El máximo responsable de la Administración de Justicia en Andalucía fue antes alcalde de Córdoba y secretario de Estado de Seguridad. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
José Antonio Nieto: “Vamos a invertir mil millones de euros en 7 años para poner al día las sedes judiciales en Andalucía”
Consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía
|
08/1/2024 00:45
|
Actualizado: 09/1/2024 00:55
|
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto Ballesteros (53 años) tiene como objetivo poner fin al abandono ancestral que la Administración de Justicia ha venido sufriendo desde mucho antes de recibir las transferencias en esta materia, en enero de 1997.
El medio es un plan de infraestructuras judiciales que cuenta con el completo apoyo del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla. Un plan a 7 años y que va a suponer una inversión total de 1.000 millones de euros.
Quizá el más ambicioso de todos los que se han puesto en marcha en el resto de España en los últimos 20 años.
Nieto Ballesteros, exalcalde de Córdoba y exsecretario de Estado de Seguridad, explica en esta entrevista cómo lo va a hacer, cuáles son sus planes para el turno de oficio. Opina también sobre la huelga del Sindicato de Abogados Venia y el conflicto de la Mutualidad. No elude nada. A puerta gayola. Tiene la mente muy bien amueblada y el discurso estructurado. Con galones. Se nota.
La entrevista tiene lugar en uno de los despachos del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, un edificio histórico y emblemático de la ciudad del siglo XVI, que es sede del Parlamento andaluz desde 1992.
¿Es complicado gestionar una Consejería de Justicia de las dimensiones de la andaluza?
Sin duda. Es una tarea complicada y compleja. Y conlleva una gran responsabilidad. No es un tema que sea particularmente atractivo. Su manejo es difícil debido a la división de competencias. No es la materia más atractiva.
Su gestión tiene una dificultad porque es muy compartida. Una parte es competencia del Estado central, otra parte depende del Consejo General del Poder Judicial, y hay aspectos que requieren una negociación constante con el Tribunal Superior de Justicia y con los sindicatos.
Además, cuando la Justicia se combina con otros departamentos como Presidencia o Turismo, como ha ocurrido durante mucho tiempo, no se le da la atención que merece. Hemos notado que aquí ha habido décadas de desinterés y décadas de poco interés, lo que se refleja en instalaciones obsoletas y una mala ordenación de los recursos humanos.
El @Adriano, nuestro sistema de gestión procesal estaba en una situación de estancamiento que llegaba ya a estar muy cerca del colapso. Todo eso ha habido que ordenarlo y ponerlo en pie en un periodo de tiempo muy corto.
Ese era el objetivo que tenía el presidente de la Junta de Andalucía cuando optó por dar la prioridad a Justicia en esta Consejería, complementándola con áreas como la Administración Local y la Función Pública, que han sido fundamentales para mejorar la gestión de nuestros recursos humanos. Estamos orientando bien el trabajo, lo que nos va a permitir tener buenos resultados.
El Consejo de Ministros aprobó un reciente Real Decreto-ley que ha puesto, de facto, en marcha la Ley de Medidas de Eficiencia Digital y parte de la Procesal. Lo que en parte va a permitir al Gobierno desactivar la bomba de la huelga de los funcionarios de Justicia. ¿Cuál es su valoración?
Sobre ese tema tengo que decir varias cosas. La primera, es que a mí no me gusta que se haya aprobado por Real Decreto-ley. Tendría que haberse aprobado por una ley, siguiendo el trámite parlamentario oportuno en el que los diferentes partidos pueden presentar enmiendas dentro de un debate sensato.
No es la fórmula para que dos medidas tan importantes, como la Ley de Eficiencia Procesal y la Ley de Eficiencia Digital, sean aprobadas a través de un Real Decreto-ley. Esto debería darle vergüenza a alguien del Gobierno.
En segundo lugar, con esto no se desactiva la bomba de los sindicatos. Porque donde está la bomba es en la tercera ley, la de eficiencia organizativa.
No se ha podido incorporar a un Real Decreto-ley porque tiene carácter y contenido de Ley Orgánica. Esta Ley requiere de una mayoría absoluta y de un consenso para que tenga estabilidad a lo largo del tiempo.
Había una exigencia de la Unión Europea. Si España quería recibir 10.000 millones de euros del último plazo de los fondos europeos, esta ley, entre otras, tenía que estar aprobada.
Afecta a cuestiones muy sensibles. Cómo mantener o no los Juzgados de Paz, poner en marcha la Oficina Municipal de Justicia, acabar con los órganos unipersonales y generar los tribunales de instancia, hacer una reordenación de la planta judicial a través de los tribunales de distancia.
O, en la práctica, inutilizar la figura de los tribunales de instancia. Porque si vamos al concepto que, a día de hoy, tiene la ley, cada partido judicial tendrá un tribunal de instancia.
Es una ley trascendente que requiere diálogo y es de la que no se pueden aprobar con la teoría del muro, que es la que quiere aplicar Pedro Sánchez en esta legislatura.
Si Sánchez pone el muro, se carga la justicia. Y ha decidido poner el muro. Ya sabemos en qué lado del muro está dejando todo lo que tiene que ver con la justicia.
Para su aprobación han recordado, en lo referente al proyecto de Ley de medidas de eficiencia digital, que era necesario porque introduce el papel cero. Todo va a ser digital. La grabación de los juicios y la textualización. Esto son cosas, entre otras, que van a cambiar la forma de trabajar de la Administración de Justicia. Esto no se queda en Madrid. Va a ser en toda España, incluyendo Andalucía, ¿no?
En este momento creo que puedo decir, sin pasar por fanfarrón que, probablemente Andalucía, en este sentido, esté mejor que Madrid. Nosotros tenemos ya prácticamente ultimado ese sistema, el @Adriano, que es el sistema de gestión procesal más moderno que hay en España.
Está en la última fase de implantación en la jurisdicción penal. Incorpora todas las medidas que en otro sistema se han ido probando a lo largo de los últimos años y nos permiten un nivel de gestión digital de procedimiento altísimo.
¿Cuál es el problema real que no quiere ver el Ministerio? Que no todas las sedes judiciales son dignas. Lo que tenemos, a día de hoy, es una dispersión brutal en muchos lugares de España, también en Andalucía. Yo tengo en el Partido Judicial de Jaén 13 sedes judiciales.
Ordenar ese trabajo o aspirar a esa Arcadia feliz de la justicia del dato, donde todo es perfecto y todo encaja y el papel de cero es de verdad papel cero… Recuerde que el acuerdo de papel cero se firmó en 1996 para que a partir del año 2004 dicho papel ya no existiera y fuera todo digital.
Estamos en 2024 y el papel cero todavía no se ha hecho realidad.
Con esto dicen que va a haber papel cero.
Yo creo que hace falta más que una ley. Pongo un ejemplo de los debates parlamentarios que tenemos aquí a la hora de abordar la simplificación administrativa. Muchos ven el dedo y no la luna. Nos dicen oye, para, para acortar a la mitad lo que hay que hacer es que si la ley dice que tiene 30 días para contestar, ponemos 15 días.
No, hay que irse a la realidad, porque donde dice la ley 30 días realmente estamos tardando un año y eso es lo que tenemos que resolver.
El problema no es modificar una ley, el problema es modificar un hábito, un mal hábito existente. Ahora hay un nivel de acuerdo alto, pero hay matices importantes que se podrían haber resuelto en el trámite parlamentario y que no se ha podido hacer porque antes no hubo voluntad de hacerlo.
Se convocaron elecciones y se dejaron en el dique seco las tres leyes de eficiencia.
Ahora se sacan dos por Real Decreto-ley. No va a haber posibilidad de hacer un análisis y una mejora de la norma que encaje una mayoría de parlamentarios en esa filosofía que tiene que tener la ley.
Y por tanto vamos a perder una oportunidad de verdad, tener una herramienta firme y fuerte en este tema. Creo que el Gobierno desconfía más de sus socios que del PP. Esa es la realidad del gobierno esquizofrénico que tenemos.
¿Cuáles son los planes que tienen ustedes en cuanto a modernización y concentración de sedes?
Nosotros tenemos en Andalucía 85 partidos judiciales, que comprenden 152 sedes judiciales de distinto tipo.
En el caso de Jaén tenemos 13. Donde va creciendo el juzgado hay que alquilar otro sitio y hay que irse a otro lugar. En otro sitio el edificio del IML o el archivo. Lo ideal sería que, si hay 85 partidos judiciales, hubiese 85 sedes donde todos los órganos estuviesen unificados en un mismo espacio.
«Vamos a construir entre 30 y 35 sedes nuevas. Una es la de Sevilla. Otras son Jaén, Cádiz, Huelva, Granada, Marbella, Marbella, Jerez, Roquetas, Torremolinos, Estepona, Villacarrillo, Órgiva, y Huércal-Overa».
Ochenta y cinco palacios de justicia.
Esa es nuestra aspiración. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el caso de Andalucía? Andalucía recibe la competencia de justicia el 31 de enero de 1997. En ese momento se hizo una transferencia muy deficitaria para Andalucía.
Con sedes judiciales que no estaban en buen estado. Iba a haber una compensación económica que luego no se pudo realizar porque se produjo un cambio de gobierno. No hubo una definición adecuada.
Cuando se hizo una aportación extraordinaria por parte del Estado, la Junta destinó ese recurso a otras materias que no fueron las de Justicia. Se tomaron una serie de malas decisiones y de malas actuaciones que nos llevaron a hacer de…
La justicia la hermana pobre.
Efectivamente. Hoy, haciendo grandes números, tenemos un tercio de los partidos judiciales con una sede adecuada y unificada.
Otro tercio en el que está unificada, pero con edificios que llevan mucho tiempo sin haber tenido un mantenimiento adecuado y que requieren una actuación importante.
Y otro tercio que, directamente, son sedes que no pueden prestar un servicio de justicia de calidad en el siglo XXI y que necesitan edificios nuevos.
En Andalucía se va a poner en marcha, y lo vamos a concretar en el principio de este año, el plan de infraestructuras judiciales más ambicioso que se ha hecho en España e incluyo al propio Gobierno central.
No ha habido antes una actuación de este tipo. Se va a actuar en los 85 partidos judiciales. El plan de infraestructura no deja ningún equipamiento atrás. En unos sitios haciendo más eficiente, energéticamente, el edificio.
En otros haciendo un mantenimiento, una actuación de mejora integral del edificio.
Y en otras construyendo nuevos edificios.
Vamos a construir entre 30 y 35 sedes nuevas. Una es la de Sevilla. Será una inversión que estará en torno a los 200 millones de euros cuando se termine todo el proyecto.
Otra es Jaén, otra es Cádiz, otra es Huelva. Otra es Granada. Acabamos de adquirir un edificio de gran valor arquitectónico y con 37.000 metros cuadrados de superficie que nos va a permitir ordenar esa provincia.
Se va a hacer Marbella, Jerez, Roquetas, Torremolinos, Estepona, Villacarrillo, Órgiva, y Huércal-Overa.
Se va a actuar en toda Andalucía y en poco tiempo, porque el plan tiene un periodo de vigencia de siete años, hasta 2030, que es cuando confiamos en que se terminen las actuaciones.
Vamos a remodelar completamente la realidad de esas sedes judiciales en Andalucía.
¿Cuántos millones piensan invertir en este plan?
Este plan tiene distintas vías de financiación. Una parte se va a financiar con recursos propios, de la Junta. Será autofinanciación. Anualmente se van a ir incorporando de forma anual a los presupuestos para obra nueva.
Otra parte se va a hacer en colaboración público-privada. Concesión de obra pública de la Ley de Contratos del Sector Público en el que una empresa adelanta la inversión, presta el servicio y nosotros vamos pagando posteriormente un canon.
Eso es lo que el anterior Gobierno regional de Madrid, con Enrique López a la cabeza, quiso hacer. Ahora lo han cambiado para que sea por financiación directa.
Ese es el modelo. Es el contrato que la Unión Europea fija como modo natural de contratación que deben de tener los Estados miembros. Así es como se recoge en la Directiva.
En España, por distintas razones, yo creo que, porque no ha habido una capacidad de análisis y de gestión de ese contrato, que es un contrato complejo, no se ha desarrollado adecuadamente.
Pero ese contrato nos vas a permitir impulsar las sedes de Jaén, de Cádiz, de Huelva y, probablemente, la sede de Marbella.
¿Cuál es la tercera vía de financiación?
Eslo que hemos llamado una colaboración público-pública. Estamos llegando a acuerdos con otras administraciones. Por ejemplo, con el Ayuntamiento de Roquetas, con la Diputación de Málaga, con el Ayuntamiento de Carmona y con el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.
En estos casos tanto los Ayuntamientos como la Diputación se comprometen a construir el edificio a través de un contrato entre administraciones que es una mutación demanial subjetiva.
Nos cede el uso a cambio de un canon que nosotros pagamos. Es un contrato a 30 años Cuando termina ese contrato, por cada euro que haya aportado el Ayuntamiento, la Junta le habrá devuelto un euro y medio. Y el edificio seguirá siendo del Ayuntamiento o de la Diputación que sea. Nosotros hemos conseguido su uso. Ellos han hecho una buena inversión. Todos ganamos, que al final es el objetivo que nos planteamos.
Hay una cuarta vía, y es la posibilidad, de que, por fin, hemos podido destinar fondos europeos a mejorar la eficiencia energética y a rehabilitar determinados edificios de alto valor patrimonial en justicia.
Porque se podía hacer en cultura, se podía hacer en otras consejerías, pero no se podía hacer en justicia.
Hemos conseguido que al final se incorpore esa vía.
Y tenemos una quinta vía de financiación. Es un acuerdo con Hacienda. Cada vez que construimos una sede nueva liberamos una sede antigua, que tiene un valor. La venta de esos bienes nos permitirán reinvertirlo en un patrimonio nuevo, adecuado a las circunstancias de hoy.
«Hemos incorporado un módulo de mediación dentro del turno de oficio para que los abogados que sean capaces de canalizar un problema a través de la mediación en lugar de a través de un pleito, reciban el máximo. Es el único que existe en toda España»
Solo le queda añadir, a la vista de lo expuesto, que en Andalucía se cuida a la Justicia.
Intentamos cuidarla. Me preguntaba por el montante de las obras que se van a hacer. El valor de obra supera los 600 millones de euros.
El valor del canon, incluyendo el que se tiene que tenemos que pagar a las empresas con las que firmamos la concesión de obra pública, estará en torno a los 420 o 425 millones de euros.
Es decir, vamos a invertir mil millones de euros en 7 años para poner al día los Palacios de Justicia en Andalucía mediante este plan de infraestructuras. Lo que demuestra que hemos hecho una apuesta clara por la justicia en nuestra autonomía.
En la clausura del XIII Congreso Jurídico de la Abogacía de Málaga, que tuvo lugar el pasado mes de noviembre, usted anunció que iba a haber una subida del 20 % para la Justicia gratuita y el turno de oficio. El año pasado fue de un 4 %. Desde el 21 de noviembre hay una huelga del turno de oficio. ¿Tiene alguna opinión formada sobre sus reivindicaciones?
Yo creo que las reivindicaciones de todas las personas son legítimas y todo el mundo tiene derecho a reivindicar lo que considere.
Nosotros tenemos dos vías para atender la justicia gratuita. Una, la orden de guardias, donde pagamos a los profesionales las guardias que realizan para poder dar el servicio de de justicia gratuita al ciudadano.
Los emolumentos que se abonaban a los abogados del turno de oficio, a través de la orden de bases y módulos, estaban congeladas desde 2009.
Nosotros llegamos a la Consejería en 2022. Yo tomé posesión en julio de ese año. Trabajamos sobre distintas vías. Fue materialmente imposible aprobar una nueva orden de bases y módulos, pero hicimos dos cosas.
Por una parte, hicimos una subida del 4 % a todos los módulos, que era la misma que se aplicó a los funcionarios ese año, de forma lineal. Y por otra, una orden de guardias que ha supuesto una subida del 40% en las guardias que perciben los abogados del turno de oficio. 38,6% para para ser más precisos.
Este año ya hemos aprobado la orden de bases y módulos en la que lo que hemos querido hacer no es ir a subidas lineales. Queremos mejorar las cantidades que perciben los abogados, pero queremos mejorar la calidad del servicio que prestamos al ciudadano. Y hemos modificado de una forma importante los módulos.
Hemos incorporado un módulo de mediación dentro del turno de oficio para que los abogados que sean capaces de canalizar un problema a través de la mediación en lugar de a través de un pleito, reciban el máximo. Es el único que existe en toda España. Es el módulo más alto que tenemos en la orden.
Por cierto, en el Real Decreto-ley que aprobó el Gobierno la mediación ya es obligatoria.
Hemos este esfuerzo de subir casi un 40% las guardias, un veintitantos por 100 los módulos sobre los que estamos trabajando y a partir de aquí queremos seguir.
Lo que hemos hecho ha sido acabar con esa anomalía de congelación incomprensible que existía desde el año 2009.
Para abogados y procuradores.
Abogados y procuradores. Y no hemos metido graduados sociales porque la ley nacional nos impide incorporarlos al turno de oficio.
Es una vieja reivindicación, muy viva, de los graduados sociales. Igual que poder actuar ante el Tribunal Supremo, considerando que ya lo hacen ante los juzgados de lo social y ante los Tribunales Superiores de Justicia. Por cierto, ¿cuándo pagan ustedes? ¿A mes vencido?
Propusimos a los colegios de abogados pagar mensualmente.
¿Y qué le contestaron?
Que no.
¿Por qué?
Nos dijeron que no, tanto el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, el CADECA, como los 11 colegios, porque supone una sobrecarga de trabajo y una dificultad para hacer los cierres de los procedimientos.
Creo que hubo un debate interno. Entendían que esto también suponía un esfuerzo para los abogados porque tenían hacer sus liquidaciones, mandarlas al Colegio, donde se comprobaban. Al parecer, al conjunto de la comunidad jurídica, tanto de abogados como procuradores, les venía mejor que fuese trimestral.
Nosotros no teníamos ningún problema es hacer el pago mensual. Hicimos la propuesta en octubre de 2022.
Aquí estábamos pagando con un compromiso tremendamente exigente. Cuando se cierra un trimestre los colegios tienen un mes para hacer la liquidación y pasarnos los documentos a la Junta de Andalucía. Nosotros, en 15 días, hacemos un análisis de lo remitido, pasar el filtro de la Intervención General, porque estamos usando dinero público, y tenemos que cumplir con las exigencias. Y pagar.
Estamos consiguiendo que en esos 15 días naturales se les pague a todos los abogados y procuradores.
«Propusimos a los colegios pagar mensualmente pero nos dijeron que no, porque supone una sobrecarga de trabajo y una dificultad para hacer los cierres de los procedimientos»
Incluyendo agosto.
Incluyendo agosto. Yo he estado ejerciendo la abogacía durante mucho tiempo. No sé en otras Comunidades Autónomas. En Andalucía yo he llegado a cobrar un año y medio después.
No sabía qué me estaban pagando. Y no hace tanto de esto.
Ahora mismo, los abogados saben que su trabajo se paga en el menor tiempo posible.
El Sindicato de Abogados Venia convocó una huelga indefinida de los abogados del turno de oficio de toda España el 21 de noviembre pasado. Tienen 12 reivindicaciones principales. Una de ellas es cambiar la naturaleza de los pagos, que pasen de ser una subvención a un contrato. ¿Cuál es su opinión?
Yo lo veo estupendamente, pero la ley dice lo que dice. A mí no me gusta ese modelo que proponen. Para nosotros puede que no fuese malo. Si la subvención se convirtiera en contrato tendríamos que licitarlo, al que se podría presentar la empresa que quisiera.
O sea, los colegios de abogados y de procuradores podrían correr el peligro de perder el turno de oficio que hoy gestionan.
Desconozco quién plantea estas cosas. Me sorprende que vengan de abogados, que se supone que deben de conocer la ley.
Claro que una Administración pública puede hacer un contrato. Perfectamente. Puede hacer un contrato, licita. En ese marco podrá haber un “pool” de despachos de abogados que decidieran quedarse con la justicia gratuita en Andalucía.
¿Es eso es lo que queremos? Porque a mí me parece que eso desvirtúa el concepto de justicia gratuita.
Sería un contrato muy jugoso para despachos importantes. La justicia gratuita, y el turno de oficio de abogados y procuradores, en Andalucía está en el entorno de los 70 millones de euros.
Opino que, para el abogado medio, para el abogado de a pie, lo que están proponiendo sería un mal negocio.
Se nos plantea, ‘oiga, es que al abogado hay que pagarle el salario mínimo y la Seguridad Social’. Ese es el estatus de una persona contratada.
Sí, claro. La idea es que siga siendo el turno de oficio, con la situación actual, pero con contratos, abandonando el concepto de subvención.
Eso sería una ilegalidad que, hoy por hoy, no encaja en la ley.
Es una reivindicación.
Que tiene que tener un sustento jurídico. Estamos hablando de abogados.
¿Cuál es su opinión sobre el conflicto de los mutualistas?
Es un asunto muy complejo y muy delicado. Estamos en la misma situación. El abogado es el profesional que analiza una norma. El efecto de esa norma sobre un negocio jurídico y asesora a una persona. En este caso debería asesorarse a sí mismo.
Correcto.
Hay una norma, sobre la que la Mutualidad realiza una gestión. Y hay un efecto. Me encantaría que los abogados tuvieran la mejor pensión posible, en las mejores condiciones posible. Ojalá que eso se pueda conseguir.
En la medida que podamos contribuir, lo vamos a hacer. Pero creo que criminalizar, como se está haciendo, a determinadas instituciones, sin más argumento que la pensión no es la que me gustaría, pero es la que he contratado pues me parece débil.
Ahora, ¿se puede encontrar una solución? Ojalá.
Bueno, en última instancia está en el tejado del Gobierno.
Yo quiero lo mejor para para mis compañeros, para los abogados, para todos los mutualistas, porque hay más mutualidades. Creo que lo mejor para los abogados, y sobre todo para los abogados mutualistas, no es reventar a la Mutualidad de la Abogacía, porque lo poco o lo mucho que tengan lo van a perder.
Esta es una entidad que se basa en el prestigio y en la confianza para poder hacer una mejor gestión de sus fondos.
Desde el entendimiento de la comprensión de las reivindicaciones que se hacen –y ojalá, repito, se pueda conseguir un acuerdo–, confío en que en el Ministerio se lo tomen en serio y busquen soluciones. Pero hay que hacerlo dirigiendo el tiro donde, de verdad, hay que hacer diana.
Cuando en 2010 se modificó el Código Penal, introduciendo la figura de la persona jurídica como imputable y condenable –con la posterior modificación de 2015–, se olvidaron de reformar la Ley de Justicia Gratuita de 1996. No se puede compensar a los abogados del turno de oficio que asistan a personas jurídicas. ¿Cómo están en esto en Andalucía?
En Andalucía, en el marco de la nueva orden de bases y módulos del turno de oficio, hemos reconocido esta anomalía. A los abogados del turno de oficio, cuando asisten a personas jurídicas, son remunerados como corresponde. El problema está resuelto.
Noticias Relacionadas:
