Es uno de los grandes expertos españoles en derecho tributario. Manuel Lamela fue número 2 de la Agencia Tributaria en su nacimiento y es muy crítico. Foto: Confilegal.
Manuel Lamela: “Hacienda es un devorador de empresas, comerciantes y ciudadanos”
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28/9/2023 00:45
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Actualizado: 28/9/2023 17:16
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Es abogado del Estado en excedencia. Los abogados del Estado en esta situación son como los guardias civiles en excedencia o jubilados. Aunque se hayan marchado llevan el cuerpo en la mente y en el corazón. Nunca dejan de serlo. Conozco a muchos que son como él.
Manuel Lamela, 61 años, es actualmente socio director de la firma Accountax Asesores & Auditores. También es presidente de la Fundación LAFER, una institución sin ánimo de lucro, orientada a la promoción y el desarrollo de proyectos multidisciplinares, enfocados a impulsar el conocimiento, la divulgación y la formación, tanto en el ámbito nacional como el internacional y siempre dentro de la más alta cualificación profesional.
Pero antes, casi al comienzo de su carrera profesional, fue número 2 de la Agencia Tributaria (AEAT). Contribuyó de forma decisiva a su creación.
Después fue consejero de Sanidad, primero, y de Transportes, más tarde, de la Comunidad de Madrid, siendo Esperanza Aguirre presidenta. Más tarde pasó a ser subsecretario del Ministerio de Agricultura.
Son los hitos más llamativos de una carrera política cuya experiencia ha dejado su marca en su personalidad.
Es muy consciente de que es señor de sus silencios y esclavo de sus palabras y que lo que dice es con conocimiento de causa.
Parte de la actividad de su firma se ocupa, precisamente, de representar a personas y empresas en conflicto con la AEAT.
Usted estuvo en el minuto uno de la creación de la Agencia Tributaria.
Sí, yo estuve en ese minuto. Acababa de regresar del País Vasco, donde había ostentado la Jefatura de los Servicios Jurídicos de la Abogacía del Estado. Había recibido amenazas de ETA. Tuve que regresar a Madrid casi obligado. A la Dirección General de lo Contencioso.
En esos momentos la Secretaría de Hacienda estaba diseñando la Agencia Tributaria. Pidieron que hubiese algún abogado del Estado que colaborara en el diseño y desarrollo del área jurídica de la Agencia Tributaria.
Me pareció un proyecto atractivo y, junto a otros compañeros, nos pusimos manos a la obra.
¿La Agencia Tributaria fue creada sobre la base de algún modelo existente?
Desde el propio Ministerio de Hacienda nos insinuaron que era un modelo que existía en otros países, como Canadá.
Era un modelo que te llevaba a tener una estructura independiente del área de Hacienda pura y dura, es decir, de la gestora del sistema fiscal.
Con criterios de independencia, de profesionalidad, de eficiencia y que, de alguna manera, permitía ser más ágil por lo que se refería a la gestión fiscal y la recaudación fiscal.
A día de hoy, yo creo que, para bien y para mal de los contribuyentes, funciona muy bien. Como un reloj. Aunque como todo lo que gestiona el ser humano tiene sus problemas.
¿Tenía que ser esto en lo que se ha convertido?
La Agencia Tributaria se ha convertido en un mastodonte. Y a veces en un devorador de empresas, empresarios, comerciantes y también ciudadanos
Aquí hay un problema. Cuando la política entra en determinadas áreas de gestión lo contamina todo. Yo lo he vivido, lo he visto en dos áreas muy, muy sensibles.
También en Sanidad. Es un error garrafal y catastrófico aplicar criterios políticos en la gestión sanitaria.
Con la gestión tributaria pasa exactamente lo mismo. Deja de ser objetivo y pasa a cubrir objetivos políticos. Llevarlo al extremo de cómo se está llevando es absolutamente nefasto y contraindicado. Una impudicia para el contribuyente.
La voracidad recaudatoria sin límites para cubrir el déficit público, crecer y equilibrar las cuentas públicas lleva a decisiones y a situaciones absolutamente lamentables. Sufren los contribuyentes, las empresas, los empresarios, los autónomos y los ciudadanos.
Porque no solo tienen que luchar con el día a día de sus negocios, sino que tienen que resistir, en ocasiones, autenticas agresiones jurídicas y económicas de la Agencia Tributaria. Agresiones que, a mi juicio, no están en modo alguno ni justificadas ni amparadas.
Algunos de esos afectados opinan que en la Agencia Tributaria no hay presunción de inocencia.
Es cierto que el poder inquisitorial de la Inspección de Hacienda pasa determinadas barreras, en ocasiones.
Pero no está generalizado.
Estoy convencido de que hay excelentes profesionales de la inspección y de la gestión tributaria. Pero en todos los sitios hay ovejas negras o personas que, con una vehemencia inusitada, como si fuesen auténticos ayatolás y cruzados, siguiendo los objetivos del gobierno de turno, se lanzan a la yugular del contribuyente.
Personas a las que les da lo mismo llevar un concurso de acreedores en una liquidación de la empresa, o lo que sea, con tal de levantar un acta de inspección, sin considerar que con eso te cargas la empresa.
Sin reflexionar de que haciéndolo ni siquiera va a recaudar porque se está metiendo en un procedimiento de gestión que va a durar un montón de años.
Eso es lamentable y debería corregirse.
El otro día un empresario ilustrado me decía que la Agencia Tributaria le recordaba mucho a la Inquisición. Porque la Inquisición se financiaba con los bienes de los acusados….
Hay una cuestión que siempre ha sido así y es que, por desgracia, cuando los gobiernos son de centroizquierda, de izquierda, o en alianza con la extrema izquierda, no contemplan que la excesiva presión fiscal lo que genera es más fraude.
Esto es así en España y en cualquier parte del planeta. ¿Por qué? Porque el contribuyente, que se siente asfixiado por la presión fiscal, lo que busca es, de alguna manera, defenderse -casi podríamos decir que en términos de legítima defensa– para intentar sobrevivir.
Es en ese escenario donde aparecen lo que habitualmente se describe como bolsas de fraude, de dinero en B. ‘Esto no lo declaro’. ‘Esto no lo facturo’. Lo que son trapicheos ilegales. Y no se deberían de hacer.
A veces hay que entenderlos porque son elementos esenciales para la supervivencia de esa empresa, de ese negocio o de ese autónomo.
¿Y por que se hace eso? ¿Porque el autónomo y el empresario son delincuentes fiscales en potencia? Eso es mentira. Por mucho que lo digan.
Se hace porque la presión fiscal cada vez es más asfixiante y porque se está convirtiendo en un lastre para el desarrollo de la actividad económica. Cuando eso sucede estamos ante un problema muy serio.
«No quiero olvidar que lo que genera ingresos es la actividad económica. Si te cargas la actividad económica, por mucho que subas la presión fiscal te has cargado el sistema económico»
Las decisiones de la Agencia Tributaria, en un pasado reciente, han puesto en el punto de mira a muchos futbolistas de élite famosos. La queja de algunos de sus representantes era que se habían cambiado las reglas de juego a mitad del partido en lo que a tributación se refiere. ¿Qué opina usted?
Es cierto que, en determinados segmentos o tipologías de contribuyentes, a veces se ha reorientado la estrategia para adaptarla a ese caso concreto.
Las reglas de juego están claras porque están en la normativa vigente. En las leyes fiscales, en la Ley General Tributaria, en el caso de la Inspección, en su Reglamento, y en el caso de la Recaudación, en su reglamento. Están escritas.
El problema no es que estén escritas. El problema es como el inspector o la inspección de turno interpreta las reglas.
O el equipo de inspección de turno.
Cuando un inspector, o un subinspector de Hacienda, dice ‘el Reglamento dice esto pero yo lo interpreto de esta manera y me da igual lo que dice la Dirección General de Tributos en sus consultas vinculantes’, pues mala cosa.
¿Por qué? Porque lo digo yo y lo reinterpreto yo.
Eso sí que no es de recibo. Eso genera una inseguridad jurídica brutal. Aboca al contribuyente a tener que ir a la vía económico administrativa y al contencioso y a años de discusión con la Administración del Estado.
Lo lógico es que la interpretación sea única.
Eso, después, se convierte en algo letal. La interpretación debería ser única. Debería ser siempre razonable y equilibrada. Y las sanciones proporcionales.
Porque también es cierto que asistimos, a veces, a sanciones absolutamente desproporcionadas, que no tienen ningún sentido.
Entre otras cosas porque no las vas a poder cobrar nunca.
¿Para qué te empeñas en poner una sanción que sabes que el contribuyente no te la va a poder pagar, aunque quiera?
Yo creo que es mejor buscar fórmulas para que ese contribuyente pueda seguir viviendo y subsistiendo y trabajando y generando riqueza.
Aquí no quiero olvidar que lo que genera ingresos es la actividad económica.
Si te cargas la actividad económica, por mucho que subas la presión fiscal te has cargado el sistema económico.
¿Es un mito que los inspectores de Hacienda cobran según lo que recaudan?
Sí y no. Hay una leyenda negra, que es injusta. El inspector de Hacienda no cobra más por portarse de manera más dura o más vehemente con un contribuyente, aunque la gente piense que sí y se diga que sí. Eso no es así.
Por eso hablo de la ideologización de la inspección más que del sentido económico de la retribución.
Lo que sí que es cierto es que la especialización de Hacienda y los órganos de la Agencia Tributaria y los funcionarios tienen una parte de la retribución, que es el complemento de productividad.
Y el complemento de productividad se calcula, entre otras cosas, a través de la cuota descubierta y la cuota.
Con eso se conforma una bolsa amiga que luego se reparte por unidades en forma de productividad para que los que hacen de unidad, es decir, atiendan, digamos, la realidad profesional y de carga de trabajo de sus equipos y de sus profesionales.
¿El impuesto sobre las grandes fortunas, aprobado recientemente, es un error?
El impuesto sobre las grandes fortunas es un error gravísimo, aparte de que, a mi juicio, es inconstitucional e ilegal –lo que parece que, en España, a día de hoy, parece irrelevante–, desde el punto de vista económico es un error gravísimo.
Primero porque gravar riqueza improductiva es una catástrofe. Porque le privas de esa posibilidad.
Segundo, porque hay que recordar que es un impuesto ya desaparecido en toda la Unión Europea. Nadie cuenta con él porque no es un impuesto que grave la actividad económica ni el ingreso sino el patrimonio improductivo.
Tercero, porque es un impuesto que lastra al patrimonio desde el punto de vista de convertirlo en algo susceptible de generar ingresos económicos y, por lo tanto, también ingresos fiscales.
Y luego, porque si un patrimonio es gravado, durante toda su vida, año tras año y después, como se pretende, en el momento de la sucesión también, o en el momento de la donación también, lo que estás consiguiendo es que ese patrimonio cada vez sea menor, lógicamente, porque es improductivo. Con lo cual se está yendo en sentido contrario.
Está reduciendo la actividad económica en lugar de ayudar a generar mayor actividad económica.
Un impuesto que se crea a la medida de una comunidad autónoma que ha decidido, porque legalmente es así y porque tiene esa competencia propia, que es bonificar el impuesto al 100%, es una aberración jurídica.
La mayor recaudación de este nuevo impuesto está en Madrid, que es donde está precisamente decir la bonificación del impuesto del patrimonio al 100%.
Es imponer por la puerta de atrás, violando competencias autonómicas, en fraude de ley, una recaudación que no se tiene porque soberanamente una administración territorial ha decidido, en base a sus competencias, bonificar. Mayor barbaridad, desde el punto de vista jurídico, es imposible. Otra cosa es a ver qué dice el Tribunal Constitucional.
¿Tiene fe en el Tribunal Constitucional?
Yo, por razones familiares y profesionales, siempre he creído en la división de poderes. Mi padre era fiscal, mi bisabuelo fue abogado y decano del Colegio de Burgos.
Tengo más familiares que han seguido esta tradición familiar de juristas. Siempre he creído en la independencia judicial y en que todo ser humano se puede equivocar.
Me refiero a los jueces en una sentencia, pero que siempre debe haber cierta seguridad jurídica cuando vas a un tribunal a plantear algo.
Ahora mismo, por desgracia, el ir a un tribunal a plantear un pleito es lo mismo que jugar a la bonoloto o comprarte un décimo de lotería. Puede pasar cualquier cosa.
Es triste explicarle a un cliente que un pleito que está perdido lo ganes y que te sorprendes de que un pleito que está ganado, lo pierdes.
Por desgracia, tenemos un problema importante a nivel judicial.
El Constitucional, hasta ahora, ha hecho un papel bastante importante en los 40 años de democracia, con independencia de que se pueda estar más o menos de acuerdo con algunas sentencias o con algunos criterios.
Ha sido un órgano bastante ecuánime y equilibrado. Sin embargo, ahora, de una manera objetiva y como observador externo, es difícil creer en esa ecuanimidad e imparcialidad. Porque hay una contaminación en el origen en cuanto a la designación de personas que tienen perfil político y militancia política y han tenido responsabilidades políticas.
Y no hace 20 años sino hace pocos meses. Todos volcados a una ideología próxima a quien está haciendo las normas que después van a ir al Constitucional porque después van a ser impugnadas.
Eso merma mucho la credibilidad de un órgano como nuestro Tribunal Constitucional. Eso ha sido otro gran error.
«El impuesto sobre las grandes fortunas es un error gravísimo, aparte de que, a mi juicio, es inconstitucional e ilegal –lo que parece que, en España, a día de hoy, parece irrelevante–, desde el punto de vista económico es un error gravísimo»
A nivel municipal hay un montón de impuestos que recaudan cantidades ínfimas. ¿Tendría que haber algún tipo de reforma que, digamos, limpiara esta circunstancia?
La Constitución y la Ley de Haciendas Locales dan autonomía fiscal a los ayuntamientos para gestionar, recaudar y gestionar sus ingresos, como no podía ser de otra manera, dentro de un marco normativo estatal.
Lógicamente tienen autonomía, y más en las grandes capitales, como en el caso de Madrid. Lo que sí que es cierto es que la inercia de los ayuntamientos, a lo largo de la historia, es crear siempre una tasa, una contribución especial o un impuesto municipal para cada cosa, para cada servicio, para cada idea que se me acaba de ocurrir. Como hay que financiarla, creo una tasa.
Eso ha llevado a una dispersión normativa inmanejable.
La normativa municipal es brutalmente compleja y amplia. Es de lo más complicado de conocer. La fiscalidad y la urbanística, pero fundamentalmente esta última.
La Comunidad de Madrid ha hecho un proceso muy importante de limpieza de todos los tributos autonómicos de ese tipo. Creo que ya no queda ninguno, después de la última legislatura, y eso es de agradecer.
Quienes fundamentalmente lo agradecen son los empresarios y los comerciantes. Y no solo por la carga económica, porque son cantidades a veces ridículas, sino por la gestión, que es tan farragosa y tan compleja que se convierte en una carga adicional de trabajo para cumplir con esa obligación.
Y el Ayuntamiento también está en esa tarea. El alcalde tiene como objetivo racionalizar el sistema tributario municipal. Es una tarea muy importante que no va a ser nada fácil. Pero bueno, yo creo que sí que se hará, que a lo largo de los cuatro años que tiene veremos que muchas de esas cosas desaparecen.
Su firma representa a empresas que han interpuesto recursos ante el Tribunal Supremo por el lucro cesante sufrido a raíz de la pandemia de Covid 19 que sufrimos. ¿Cómo está la cosa?
Está en veremos a ver qué pasa. Todos los recursos han sido interpuestos ante el Tribunal Supremo. Algunos están previstos para votación y fallo, porque el Supremo ha decidido coger distintos modelos de recurso para luego aplicar una doctrina homogénea a cada uno de ellos.
Veremos qué decisiones toma el Tribunal Supremo.
Espero y deseo que se ponga por delante el derecho al interés económico del Estado. Lo digo pensando en la tarea que mis compañeros, los abogados del Estado, hacen en este tipo de recursos. Están para eso. No solo para defender la legalidad y la ortodoxia de lo que se hizo sino también el quebranto económico para el Estado, por tener que indemnizar a tantos miles o cientos de miles de personas que han planteado recursos.
Hay varias empresas hoteleras que también han recurrido al Supremo.
Hay miles de millones de euros en juego. Para el Estado sería un problema. Pero la propia ley de la jurisdicción contencioso-administrativa que cuando hay un problema de pago de una sentencia por parte del Estado, se pueden buscar fórmulas alternativas para indemnizar al ciudadano.
Por eso digo que hay que interponer la ortodoxia jurídica. De que si lo que se hizo se hizo bien o no. Si lo que se hizo generó perjuicios económicos o no. Y si esos perjuicios eran, ya no evitables sino ser menores de lo que fueron; si se tomaron decisiones excesivas que generaron perjuicios innecesarios.
Yo no creo que se pueda decir que, por una crisis sanitaria, que lo fue, hay negocios que estén en la obligación legal de arruinarse. La legislación vigente establece la soportabilidad del daño. Es un criterio jurídico.
Si el ciudadano está obligado a soportar este daño que te produce el estado por razón del interés general, pues te tendrás que aguantar.
Mi pregunta que hago yo es: ¿La obligación de soportar aquel daño me puede llevar a la ruina o me lo tiene que pagar el Estado, de alguna manera?
Porque yo puedo entender que haya que tomar medidas extremas en situaciones extremas, que todo es discutible, pero no podemos es arruinar el país por tomar esas decisiones.
Hay que reconocer, por lo tanto, que hay situaciones que deben ser indemnizables.
Usted vivió en la política durante mucho tiempo. Sufrió lo que hoy se denomina la judicialización de la política. Se querellaron contra su persona. ¿En qué quedaron todas aquellas causas?
Todas fueron archivadas.
¿La política puede ser una profesión peligrosa?
Es una profesión fascinante y maravillosa. Porque es servir a los demás. Cuando me hice abogado del Estado fue porque pensaba y creía en el Estado.
Ser político es una faceta fundamental porque es hacer cosas para la generalidad y eso es muy bonito. Con independencia de que te puedes equivocar, y te equivocas.
Lo que está claro es que ser político hoy no es como hace 20 o 25 años, que es cuando decidí dar el paso para dedicarme a la vida pública.
Antes, en todos los partidos políticos había excelentes profesionales dedicados a la política. Con los que podías estar de acuerdo o no, pero podía sentarte a hablar.
Podías llegar a ententes cordiales, a consensos, y podías hacer cosas buenas para todos.
Hoy quedan muy pocos profesionales que estén en la política. Son todos políticos profesionales y para mí eso es malo.
El vivir de la política y no poder vivir de otra cosa que de la política es lo peor que le puede pasar a un país.
Y vamos camino –si no estamos ya– de eso, de personas que viven en la política y están en la política, porque si no están en la política no tendrían para vivir.
De los que van del paro a la política. Y si dejan la política vuelven al paro.
Estamos instalados en el reino de la mediocridad en la gestión pública. Ese es el cáncer de lo que tenemos.
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