La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a cinco meses de cárcel a un guardia civil destinado en la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia Alicante que se gastó en un salón de juegos 9.000 euros de los que se incautó durante una operación antidroga.
Es una sentencia de conformidad.
El agente ha admitido los hechos ante el Tribunal del Jurado, se ha declarado culpable de un delito de malversación de caudales públicos con la circunstancia eximente incompleta de anomalía o alteración psíquica y ha aceptado la condena solicitada por la Fiscalía.
Además de la pena de prisión, se le han impuesto 10 meses de inhabilitación para empleo o cargo público, y tendrá que reintegrar a la Dirección General de la Guardia Civil los 9.000 euros defraudados, importe que ha consignado en una cuenta bancaria judicial.
Se ha establecido la suspensión de la pena privativa de libertad durante dos años, a contar desde la firmeza de la presente resolución, condicionada a que se abstenga de cometer nuevos delitos durante el período de suspensión.
La sentencia, dictada el pasado 9 de noviembre (11/2023), la firma el magistrado José Daniel Mira-Perceval.
Los hechos ocurrieron el 4 de agosto de 2020, durante una operación antidroga dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Alicante que motivó que este agente y un compañero suyo de la Guardia Civil se desplazaran hasta la Molina de Segura (Murcia) para realizar una inspección ocular en un camión con matrícula portuguesa.
Durante el registro, los agentes se incautaron de 12 bolsas que contenían marihuana y 9.000 euros en billetes de 20 y 50 euros.
El condenado se quedó en custodia esos efectos intervenidos hasta el momento en que tuviera que ponerlos a disposición del juzgado que investigaba los hechos.
Sin embargo, sobre las 2:00 del día siguiente, 5 de agosto, «con ánimo de enriquecimiento», tomó los 9.000 euros y se trasladó a las instalaciones del Salón de Juegos Play Orenes, de Alicante, donde estuvo jugando desde las 2:13 horas hasta las 12:00 horas de ese día, utilizando para apostar a la ruleta los 9.000 euros sustraídos, «abandonando seguidamente el establecimiento tras haber apostado y perdido la totalidad de dicha cantidad, que no se ha recuperado».
Según recoge la sentencia, el condenado padece una alteración del control de los impulsos por ludopatía que afectaba parcialmente en el momento de los hechos a su imputabilidad.
