El grupo popular hizo suya una idea planteada en FiscalBlog de los abogados Esaú Alarcón y Alejandro Miguélez, que expusieron en FiscalBlog. Foto: EP.
La aprobación de la ley de amnistía se retrasará, como poco, hasta marzo, tras la reforma del Reglamento del Senado
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15/11/2023 00:45
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Actualizado: 15/11/2023 07:45
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El PP modificó ayer el Reglamento de la Cámara Alta por vía de urgencia que confiere a la Mesa del Senado la potestad de decidir si aplicar o no el procedimiento de urgencia en las proposiciones de ley, como el de la amnistía.
Hasta ahora el Senado tenía que contestar en 20 días a aquellos procedimientos presentados por el Gobierno. La modificación dilatará dicha resolución hasta los dos meses.
Fue gracias a la mayoría absoluta con la que cuenta el PP en la Cámara Alta. La votación final sumó 147 votos a favor y 116 en contra.
Además, ha introducido una enmienda para obligar al presidente del Gobierno y a los ministros a comparecer en la Cámara Alta cuando lo soliciten los grupos parlamentarios.
Los de Alberto Núñez Feijóo decidieron acelerar al máximo la tramitación de esta reforma del Reglamento, de modo que el pasado miércoles se tomó en consideración y el lunes la Comisión de Reglamento la avaló para que se votara de manera definitiva este mismo martes, anticipándose a que la ley de amnistía salga del Congreso.
La idea de esta medida nació en FiscalBlog, de la mano de los abogados Esaú Alarcón y Alejandro Miguélez, ambos reconocidos abogados, como una aportación para hacer frente a esta ley que tanta división está provocando entre la ciudadanía.
Teniendo en cuenta que el mes de enero es inhábil en el Parlamento, esto supone que, como muy pronto, el proyecto de ley de amnistía no volvería a la Cámara Baja hasta el mes de marzo.
PARA DILATARLO AL MENOS DOS MESES
En la exposición de motivos de su propuesta de reforma, el PP explica que la Carta Magna en su artículo 90 regula la tramitación por el Senado de los proyectos de ley ordinaria u orgánica aprobados por el Congreso, reduciendo a veinte días naturales el plazo de que el Senado dispone para vetar o enmendar los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por la Cámara Baja.
El PP subraya en su iniciativa que el artículo 90 de la Constitución se refiere, por tanto, a los proyectos «pero no a las proposiciones de ley, mediante una literalidad que, tal como demuestran los trabajos parlamentarios, no es casual sino fruto de la voluntad de los constituyentes».
En cualquier caso, el artículo 90 de la Constitución también establece que la tramitación de los proyectos de ley que vienen del Congreso, como puede ser el de la ley la amnistía, no pueden exceder los dos meses en el Senado desde su entrada en esta Cámara, si se acaban haciendo por procedimiento ordinario.
Además, el artículo 106 del Reglamento del Senado también recoge este plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, para aprobarlo expresamente o para oponer su veto introducir enmiendas al mismo y devolverlo al Congreso.
SE INCLUYE UN PUNTO MÁS
Los ‘populares’ incluyeron en su propuesta de reforma del Reglamento una enmienda para incluir un apartado que especifique que los ministros y el presidente del Gobierno estarán obligados a comparecer en el Senado cuando lo soliciten dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los senadores.
Esto surge después de que cuatro ministros rechazaran acudir al Pleno del Senado de la semana pasada para comparecer sobre distintos temas después de la petición de varios grupos, alegando que esta obligación no estaba recogida en el Reglamento de la Cámara Alta.
RECHAZO DEL PSOE Y SUS SOCIOS
Del mismo modo que en el debate de la semana pasada sobre la toma en consideración de la reforma del Reglamento, el PSOE y sus socios de investidura rechazaron la medida impulsada por los ‘populares’, ya que consideran que se ha tramitado «por la puerta de atrás», sin consenso entre los grupos y que vulnera la Constitución.
Así lo explicó el senador socialista Manuel Fajardo, que se cuestionó por qué el PP, que ha tenido la mayoría absoluta de la Cámara Alta en más de una ocasión, no ha llevado a cabo nunca antes la reforma de los artículos del Reglamento que ahora sí «les molesta».
«Ustedes aderezan esta antirreglamentaria e inconstitucional (reforma). Nosotros ejercitaremos nuestro derecho del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional», ha adelantado Fajardo. Así, ha expresado su deseo de que cuando el alto tribunal revise el recurso, «le de» al PP «el repaso que se merece».
Por su parte, el grupo parlamentario formado por ERC y Bildu reiteró al PP la «nulidad» del proceso de la reforma por no respetar los plazos establecidos, mientras que les reprochó que busquen una «mutación institucional» cuando la amnistía es una «herramienta política» para solucionar un conflicto político que afecta a «todos».
Sumar aprovechó su intervención para censurar la «urgencia» utilizada para la reforma, pero sin embargo paralizar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por casi 5 años. «No se puede estar el domingo a las 12 con una bandera para luego venir aquí el martes a las 11 y recortarla», reprochó durante el Pleno.
En la misma línea, Junts aseguró que sacar adelante la modificación sin el «tradicional» consenso supone una «grave infracción reglamentaria». También acusó a los «constitucionalistas» del PP de vulnerar la Constitución en un «claro ejemplo de filibusterismo parlamentario», obstruyendo la tramitación de una ley de amnistía «legítima y democrática».
PNV, que también votó en contra, criticó no el fondo sino «las formas» del PP para tramitar la reforma.
En su opinión, la medida no busca dar una mayor autonomía al Senado sino servir a los interés de los de Feijóo. Un argumento que también fue apoyado por BNG, cuya portavoz afirmó que al PP no le preocupa «la legalidad ni la democracia» y que solo «pasan el rodillo».
SOLO SE SUMAN VOX Y UPN
Las únicas dos formaciones que votaron a favor de la reforma impulsada por los ‘populares’ fueron Vox y UPN. «Nadie puede pasar de perfil cuando nos jugamos tanto», sostuvo la senadora de Vox Paloma Gómez, quien insistió en hacer uso de todas las herramientas disponibles para frenar a aquellos que buscan «humillarnos y comprometer la existencia de la comunidad política».
Del mismo modo, UPN cree que los pactos del PSOE suponen una «cesión total» al chantaje de quienes «nos amargan la vida». «Nos lo presentaron como un gran logro para la convivencia y lo que está logrando es una movilización enorme de jueces y fiscales», reprochó.
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