De izquierda a derecha los representantes de la Asociación Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local; Inspectores de Hacienda del Estado; Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social; Asociación Profesional de la Magistratura; Asociación de Fiscales; Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y Foro Judicial Independiente.
Jueces, fiscales, inspectores de hacienda, interventores y letrados, contra la amnistía en Barcelona: la democracia se deteriora
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13/3/2024 13:50
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Actualizado: 13/3/2024 13:50
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Hoy se ha celebrado en Barcelona la presentación y lectura del manifiesto del Pacto de Profesionales en Defensa del Estado de Derecho en la Facultad de Derecho y Empresa CEU San Pablo.
Un pacto que está formado por la Asociación de Fiscales (AF); Asociación Profesional de la Magistratura (APM); Foro Judicial Independiente (FJI); Abogados del Estado; Inspectores de Hacienda del Estado; Inspectores de Trabajo y Seguridad Social; Letrados de la Administración de la Seguridad Social y la Asociación Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local.
El acto ha arrancado de la mano de Cristina Dexeus, presidenta de AF, la cual ha recordado que el objetivo de tal evento es «unir fuerzas en tiempos convulsos» donde «el discurso político está tensando la situación mediante el ataque a fiscales y jueces propiciados por el propio Gobierno».
Ataques que producen desconfianza a la opinión pública al hacerles creer que actúan de forma interesada cuando realmente están cumpliendo con su función de investigar y perseguir delitos graves, ha explicado. De modo que ve imprescindible reaccionar para proteger el estado de derecho.
«Desde este sentimiento, la sociedad se está movilizando, son muchas las voces que se alzan contra la amnistía y los ataques a jueces y fiscales y policías». Por lo que ha comentado que van a seguir trabajando para trasladar a las instancias internacionales la realidad de la situación actual española, que es, «ni más ni menos, que la rebaja de los estándares democráticos», ha concluido Dexeus.
Por su parte, Pablo Baró, representante de APM, ha destacado que el problema de la amnistía es que ha cruzado «una grandísima línea roja que va a hacer que nuestro Estado de Derecho se deslice por una pendiente peligrosa».
Una ley que «se ha ido moldeando a la causa judicial que se ha seguido por Tsunami Democrátic, y eso hace que sea perversa». Por un lado, porque tiene nombres y apellidos muy concretos y, por otro lado, porque ataca a los jueces, en concreto, de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
«Se nos ha colocado como enemigos del Gobierno, y uno de los objetivos de APM es defender la independencia judicial».
Ataques al Estado de Derecho «que no son nuevos»
Roberto García, representante de FJI, ha recordado que los ataques al Estado de Derecho no son nuevos. «Lleva ocurriendo décadas con la politización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), nombramientos discrecionales o puertas giratorias. “La Ley de Amnistía es sólo una sublimación de esta tendencia”.
“Sin Estado de Derecho no hay democracia, y ello es un principio esencial sobre el que pivota la Unión Europea”. Un Estado de Derecho que desde FJI defienden que no es «de izquierdas ni de derechas”, por lo que rechazan cualquier etiqueta de “conservador” o “progresista” porque uno de sus valores es la lucha por una justicia independiente.
Aunque esos sí, están convencidos de que «no está en quiebra porque desde el propio Estado de Derecho existen mecanismos y resortes para superar esta situación». Por otro lado, ha comentado que la separación de poderes no consiste en un mero reparto de tareas, sino en la existencia de controles y límites entre un poder y otro.
Inspectores y letrados
La representante de los Inspectores de Hacienda del Estado ha comentado que llevan un tiempo advirtiendo del deterioro que se está produciendo en las administraciones públicas porque los funcionarios, a los que ha calificado de «tesoro», están puestos en entredicho.
«Los requisitos que se exigen ahora para formar parte de la función pública son una elevada preparación y se está produciendo un intento de colonización desde 2020 con una serie de reformas que van a redundar en un grave deterioro en la prestación de los servicios públicos».
La representante del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social ha resaltado la importancia de ser respetuoso con la Constitución y ha destacado el principio de igualdad con todos los trabajadores. Asimismo, ha destacado la importancia que puede tener para ellos el hecho de evitar una posible transferencia de la seguridad social a las comunidades autónomas.
Por su parte, la Asociación de Letrados de la administración Seguridad Social ha mostrado su total adhesión y solidaridad a jueces, magistrados y fiscales por los injustificados ataques de los últimos tiempos y recordar que la importancia de este manifiesto es el origen del mismo.
La última palabra la ha tenido Alberto Bravo, de la Asociación Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, que ha recordado que son una pieza fundamental en el engranaje del Estado de Derecho en el control económico financiero en ayuntamientos y otras entidades locales. «Servimos de freno para la corrupción».
Venimos sufriendo en los últimos años ataques contra nuestra independencia e imparcialidad. Sin ir más lejos, en 2022 se cedieron las competencias de selección de secretarios interventores y tesoreros a País Vasco a cambio del apoyo del PNV a la ley de presupuestos.
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