Fue un acto telemático ya que el juez jubilado de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Anthony M. Kennedy, de 87 años, no recibió autorización de su médico para hacer el viaje a Madrid para recibir la Medalla de Honor que la World Jurist Association (WJA) le había concedido.
En su lugar, fue su compañera, la juez Sonia Sotomayor, que sí voló a España, la que hizo las veces en una ceremonia que tuvo lugar en el salón de actos de la Rule of Law Digital Center Madrid, en los cuarteles generales de la WLF, organización de la que el abogado español, Javier Cremades, es su presidente.
La ceremonia de entrega fue precedida por la intervención televisiva del juez Kennedy, en la que agradeció el galardón, un reconocimiento a su trayectoria profesional a lo largo de los 30 años en los que ejerció de juez en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Un puesto para el que fue nominado por el presidente Ronald Reagan.
Considerado un conservador moderado, durante su mandato se distinguió por su firme defensa de los derechos individuales, incluidos los derechos de libertad de expresión, el derecho a la privacidad, y los derechos de las personas LGBTQ+. Su voto, en el caso Obergefell v. Hodges (2015) permitió legalizar el matrimonio entre homosexuales.
Además, hizo importantes contribuciones a la interpretación del derecho constitucional estadounidense, particularmente en áreas como el debido proceso legal y la igual protección bajo la ley. Su jurisprudencia en estos campos ha tenido un impacto duradero en el desarrollo del derecho constitucional en Estados Unidos.
Previamente, el presidente del Tribunal Constitucional alemán, Stephan Harbart, hizo la tradicional «laudatio», en la que destacó que «el profesor Anthony Kennedy, nos ha recordado que la libertad de expresión incluye la crítica al Estado y que la democracia requiere un interlocutor y muchas ideas que pueden ser vistas como repelentes. Esta inconveniencia no ha de absolver al gobierno de su obligación de tolerar la expresión. La libertad de los individuos frente a las limitaciones del estado es un hilo que corre a lo largo del Juez Kennedy».
Sonia Sotomayor, por su parte, subrayó que «es imperativo garantizar la supremacía de la Constitución y la independencia de los tribunales como columna vertebral del estado de derecho. Sin ellos, los derechos y libertades más esenciales de nuestras sociedades quedan gravemente lesionados».
En el evento también intervino el presidente del Tribunal Supremo de España, Cándido Conde-Pumpido Tourón, quien reivindicó la independencia.
«Porque es la base de la confianza en los tribuanles y constituye una garantía con la que deben contar los ciudadanos para la resolución pacífica delos conflictos. Solo garantizando esta independencia transitaremos por el camino adecuado hacia la paz y hacia la convivencia social en libertad», afirmó.
«Nuestras instituciones se han esforzado por alcanzar la preeminencia de la ley sobre la arbitrariedad. La preeminencia de la pluralidad sobre la exclusión y la preeminencia de la igualdad sobre la desigualdad. Creo firmemente que los juristas y los operadores jurídicos necesitamos confiar en el derecho y en la legitimidad de su misión. Y esta confianza solo se puede alcanzar cuando la ley resulta producto de la razón y es consentida por todos. Cuando la ley se revela útil y cumple su función ordenadora. Cuando la ley es apreciada como un factor de progreso y de paz social. Y, en definitiva, cuando la ley preserva y promueve los derechos del ciudadano y, al mismo tiempo, favorece al conjunto de la sociedad», subrayó.
