Ana Gómez acaba de volver a ser nombrada presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA) tras finalizar el proceso electoral que comenzó el pasado 4 de septiembre.
Ana Gómez, presidenta de ASNALA: «Hay empresas que no tienen protocolo antiacoso y se enfrentan a multas de hasta 7.500 euros»
Acaba de volver a ser nombrada presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas. Cogió los mandos en 2017 y fue la primera mujer en ocupar el cargo
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03/10/2023 06:32
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Actualizado: 03/10/2023 11:24
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Ana Gómez acaba de volver a ser nombrada presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA) tras finalizar el proceso electoral que comenzó el pasado 4 de septiembre. Lleva 6 años al frente y, en todos este tiempo, no ha perdido las ganas y la ilusión. Cogió los mandos en 2017 y fue la primera mujer en ocupar el cargo.
El objetivo de la Asociación es dar impulso a la carrera de laboralista y ayudar a los profesionales en su crecimiento profesional y personal.
Tras su reelección, cuenta a Confilegal cuáles son sus objetivos para los tres próximos años como presidenta y también habla sobre asuntos de actualidad como son la precariedad laboral, la salud mental o la falta de protocolos antiacoso en muchas empresas.
La letrada, que también es socia del despacho Ceca Magán explica que aunque estos protocolos son obligatorios desde que se implantó la Ley de Igualdad en 2007, muchas empresas no lo tienen. Por lo que recuerda que la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) relata que las empresas que no lo tengan pueden enfrentarse a sanciones de hasta 7.500 euros.
Ahora bien, hace hincapié que no hay que confundir entre los protocolos de acoso sexual -los cuales se tienen que negociar dentro del plan de igualdad- y los de acoso no sexual. Tienen una instrucción totalmente diferente unos de los otros y parten de una regulación también diferente.
Esta ausencia de protocolo le da mucha vergüenza y cree que la cultura de implantarlo se ha difundido más con la aplicación de la ley del sólo sí es sí, que ha servido para volver a ponerlo en foco.
Pero no sólo hay que tenerlo, sino también hay que aplicarlo. «Desde mi experiencia, es eficaz cuando las empresas se lo toman en serio, es decir, que cuando reciban una denuncia investiguen porque a veces no se toman en serio las alertas, y eso es algo que no puede ocurrir», resalta la presidenta de ASNALA.
De tal forma que si se produce una situación de acoso y la empresa no ha hecho nada, el afectado puede solicitar una indemnización por daños y perjuicios tal y como establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Esto ya se consideraría sanción muy grave y se podrían hablar cantidades de unos 120.000 euros.
LA PRECARIEDAD LABORAL «ES UNA LACRA»
Por otro lado, para la presidenta, la precariedad laboral es un mal endémico y una lacra a pesar de que la reforma de diciembre de 2021 anuló el contrato por obra y forzó a la conversión de indefinido. «Esto lo mejoró un poco a pesar de que los salarios son bajos», matiza.
Considera que se están haciendo esfuerzos por parte de la parte legisladora, «pero vivimos en un estado liberal en el que, por un lado, están las empresas y sus intereses y, por otro, el Estado de Derecho con la protección de los trabajadores».
Respecto a la hostelería, uno de los sectores más afectados en este aspecto y que incluso el presidente de la patronal, José Luis Yzuel, manifestó que “de toda la vida” se había hecho “una media jornada, de 12 a 12”, Gómez destaca la importancia pagar las horas extra o compensarlas con descanso.
Aunque “la manera más eficaz de atajar el problema es con campañas de inspección porque los abusos se pagan, las sanciones son lo que realmente hace que tengan un efecto disuasorio en las empresas”.
El talento joven y los abogados senior, entre sus objetivos como presidenta de ASNALA
Respecto a su nuevo mandato, los objetivos que tiene para los próximos tres años son, sobre todo, seguir humanizando a los laboralistas y poniéndolos en el mapa, al igual que «seguir empujando a los jóvenes y apostar por ellos».
Cree que estos nuevos talentos son unos privilegiados al salir muy bien preparados, con buenos expedientes académicos y con másters de acceso a la abogacía de excelencia. «Tienen un acceso bastante sencillo a los despachos de abogados, se los rifan. Tenemos nuestra edad de oro en la captación de laboralistas».
Por ello, cree que esa generación joven de abogados que se incorporan a despachos -e incluso a empresas en asesorías jurídicas- no lo tiene tan difícil. Reconoce que hay barreras, pero hay que esforzarse. Aunque eso sí, comenta que a la hora de progresar, es donde pueden llegar a encontrarse más obstáculos.
También quieren apostar por los abogados más senior ya que, como en todos los sectores, se da el «edadismo». El objetivo es ponerles en valor y animarles a que sigan especializándose, sobre todo ahora con la digitalización, por lo que para ello, les ayudan con formación.
«Para nosotros la digitalización es que todos los laboralistas estén puestos al día en las herramientas tecnológicas que puedan favorecer su vida profesional».
LA IMPORTANCIA DE CUIDAR LA SALUD MENTAL Y EL «ETERNO PROBLEMA DE LA CONCILIACIÓN»
Asimismo, a los más senior, además de las nuevas tecnologías, la presidenta relata que también les cuesta todo aquello relacionado con el bienestar emocional. Por lo que desde ASNALA cuidan la salud de todos porque, hoy en día, el nivel de estrés y la ansiedad causan mucho daño. «Un abogado saludable va a ser más productivo». En definitiva, a «los senior les cuesta más entender la importancia de esos valores».
Ansiedad y estrés que también se da por la falta de conciliación de los letrados. Preguntada por cuál podría ser solución, Gómez considera que si la supiese, no estaría sentada aquí.
Y aunque cree que se ha mejorado al hacerse pasos importantes como el de la pequeña reforma procesal que permite unos días de permiso si acreditas una situación de nacimiento, «es un eterno problema».
«A veces parece mentira que en ciertas situaciones no se llegue a empatizar, el mensaje que recibes de los jueces es que la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental de los ciudadanos».
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