Duelo lamenta que la nueva Ley de Vivienda ha sido “una argucia legislativa que, como ocurrió con la Ley de Educación, corre todo el peligro de convertirse en un juego político entre partidos”, y pide un pacto de Estado para resolver el grave problema de la vivienda.
Los expertos en el sector inmobiliario destacan que la inversión en vivienda debería ser de 8.000 millones de euros anuales, en vez de 1.000
Gerard Duelo Ferrer, presidente del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España (COAPI), envía una carta abierta al presidente del Gobierno denunciando los pocos recursos estatales destinados al mercado de la vivienda
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24/9/2023 06:30
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Actualizado: 25/9/2023 11:53
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“Necesitamos presupuestos estatales que respalden los Planes de Vivienda y las leyes que se promulgan”. Así lo manifiesta el presidente del presidente del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España (CGCOAPI), Gerard Duelo Ferrer.
Y se lo hace saber al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a través de una carta abierta, en representación de todo el colectivo profesional de agentes inmobiliarios de España y de un sector que colabora con casi un 20% del PIB nacional.
Gerard Duelo, que representa a 46 colegios de toda España y a unos 10.000 agentes, destaca en la misiva que sin incluir los fondos europeos ‘Next Generation’, el esfuerzo presupuestario anual es de “tan sólo 1.000 millones de euros”, y que en línea de los países de nuestro entorno, la inversión del Estado “debería ser de un 0,6% sobre el PIB, es decir, de 8.000 millones”.
Este experto subraya que disponer tan solo del 1,5% de vivienda de protección oficial, cuando la media europea es del 9,3%, es “lamentable”.
En este sentido, apunta que hay países como Holanda, con gobiernos conservadores, que superan el 30% en vivienda de promoción pública, y que de media, 13 comunidades autónomas, año tras año, no han impulsado ni construido ni una sola vivienda de protección oficial (VPO) destinada al alquiler”.
En la carta, afirma que “es obvio que la grave situación que sufre el sector de la vivienda es consecuencia de políticas no implementadas o erróneas durante muchas décadas atrás”.
Este experto hace hincapié en que las políticas en materia de vivienda “deben planificarse a 15 o 20 años, y no basarse en medidas cortoplacistas, generalmente limitadas a los intereses más inmediatos de quien gobierna”.
Y lamenta que la nueva Ley de Vivienda haya sido “una argucia legislativa que, como ocurrió con la Ley de Educación, corre todo el peligro de convertirse en un juego político entre partidos que puede mutar de legislatura en legislatura”.
En la misiva, subraya que las leyes sin los fondos económicos que las sustenten son puras quimeras.
PACTO DE ESTADO
Afirma que se requiere un gran pacto de Estado para resolver el grave problema de la vivienda.
Según este experto, “se deben poner en marcha políticas de promoción de vivienda asequible y social, así como de transformación y activación del suelo público, “cuestiones que la nueva Ley ni incentiva ni aborda suficientemente”.
Gerard Duelo sostiene que sin ese pacto de Estado, no habrá sólidas alianzas público-privadas, “indispensables” para construir esos mínimos necesarios para evitar que las generaciones venideras se vean abocadas a retrasar aún más su emancipación o, incluso, se vean en situaciones de extrema precariedad.
Además, en la carta señala “el efecto negativo de la Ley de Vivienda para la ciudadanía y su acceso al mercado inmobiliario en cuestiones como la limitación del precio del alquiler, los cambios en la definición de gran tenedor, y la desregulación de la profesión inmobiliaria”.
También, la “inseguridad e inestabilidad jurídica” que vive el sector, y “la falta herramientas jurídicas” para solucionar el problema de la ocupación ilegal de viviendas.
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