos con la comunidad. Esta situación origina que se susciten multitud de divergencias.
Nuestra función consiste en conciliar a las partes exponiendo cuales son los derechos y obligaciones de cada uno tratando de evitar que el conflicto se agrave.
Por otro lado, nos encontramos con un tercer actor en las comunidades de nueva construcción que son las reclamaciones por los defectos constructivos advertidos a los agentes de la edificación, como promotoras, constructoras, arquitectos, arquitectos técnico, etcétera.
En estas reclamaciones es importante también tener en cuenta los plazos de prescripción.
¿Cuáles son los casos más comunes a los que se dedica Vecindia?
En este punto debemos diferenciar los casos de nuestra oficina de Madrid con la de Málaga. En el caso de Madrid, es un sector más consolidado, en muchas ocasiones con edificaciones antiguas, lo que suscita conflictos vecinales por daños derivados de filtraciones, ruidos u olores.
En el caso de Málaga, los problemas principales son producidos por viviendas de uso turístico o derivados de nuevas promociones.
Sin embargo, hay un problema que afecta en ambos casos, que es la morosidad de las comunidades de propietarios. Sin duda alguna, en términos generales esta cuestión es la mayor dificultad a las que se enfrentan las comunidades.
¿Cuáles son las leyes y cambios de normativa más relevantes en estos casos?
La norma principal que regula las relaciones dentro de la esfera de las comunidades de propietarios es la Ley de Propiedad Horizontal. Sin embargo, los avances dentro de la sociedad evidentemente tienen su reflejo en el ámbito normativo.
En este caso, normas de accesibilidad a los edificios y espacios comunes a personas mayores y personas con discapacidad, así como acceso a nuevas tecnologías y sistemas de climatización en vivienda van cubriendo aquellos espacios que se van produciendo.
¿Qué futuro prevé respecto a la jurisprudencia en estas situaciones?
Venimos advirtiendo que el grado de especialización de nuestros tribunales en este ámbito cada vez es mayor. Ello tiene especial relevancia en procedimientos de defectos constructivos donde los pleitos tienen un gran contenido técnico prevaleciendo los dictámenes periciales emitidos por arquitectos.
En estos juicios, las resoluciones dictadas están en casi todos los casos muy bien fundamentados lo que supone un absoluto avance para seguridad jurídica.
Y en cuanto a su práctica de derecho urbanístico, ¿cómo se encuentra ahora? ¿Cuáles son los casos por los que más se acercan los clientes?
Igual que en el caso anterior, debemos otra vez diferenciar la situación de Madrid con la de Málaga. En el caso de Madrid, las consultas suelen estar enfocadas en actuaciones realizadas en viviendas sin autorización administrativa o expedientes abiertos por alteraciones en los edificios.
En el caso de Málaga, esta lidera a nivel nacional tanto la actividad promotora, en términos de licencias de construcción, como en las compraventas, sobre el parque residencial existente. Por ello, las consultas principales que recibimos van en esta línea sobre las necesidades y requisitos para construir nuevas promociones.
