El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha llegado este jueves a un inusual acuerdo por unanimidad para rechazar las recién creadas comisiones parlamentarias de investigación que pretenden detectar supuestos casos de ‘lawfare’ y aclarar que jueces y magistrados no tienen la obligación de comparecer en las mismas si son llamados, aún cuando se les advierta de que pueden incurrir en responsabilidad penal si no comparecen.
Además, según el texto aprobado, los 16 vocales que conforman actualmente el CGPJ han recordado que «cada poder ha de circunscribir su actuación a su ámbito respectivo».
Así, han instado a Congreso y Senado a abstenerse de citar a jueces y magistrados y, en caso de que no cumplan, han indicado a los togados que sean llamados que lo comuniquen al CGPJ, que les denegará el permiso para acudir.
Desde el Pleno del órgano de gobierno de los jueces han manifestado su «absoluto respeto» a la autonomía de las Cortes para que creen cuantas comisiones de investigación estimen conveniente, pero han afeado que «destacados portavoces de los grupos parlamentarios» hayan instado a que en estas se recabe la comparecencia de jueces y magistrados.
LAS COMISIONES NO PUEDEN CITAR JUECES
El CGPJ ha recordado que uno de sus deberes como órgano constitucional es el de «garantizar en todo momento y bajo cualquier circunstancia la independencia judicial». Y ha avisado de que dichas comisiones parlamentarias «carecen de atribuciones para llamar a declarar ante ellas e investigar a jueces y magistrados sobre asuntos que estos conozcan o hayan conocido en su labor de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado».
En este sentido, ha explicado que los jueces y magistrados están «plenamente sometidos a la Constitución y a las leyes y sujetos a responsabilidad disciplinaria y penal cuando incurran en los supuestos tipificados como infracciones o delitos, respectivamente».
Según ha precisado, las infracciones corresponden «en exclusiva» al CGPJ y los delitos a los órganos judiciales. «Unas condiciones que, obviamente, no reúnen los miembros de las comisiones parlamentarias de investigación, pues al fin y al cabo, su función representativa se desenvuelve en el plano estrictamente político y está orientada y limitada, en lo que aquí importa, a la exigencia de responsabilidades» a los jueces.
Por último, el CGPJ ha aprovechado su pronunciamiento para hacer un llamamiento a que «se proceda cuanto antes a la renovación de este Consejo y se ponga fin a la anomalía constitucional», que «ha rebasado con creces el límite de lo tolerable».
El Pleno se ha pronunciado así después de haber debatido sobre la legalidad de dichas comisiones a petición de los vocales conservadores, los cuales consideraban necesario que el órgano adoptase un «rotundo posicionamiento» contra el «acoso» a jueces y magistrados.
El CGPJ, en la misma línea de las declaraciones de Bolaños
El Consejo se ha posicionado, por tanto, en contra de las comisiones parlamentarias de «lawfare».
Unas comisiones en las que la presencia de jueces y magistrados parece que será complicada de defender a nivel político.
Algo de lo que parece también ser consciente el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien se pronunciaba de una forma muy semejante a la del CGPJ este pasado martes.
Así pues, tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro explicó que del «marco legal y constitucional que regula las comisiones de investigación se deriva que las comisiones de investigación no pueden ni revisar resoluciones judiciales ni vincular a los tribunales».
«La propia ley también establece que los jueces y magistrados no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación y no tienen obligación de asistir porque lo dice la ley, pero es que además tampoco tendría ninguna utilidad», aseguró Bolaños.
