La Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) ha emitido un comunicado en el que muestran su rechazo a la declaración institucional emitida por la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) sobre el ‘lawfare’ al considerar que “se excede de sus funciones”.
Han comentado que deben respetar el resultado de las elecciones legalmente celebradas y la configuración de las Cortes Generales y no «mostrar su preocupación por el contenido de un documento suscrito por dos partidos políticos legales».
También, ha destacado que la declaración calificada como institucional, “no es más que una opinión vertida por los miembros de una Junta de Gobierno”. Consideran que tal decisión no ha sido consultada ni consensuada con el conjunto de la abogacía plural que integra el ICAM.
Otro argumento es que la declaración pone de manifiesto “su falta de neutralidad institucional y su falta de respeto a la pluralidad política al anunciar acciones frente a una futura e hipotética ley” que “no ha sido tramitada”.
Por otro lado, también han comentado “que corresponde a las Cortes Generales, representativas de la soberanía popular, el desarrollo y regulación de la tramitación de las proposiciones de ley, y que el Parlamento se constituye con arreglo a elecciones libres y democráticas”.
También han rebatido que el hecho de que el resultado de las elecciones del 23 de julio “no sea del gusto de la Junta de Gobierno de ICAM no justifica “el grosero desprecio a la autonomía de las Cámaras legislativas para configurar con las debidas garantías el procedimiento de tramitación parlamentaria”.
Ya que, tal y como han explicado en el comunicado, «no es la primera vez que esta Junta de Gobierno se siente llamada a representar única y exclusivamente a un determinado espectro político».
Han comentado que «resulta totalmente insólito e inasumible que el ICAM se arrogue un supuesto protagonismo “en defensa del Estado de Derecho” a propósito de un acuerdo político que conllevaría la hipotética aprobación, conforme a los cauces parlamentarios y constitucionales, de una proposición de ley que en su caso será acordada por un parlamento constituido tras la celebración de unas elecciones libres y democráticas».
