La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial, se pronunció ayer abiertamente contra la ley de amnistía que el PSOE está impulsando para conseguir los 7 votos de la formación separatista catalana Junts, que necesita en el Congreso de los Diputados para renovarse en el Gobierno.
Para la APM lo que se pretende con esta ley es “dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia”, rompiendo las reglas de la Constitución de 1978 y “haciendo volar por los aires el Estado de Derecho”.
La asociación mayoritaria de jueces tiene muy claro que eso conllevaría anular al Poder Judicial.
“Desde la Asociación Profesional de la Magistratura expresamos nuestro más firme rechazo a una futura ley de amnistía que tiene un claro objetivo, -más allá de la oportunidad de tener los votos necesarios para una investidura-, anular al Poder Judicial, el último dique de contención frente a los abusos de poder, la arbitrariedad y la desigualdad ante la ley para privilegiar a unos pocos, la clase política”, dijeron en un comunicado.
Porque “Una ley de amnistía pone en cuestión la labor de los jueces españoles que aplicaron las leyes ordinarias democráticamente elaboradas por el poder legislativo”.
“Una norma legal, cualquiera que sea la denominación que se le dé, que exonere a unos pocos de las responsabilidades penales, ya declaradas por los Tribunales, o por enjuiciar, sin modificaciones legales previas o sin entrar -formalmente, como parece que se pretende- en un nuevo proceso constituyente es inaceptable e inasumible en una democracia plena”, subraya.
La APM se expresó en la misma línea que los 8 vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial que, por la mañana, dirigieron una solicitud al presidente en funciones, Vicente Guilarte, para que convoque un Pleno Extraordinario rechazando, también la mencionada ley.
De acuerdo con la APM, esta ley “se torna así un privilegio, atacando el fundamento mismo del Estado Social y Democrático de Derecho”.
Vulnera el principio de igualdad en la aplicación de las leyes al eximir de responsabilidad penal a una clase de personas únicamente con base en la supuesta motivación política de sus actuaciones, con el grave riesgo de que el mismo trato puedan “exigir quienes pretendieron en otros momentos históricos con la fuerza del terror conseguir la independencia de parte del territorio, o bien malversaron fondos públicos invocando la misma intencionalidad”.
De la misma forma, quiebra el principio de la separación de poderes, esencial en el sistema democrático, y deslegitima el “Estado de Derecho y al Poder Legislativo que promulgó las leyes que aplicaron los jueces, lanzando el mensaje falaz de que el legislador tipifica penalmente y los tribunales condenan en España por delitos políticos”.
