El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves que en España existen casos de ‘lawfare’. Una afirmación del presidente que va en línea de las exigencias de sus nuevos socios de ejecutivo, y que ha ejemplificado con el caso Kitchen.
«Definitivamente se han instrumentalizado instituciones públicas para perseguir a adversarios políticos y ocultar pruebas en causas judiciales que afectaban al Partido Popular» ha asegurado el presidente.
Unas palabras que hacen ahora que Pedro Sánchez se una a las declaraciones que ya realizó su nuevo ministro, Óscar Puente.
En concreto, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible destacaba que, sin duda, «en España existen casos de lawfare, y negarlo es un gesto de cinismo«.
Palabras de los socialistas que este jueves no han tardado en hacer su efecto. Especialmente, en el mundo judicial. Y es que si bien el acuerdo de Sánchez con los independentistas que incluía el término ‘lawfare’ incendiaba al Poder Judicial, las últimas declaraciones del socialista han recuperado el clima de indignación.
Así pues, como respuesta casi inmediata a las declaraciones de Sánchez, el presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, ha lamentado que estas afirmaciones del presidente socialista son «muy graves».
«Si se está refiriendo a que parte de la instrumentalización parte de órganos judiciales sería una acusación muy muy grave que no debería pasar desapercibida para nadie» ha lamentado Portillo en una entrevista en TVE.
Portillo propone a Sánchez que denuncie el lawfare
Una situación que el presidente del FJI ha destacado que, además, puede afectar directamente a la imagen del país. «Lanzar de forma general las sospechas de que los jueces están siendo utilizados hace un flaco favor a la imagen del país y a la cantidad de profesionales que están cada día trabajando para dar respuesta a sus problemas» ha criticado.
Unas críticas ante las que Portillo ha lanzado un claro mensaje a Sánchez: si considera que existe un auténtico lawfare en España, especialmente en el caso de los profesionales de Justicia, el presidente del Gobierno debería denunciar a los implicados.
«El lawfare existirá, o no donde no existe delito de prevaricación. Pero en España existe. Si cree que se están dictando resoluciones a sabiendas, tan fácil como denunciarlo» ha propuesto el presidente de FJI.
Así pues, Portillo ha señalado que si Sánchez «entiende que determinados jueces fueron instrumentalizados para la consecución de fines políticos tendría que plantear una querella en Fiscalía para perseguir a esos jueces».
Los jueces mantienen su rechazo a las referencias de judicialización de la política
Un claro rechazo de Portillo ante las declaraciones sobre el lawfare de Sánchez que no es nuevo dentro del mundo judicial.
Y es que, desde los primeros momentos de acercamiento a este término del equipo socialista, debido a sus intereses con los partidos independentistas, muchos han sido los jueces y profesionales del sector que han cargado contra el presidente socialista.
Tanto es así, que recientemente, hasta ochenta jueces decanos de España mostraban a través de un comunicado su rechazo «a las referencias al lawfare o judicialización de la política y sus consecuencias» en el acuerdo de investidura que firmaron PSOE y Junts.
«El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta», afirma el texto de los jueces.
