En lo que va de año, 54 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas y, desde 2013, 50 menores han perdido la vida víctimas de la violencia vicaria. Datos alarmantes que han preocupado a la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.
A través de un comunicado, han manifestado su «más profunda preocupación por el horrible escenario al que no estamos enfrentando» y han denunciado la falta de medios para una protección «real y eficaz de mujeres y menores».
Asimismo, han recordado que las manifestaciones llevadas a cabo por la exdiputada del PSOE, Zaida Cantera, en la que responsabiliza a un juez y al jurado del asesinato de una mujer y su hija de 5 años en Carabanche, Madrid, «o las manifestaciones señalando al juez que absuelve en un procedimiento judicial realizadas por responsables gubernativos, dan muestra de la irresponsabilidad con la que en ocasiones se enfoca el problema».
Y han sido claros. «La política de buscar culpas en falta de perspectiva de género en jueces y fiscales, imputaciones que se efectúan con el silencio cómplice de la Fiscalía General del Estado, no es el mecanismo para la solución del problema».
PROPUESTA DE MEDIDAS
Así las cosas, han propuesto cinco medidas que se deberían «adoptar con carácter urgente» porque tanto la Fiscalía como el Poder Judicial son garantes de los derechos en un proceso justo y están «firmemente» comprometidos en la defensa de los derechos de las víctimas de violencia de género.
En primer lugar, la reforma de la legislación procesal para que el testimonio inmediato de la víctima y los signos de violencia (en su caso) que se aprecien alcancen el valor de prueba anticipada, con presunción de veracidad que solo puede ser desvirtuada mediante prueba practicada en juicio oral.
También, la declaración de los agentes de la autoridad y personal sanitario sean consideradas como prueba directa y no de referencia, de tal manera que pueda ser considerada por el juez, si no fuera desvirtuada por otras pruebas, como suficiente para desvirtuar la Presunción de Inocencia.
Seguido de la dotación de una partida presupuestaria suficiente para la protección de mujeres amenazadas o en riesgo, de tal manera que pueda protegerse a ellas y a sus hijos sin que ninguna dependencia económica de sus agresores las ponga en riesgo.
En cuarto lugar, el aumento de la asignación de miembros de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para la protección de las víctimas.
Y, por último, la elaboración de un registro consular de personas en riesgo de violencia de género dándose cuenta a la Audiencia Nacional, órgano competente para el enjuiciamiento cuando no conste un domicilio de la pareja en España para la apertura de oficio del correspondiente procedimiento, sin perjuicio de la competencia nacional de la jurisdicción del Estado donde tenga establecido el domicilio la víctima.
