Los jueces decanos de España, los únicos elegidos por sus compañeros por voto secreto y directo, también se han pronunciado con rotundidad contra el acuerdo suscrito por el PSOE y los independentistas catalanes de Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
Un acuerdo que acoge el término «lawfare» (judicialización de la política), que achaca subrepticiamente a los jueces la intencionalidad de haber actuado contra los actos de los separatistas catalanes con intencionalidad política, y porque contempla la creación de comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados para controlar las investigaciones que estén llevando a cabo y sus sentencias.
Los jueces decanos de España invocan en su comunicado -sin pronunciarlo– un «Fuenteovejuna, todos a una», en la misma línea que las cuatro asociaciones de jueces, las tres asociaciones de fiscales, la Comisión Permanente del Consejo y el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, y contra el cambio de régimen que dicho acuerdo supondría.
«Los Jueces Decanos de España abajo firmantes ante el documento suscrito por el PSOE y Junts para facilitar la investidura, y conociendo el contenido del comunicado publicado en la tarde de ayer por las Asociaciones Judiciales, (Asociación Profesional para la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente), nos adherimos expresamente al contenido del mismo», afirman.
«Mostramos igualmente nuestro rechazo por las referencias al ‘lawfare o judicialización de la política’ y sus consecuencias».
“El texto del acuerdo alcanzado –dicen– contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas«.
QUIEBRA DE LA SEPARACIÓN DE PODERES
Esto, en opinión de los jueces decanos, «podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes».
«Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución. Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables«, subrayan.
Y recuerdan que «el Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta«.
Suscriben el comunicado los jueces decanos de Alcalá de Henares, Pamplona, Santander, Jaén, Murcia, Valencia, Oviedo, Hospitalet de Llobregat, Girona, Lanzarote (Arrecife), Sevilla, Melilla, Lugo, Ourense, Cáceres, Palencia, Palma de Mallorca, Ibiza y Formentera, Barcelona, Huelva, Torrent, Badajoz, Algeciras, Albacete, Cádiz, Toledo, Pontevedra, Segovia, Vigo, Marbella, Gandía, Coruña, Sabadell, Santiago de Compostela, Bilbao, Dos Hermanas, Logroño, Almería, Móstoles, Las Palmas de Gran Canaria, León Lleida, San Sebastián, Granada, Alicante, Zamora, Mérida, Huesca, Elche, Zaragoza, San Cristóbal de La Laguna, Audiencia Nacional, Ferrol, Bu,rgos, Guadalajara, Valladolid, Castellón, Madrid, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Alcalá de Henares, Alcobendas, Arganda, Colmenar, Collado Villalba, Coslada, Getafe, Leganés, Móstoles, Navalcarnero, Parla, Pozuelo de Alarcón, Torrejón de Ardoz, Torrelaguna, San Lorenzo del Escorial, Valdemoro, Majadahonda y Ponferrada.
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