El comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, o la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourova, tendrán que convencer a Pedro Sánchez de que tiene que dar su brazo a torcer y admitir que el Consejo que se elija dentro de 5 años deberá hacerse conforme a la fórmula de 1980, 12 vocales elegidos por los jueces y 8 por el Parlamento. De otra forma, el PP no va a renovar el CGPJ. Foto: EP.
La renovación del CGPJ tendrá que tener lugar en enero o no será
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03/1/2024 06:36
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Actualizado: 04/1/2024 13:10
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La ventana de oportunidad que el Gobierno del PSOE y el principal partido de la oposición, el PP, tienen para llegar a un acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se llama enero. Un mes que presenta, además, importantes turbulencias, como va a ser la conversión de la proposición de ley de amnistía en proyecto de ley, a través de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
Más allá, el 18 de febrero, tienen que celebrarse las elecciones al Parlamento Gallego. En ellas Alfonso Rueda, sucesor de Alberto Núñez Feijóo, se juega seguir al frente de la Xunta de Galicia frente a una izquierda que trata de convencer de que se acabaron las mayorías goleadoras del PP en esa Comunidad Autónoma.
Después de estas elecciones autonómicas es muy probable que se celebren las del Parlamento vasco.
Y después, el 9 de junio, tienen que tener lugar las elecciones al Parlamento Europeo.
Las elecciones condicionan todo, como ya pasó a lo largo de estos cinco años pasados.
Por lo tanto, las negociaciones para que PSOE y PP lleguen a un acuerdo tienen que celebrarse y cerrarse en enero o posponerse hasta septiembre, como poco.
PROCEDIMIENTO DE DIÁLOGO ESTRUCTURADO
La intermediación, mediación, supervisión, o como se le quiera llamar, de la Comisión Europea del proceso negociador podría añadir velocidad al acuerdo.
El hecho de que el método propuesto sea el de llamado «procedimiento de diálogo estructurado», como bien indicó El Español recientemente, un eufemismo para describir que lo que se van a manejar son documentos, añade fiabilidad al probable acuerdo.
Así lo ven desde el Partido Popular, que desconfían del PSOE al ciento por ciento.
Tienen muy presente las últimas negociaciones, de octubre de 2022, en las que estuvieron a punto de llegar a un acuerdo, con todos los nombres cerrados por ambas partes, pero los populares lo abortaron en los últimos momentos tras descubrir que el PSOE había pactado con ERC la derogación del delito de sedición y la modificación del delito de malversación.
Fue el precio que pagó el Gobierno a los independentistas de ERC por su apoyo a los presupuestos generales del Estado.
El acuerdo, según las fuentes consultadas por Confilegal, es factible. Se puede hacer con la intermediación del comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, o la vicepresidenta de la Comisión Europea, la checa Vera Jourova.
El problema insoluble, a día de hoy, el nudo gordiano es la negativa del PSOE a asumir la segunda parte: ceder a la exigencia del PP de que los 12 vocales jueces –de los 20 que conforman el CGPJ– sean elegidos por los 5.400 miembros de la carrera judicial, mediante voto secreto y directo, regresando así a los postulados del primer Consejo de la historia, el de 1980.
El PP DISPUESTO A LLEGAR A UN ACUERDO PERO CON UNA CONDICIÓN
El PP tiene muy claro que este CGPJ necesita renovarse sí o sí cuanto antes y admite que se haga con el viejo sistema, con el Parlamento eligiendo a los 20 vocales, los 12 jueces y los 8 juristas de reconocido prestigio.
Pero pone como condición que el PSOE acepte que el siguiente Consejo, el que se elija dentro de los cinco años siguientes, se haga con el método que se aplica en otros países de la Unión Europea: los jueces eligen a los suyos y el Parlamento a los juristas de reconocido prestigio.
Por ahí el PSOE no pasa, con la argumentación de que como la justicia emana del pueblo, como dice el artículo 117.1 de la Constitución, y el Parlamento es la representación de la soberanía popular, la lógica dicta que se siga haciendo así.
Reynders o Jourova o quién determine la Comisión Europea tendrían que convencer a Pedro Sánchez de que es precisa la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para hacer la renovación del CGPJ.
Y que firme un acuerdo con fechas establecidas para la negociación de dicha reforma.
De otro modo, el PP no va a mover ficha.
La resistencia de parte del PP a «entregar» el CGPJ por nada, como ocurriera antes con el Tribunal Constitucional, hacen difícil que los conservadores españoles den su brazo a torcer si no hay esta contrapartida por parte del PSOE.
Ese es el nudo gordiano que hay que deshacer.
No se sabe si mediante un espadazo, como ya hiciera Alejandro Magno en su momento, mediante una hábil negociación política a lo Talleyrand, o «manu militari», con la imposición a España del Reglamento sobre condicionalidad, en línea con lo que se aplicó a Polonia y Hungría, por vulnerar el estado de derecho y la independencia judicial.
A lo que hay que añadir, y no es moco de pavo, un problema adicional: ¿cómo se va a elegir a la próxima presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo?, porque existe la opinión generalizada de que va a ser una mujer. ¿Será elegida por los líderes de los dos grandes partidos, como se ha venido haciendo hasta ahora, o como establece la Constitución, elegida por los nuevos miembros del órgano de gobierno de los jueces?
VACANTES NO SOLO EN EL SUPREMO
La decisión que tomaron en diciembre de 2020 el PSOE y sus socios de gobierno y del parlamento de impedir que un CGPJ no renovado pudiera seguir eligiendo nombramientos discrecionales y que entró en vigor en marzo de 2021, está contribuyendo a «gripar» el motor del Tribunal Supremo.
Actualmente el 30 % de la plantilla del Tribunal Supremo está vacante, incluyendo las presidencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social. Son 24 puestos que hay que elegir.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo cuenta con 22 de los 33 que le corresponden; la de lo Social tiene 6 de los 13 que fija la ley; y la de lo Militar cuenta con 5 de los 8 magistrados que debería de tener, la de lo Civil, con 7 de 11, y, por ultimo, la de lo Penal, con 14 de 15, la menos afectada.
A esto hay que sumar buena parte de las Presidencias de los 17 Tribunales Superiores de Justicia, como Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña, Murcia, Navarra, Comunidad Valenciana, o La Rioja.
Y de los presidentes de las 52 Audiencias Provinciales.
El clima de desconfianza y de polarización entre los dos principales partidos españoles afecta no solo al funcionamiento del tercer poder del Estado, también a los jueces que administran justicia diariamente. El desánimo se está extendiendo gravemente lo que, de forma inevitable, repercute en el trabajo.
La única solución es la renovación. Sobre eso hay unanimidad. El problema es ¿quién le pone el cascabel al gato?
Sea quien sea, tendrá que hacerlo antes de las elecciones gallegas. No hay otra.
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