El magistrado entiende que estos profesionales están preparados para intervenir pero, para que eso ocurra, ha recordado que hay que reformar la ley. En una entrevista en Confilegal, lo explica.
Antonio Sempere, sobre la intervención de graduados sociales en el TS: «Hay argumentos para reformar la ley»
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21/9/2023 06:35
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Actualizado: 21/9/2023 11:24
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Una reciente diligencia de ordenación de la Secretaría del Tribunal Supremo indujo a error e hizo creer que los Graduados Sociales podían intervenir en el Tribunal Supremo (TS) sin presencia de abogado. Pero el presidente en funciones de la Sala de lo Social, Antonio V. Sempere, envió un día después un comunicado desmintiendo tal afirmación porque la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) lo impide en su artículo 21.1.
El magistrado entiende que estos profesionales están preparados para intervenir pero, para que eso ocurra, ha recordado que hay que reformar la ley. En una entrevista en Confilegal, lo explica.
Asimismo, ha comentado cómo han sido sus primeros meses como presidente en funciones desde que tomó el relevo de Rosa María Virolés, la situación de la Sala y la sobrecarga de trabajo.
¿Cree que hay que reformar la LRJS para que los Graduados Sociales puedan acudir al Supremo como ocurre en otras instancias ?
Para actuar ante el TS, la ley pide que haya un abogado que asuma la defensa de sus intereses. Sólo puede actuar quienes son abogados, una tradición larga que hay cambiarla con consenso.
Es un tema en el que quizá yo no sea la persona más adecuada porque en mi vida anterior tuve una participación activa para conseguir que unos estudios que eran de diplomatura universitaria pasaran a ser de licenciatura a grado, por lo tanto tenía una visión favorable antes de llegar al TS. No la he cambiado.
Esos profesionales están en condiciones técnicas de asumir esa representación, pero tiene que decirlo el legislador. Creo que hay argumentos para reformar la ley, pero me molesta que se presente como un conflicto profesional entre abogacía y graduados sociales.
Debe hacerse de común acuerdo con los colegios profesionales de abogacía. La práctica demuestra que en el ámbito laboral la inmensa mayoría de graduados sociales trabaja con abogados y viceversa. No todo graduado social va él personalmente a acudir al TS, igual que no todo abogado personalmente está dispuesto a ir a un juzgado de lo social.
«Dejemos un poquito de libertad para que ambas profesiones puedan indistintamente acudir, pero con consenso»
Mi idea es, a estas alturas de nuestra evolución, dejemos un poquito de libertad para que ambas profesiones puedan indistintamente acudir.
El día 18 de julio asumió la presidencia en funciones de la Sala de lo Social tras la jubilación de Rosa María Virolés. ¿Con qué escenario se ha encontrado?
Es un escenario muy afectado por la paralización de los nombramientos por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A la Sala 4ª le afecta casi en un 50%, de 13 plazas, tenemos 6 vacantes.
Así que el escenario es de máxima alarma, pero desde el 1 de septiembre tenemos un plan de choque. Se han incorporado 7 magistrados de forma provisional para ayudarnos a reducir la tasa de respuesta, hay que intentar aliviar esa lista de espera judicial que hace que los plazos sean inasumibles.
Estamos asistiendo a pequeñas vulneraciones del derecho a la tutela judicial efectiva
Estamos asistiendo a pequeñas vulneraciones del derecho a la tutela judicial efectiva. Nos lo recuerda el Constitucional cada vez que alguien se queja, nos lo recuerda Estrasburgo, pero el problema es cómo remediarlo, aplicamos lo que tenemos a nuestro alcance.
Pero que tengamos ahora un refuerzo no significa que si se pudieran convocar hoy las plazas y ocuparlas estaríamos en una buena situación, la Sala tendría que funcionar un tiempo con la plantilla al completo y mantener el refuerzo para poder alcanzar una cierta normalidad.
En el plano personal llego con deseo de que el servicio público de justicia se preste con el máximo decoro que sea posible y utilizar todos los resortes para disminuir el problema.
¿Cuántos asuntos pendientes ahora mismo?
Está entre 6 y 7.000, un número elevado. En los buenos tiempos del TS se tardaba en resolver en torno a 9 o 10 meses, y ahora, hemos pasado a duplicar esa cifra y en algunos casos a triplicarla.
¿Cuántas sentencias dicta anualmente cada magistrado de la Sala?
El promedio estaba en las 110-120 anuales por magistrado. Para un TS creo que eso es mucho, estamos en la cúspide jurisdiccional, las sentencias no sirven sólo para resolver un asunto concreto, sino que fijan doctrina que debe ser aplicada por todos los tribunales.
Al mes cada uno dicta unas 11 o 12, pero ahora vamos a hacer un esfuerzo con la ayuda de ese refuerzo añadiendo mensualmente en torno a 15 o 20 asuntos más de los que sean aplicativos de doctrina.
¿Se puede decir que estamos en un momento crítico en la sala de lo social?
Sin duda, y lo que hacemos es buscar remedios al igual que en las unidades de cuidados intensivos o en las situaciones concursales de las empresas.
El refuerzo que ha venido es un remedio, la aprobación de la figura que ahora se llama el pleito testigo por parte de la Sala de Gobierno, es otro. Con todo eso estamos en una situación crítica y eso conviene no ocultarlo, es la verdad.
«Estamos en una situación crítica y eso conviene no ocultarlo, es la verdad»
Hablamos de situación crítica, sobrecarga de trabajo, exceso de sentencias. ¿De qué forma afecta esto a la salud mental de un magistrado? ¿Se pierden las ganas?
Espero que a la salud mental no nos afecte. Pero afecta a la conciliación de la vida personal y familiar. Creo que las siete personas que integramos la sala no hemos perdido la salud mental, pero sí hemos perdido un tiempo que dedicamos a otras cosas.
En cuanto a las ganas, se produce un fenómeno que sólo quienes lo han vivido pueden entenderlo. La solidaridad y el esfuerzo son contagiosos, aquí la relación es inmejorable. Si tu compañera trabaja mucho, tú por solidaridad, trabajas mucho y así sucesivamente.
Estamos en un momento crítico, pero la práctica profesional ha conseguido no rebajar la calidad de las sentencias a base del esfuerzo personal de magistrados y del resto de integrantes, desde las secretarias hasta el gabinete o los letrados de la administración de justicia. Esto es un equipo.
Hace justo un año, Carlos Lesmes dimitió para forzar la renovación del CGPJ, cosa que no ocurrió. ¿Confía en que eso pase dentro de poco o lo ve lejano?
Tengo la experiencia de que cuando las personas con ideologías distintas bajan la guardia y no hay focos ni publicidad, son capaces de llegar a acuerdos. Tengo la esperanza de que eso suceda en cualquier momento porque no veo razones para que persista una anomalía constitucional.
Tengo el sentimiento personalísimo de que las personas sensatas que están al frente del Congreso, del Senado, de los grupos parlamentarios, en cualquier momento se van a mirar a los ojos y van a preguntarse el porqué no lo solucionan.
¿Y cree que actualmente el ciudadano confía en la justicia?
Las encuestas sociológicas manifiestan que últimamente el 74% de la ciudadanía tiene mala opinión o desconfía de la administración de justicia. Sin embargo, a la hora de la verdad se piensa que los juzgados y tribunales van a dar una solución imparcial.
«Creo que el sistema español garantiza mucho la imparcialidad»
Soy un convencido de que tenemos una administración de justicia de máximo nivel, sumamente imparcial y con problemas estructurales, con problemas de funcionamiento, de gestión de recursos humanos, de motivación, de remuneración, de cargas de trabajo, de conciliación de la vida familiar y laboral. Ahora, profesionalmente, creo que el sistema español garantiza mucho la imparcialidad.
Hablando de imparcialidad, últimamente se critica mucho a los magistrados por cómo aplican la ley del sólo sí es sí. No afecta sólo al ámbito penal, sino también al laboral, ¿su entrada en vigor ha transformado las relaciones laborales?
La crítica en Derecho es un valor positivo porque las normas son humanas, en un Estado democrático representan el estado de la mayoría. La descalificación, el insulto, por el contrario, son la patología, ahí hay una clara frontera.
En el ámbito laboral no es esta ley, sino una sucesión de normas que arrancan en los años 80 del siglo pasado las que poco a poco nos han ido introduciendo en un escenario que, desde el punto de vista jurídico, es de absoluta igualdad y no discriminación respecto a la identidad y a la libertad sexual.
Los problemas están en la inaplicación o en la aplicación defectuosa de las normas. En el escenario actual tenemos una legislación excelente que está en constante reforma. La famosa ley del sí es sí puede tener una imperfección, pero hay que ver el bosque y no solo un árbol.
Las mujeres en el ámbito laboral, ante el derecho, están ahora en una situación muy distinta a la de antes, como debe ser.
Para terminar, imagínese que es el próximo presidente del TS y del CGPJ. ¿Qué 5 medidas tomaría para mejorar el sistema?
Nunca me he presentado, no he querido acceder a un cargo gestión, es un cargo que es político, no me veo. Pero la primera sería reivindicar la autonomía presupuestaria.
La segunda medida sería la de establecer unos criterios algo más objetivados que los que hay para decidir quién tiene derecho a optar a los cargos que dependen en su nombramiento del CGPJ. La tercera sería la de mantener un diálogo con los órganos jurisdiccionales.
También encargaría a alguien que no sea jurista un plan de modernización de la justicia. Tenemos muchos recursos pero hay que saltar de la Justicia del siglo XIX a la del siglo XXI.
Y, por último, convocaría un gran debate a todas las profesiones jurídicas porque no se pueden llevar tantos asuntos a los tribunales. Lo que está pasando ahora mismo en el panorama judicial no puede ser, cuando se hace algo que no gusta se pone una demanda.
¿Y a esto último qué solución daría?
Aunque sea impopular hay que revisar el tema de la gratuidad, al final es un servicio público y no se puede abusar de ello.
En segundo lugar, los procedimientos abreviados que en el ámbito penal funciona tanto se debieran extenderse a otros ámbitos. A mí se me abren las carnes cuando veo que un asunto ha podido llegar al Tribunal Supremo y lo que se está ventilando es como una vigésima parte de lo que le ha costado ese pleito al Estado.
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