Elisa de la Nuez
Elisa de la Nuez, abogada del Estado en excedencia, secretaria general de la Fundación hay Derecho y socia del despacho Cglegal. Foto: Cglegal.

La Fundación Hay Derecho consigue reunir 100.000 firmas contra lo que supone la futura ley de amnistía

20 / 11 / 2023 06:30

Actualizado el 20 / 11 / 2023 11:40

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La recogida de firmas sigue abierta en este enlace en el que la Fundación Hay Derecho –una reputada entidad sin ánimo de lucro que promueve la regeneración institucional, la lucha contra la corrupción y la defensa del Estado de Derecho–, ha reunido ya 100.000 firmas en su campaña contra lo que va a suponer para España la ley de amnistía que favorece a los separatistas catalanes, condenados y procesados sin juicio.

«No solo existen sólidos argumentos técnicos para defender la inconstitucionalidad de esta amnistía, sino que, de llevarse a cabo, supondría un grave ataque a nuestro Estado de Derecho«, afirma Hay Derecho en su petición.

A juicio de esta Fundación «Se rompe de forma clarísima la igualdad ante la ley, de forma injustificable pues la amnistía se concede por unos políticos a otros políticos. Estos políticos se podrían ver libres de toda responsabilidad penal mientras otras personas cumplen sus penas por los mismos delitos»

Además recuerda que los que se van a beneficiar de esta amnistía –los prófugos Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí y Marta Rovira, número dos de ERC y los condenados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Josep Rull, Joaquim Forn, Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart– «ni han reconocido la ilicitud de sus actos ni muestran signos de un compromiso para favorecer la convivencia democrática en nuestro país».

Y se desprecia la Ley «al dejarla sin efecto y se deslegitima a los Tribunales que la han aplicado en un proceso con todas las garantías».

«Desde Hay Derecho expresamos enérgicamente nuestra oposición (y la de todos aquellos que quieran unirse) a que pueda concederse cualquier forma de amnistía. Se trata de un gravísimo riesgo para nuestro Estado de Derecho, que quedaría totalmente debilitado tras esta decisión», concluye.

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