Ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), la Abogacía del Estado sostuvo ayer que la actuación del Tribunal Supremo en el encarcelamiento de los líderes de Junts, Jordi Turull y Jordi Sànchez, por su participación en el «procés», estuvo libre de cualquier motivación política, tanto explícita como implícita, y no estuvo influenciada por directrices externas.
En el marco de su segunda entrega de argumentos frente al Tribunal de Estrasburgo, la Abogacía del Estado de España ha defendido la neutralidad del Tribunal Supremo respecto al caso del «procés».
Es la respuesta frente a la demanda de Turull y Sánchez, quienes alegan que sus derechos políticos fueron vulnerados tras ser suspendidos como diputados debido a su encarcelamiento y procesamiento por un presunto delito de rebelión.
La Abogacía ha refutado en su informe cualquier violación de derechos de los políticos de Junts, argumentando que no existe evidencia alguna de que el magistrado Pablo Llarena o cualquier miembro del Supremo hayan actuado bajo influencias o directrices políticas del Gobierno.
Los demandantes plantean ante el TEDH que sus derechos fundamentales fueron infringidos al ser encarcelados, suspendidos de sus cargos como diputados, y en el caso de Jordi Sànchez, al ser impedido de participar en la campaña electoral de diciembre de 2017.
La ausencia de motivaciones o intereses políticos emerge claramente de la revisión de las resoluciones judiciales emitidas por Llarena y por la sala de apelaciones del Tribunal Supremo, ha argumentado la Abogacía del Estado que destaca la integridad del sistema español en asegurar la independencia judicial y la ausencia de interferencias gubernamentales en las decisiones judiciales, desmintiendo cualquier influencia gubernamental sobre los magistrados en este caso.
Respecto a Turull, quien sostiene que su prisión provisional buscaba prevenir su nombramiento como presidente de la Generalitat en 2018, la Abogacía argumenta que tal decisión se fundamentó en criterios legales, incluyendo el riesgo de fuga, especialmente tras la huida de España de Marta Rovira, también procesada por el «procés», poco antes de la detención de Turull.
Asimismo, la Abogacía del Estado ha rechazado la supuesta motivación política detrás del procesamiento por rebelión de Turull y Sánchez, subrayando que, aunque finalmente se les condenó por sedición, el Tribunal Supremo reconoció la existencia de violencia en los eventos relacionados con el procés, aunque no con la intensidad necesaria para configurar el delito de rebelión.
