La Audiencia Nacional da la razón a los afectados por las crecidas del río Ebro en 2013. La foto recoge al río a su paso por Zaragoza. Foto: David Abián/Wikipedia.
Los afectados por el desbordamiento del río Ebro ganan en los tribunales a la Administración más de diez años después
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10/3/2024 06:30
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Actualizado: 11/3/2024 17:01
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El río Ebro se convirtió, a comienzos de 2013, en toda una pesadilla para los vecinos de Novillas, Zaragoza. Y es que, en diversas ocasiones durante los primeros meses del año, los vecinos de la zona sufrían los desbordamientos descontrolados del río.
Desbordamientos del río que provocaron graves afecciones a las parcelas rústicas de regadío, que se encontraban en pleno cultivo. Crecidas del agua que destrozaban las siembras, así como las estructuras del propietario.
Dueño de las tierras que reclamaba al Ministerio para la Transición Ecológica la responsabilidad patrimonial por estos sucesos.
Para el afectado, era responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Ebro la responsabilidad de acometer obras y actuaciones necesarias para evitar estas inundaciones. Entidad dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.
Responsabilidad ante la que el hombre exigía una indemnización por los daños directos provocados por el río Ebro en sus cultivos, así como una indemnización por lucro cesante, al no poder continuar con su actividad por los desbordamientos.
Sin embargo, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, publicaba la resolución 20 de enero de 2021, en la que se desestimaba la reclamación patrimonial.
Así pues, se fundamentaba ese rechazo en que «los propietarios o usuarios de las instalaciones y cultivos próximos a los cauces deben pasar por los riesgos derivados de esta situación».
Del mismo modo, aseguran desde el Ministerio que la Administración pública no puede hacerse responsable de las variaciones naturales del río. «Las crecidas son fenómenos naturales. No es posible imputar causalidad del evento lesivo a la Administración Pública, por lo que no puede apreciarse un mal funcionamiento del servicio público».
La Audiencia Nacional reconoce la indemnización por el desbordamiento del río Ebro
Por su parte, la sociedad de propietarios afectada remarca en la demanda que es la responsabilidad de las entidades públicas el mantener las zonas naturales en correctas condiciones.
«La Ley de Aguas obliga a la Administración a mantener y conservar los cauces. Ello, con arreglo a lo previsto en el Plan Hidrológico y en el del Ebro. Y se contemplan las acciones para reducir los daños por inundación», defienden en la demanda contra el Ministerio.
Unas explicaciones que ahora han sido aptas para la Audiencia Nacional. Y es que las acciones cometidas durante el 2013 tras las inundaciones provocadas por el Ebro parecen demostrar la responsabilidad de la Administración.
«En la Nota Informativa de la propia Confederación Hidrográfica del Ebro, emitida con fecha 20 de septiembre de 2013, decía lo siguiente: La Confederación ha iniciado ya los trabajos para la limpieza y retirada de los sedimentos en el cauce del río Ebro para reducir los efectos negativos de las crecidas».
Una publicación que realizó la Confederación seis meses después de las inundaciones denunciadas por la sociedad ante la Audiencia Provincial.
Algo que, para el tribunal, demuestra «la relación de causalidad entre los daños ocasionados por el desbordamiento del río Ebro en las parcelas de la parte actora en 2013, y la omisión de la Administración, que debe ser calificada de antijurídica».
Demostraciones que han llevado a la Audiencia Nacional, diez años después, a declarar la nulidad de la resolución de la ministra para la Transición Ecológica. Y con ella, el reconocimiento de una indemnización de 37.777,61 euros, más los intereses legales desde mayo de 2014, para los afectados.
Así lo afirma la sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional este 22 de febrero de 2024. Tribunal bajo la gestión de los magistrados Eduardo Menéndez Rexach (presidente), Lourdes Sanz Calvo y Fernando de Mateo Menéndez.
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