Juan González Herrero, principal investigado como CEO del Grupo Herrero Brigantina, al que se le imputa una supuesta macroestafa de 50 millones de euros, declarará ante el magistrado del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, el próximo 15 de octubre a las 10.15 horas.
Ese mismo día también ha sido fijado para la esposa del financiero, Kelly Johana Galeano Orrego, vicepresidenta y directora general de Operaciones y Recursos Humanos de Herrero Brigantina.
De acuerdo con un auto, al que ha tenido acceso Confilegal, nueve personas más, todos ellos ejecutivos, han sido convocadas por el magistrado Pedraz para ser interrogadas.
Jorge Álvarez-Hevia González, Carlos Álvarez-Hevia González y Rufino Fernández Mallo, al día siguiente que González Herrero y Galeano Orrego, el 16 de octubre; Benjamín Suárez García, Antonio Lamas Do Monte y Jorge Cantón Vázquez, un día después; y Mónica Diéguez García, Rodrigo Álvarez Alonso y Olga López López, el 18 de octubre.
También deberán comparecer como imputadas las personas jurídicas que componen el Grupo Herrero Britantina: Herrero Brigantina, S.A., North Atlantic Insurance Broker Company, S.A. y North Atlantic Insurance Broker Servicios Crediticios, S.A. (el 21 de octubre); Herrero Brigantina Servicios Crediticios, S.A., Astudeme, S.L.U. y Compañía Leonesa de Mediación Aseguradora, S.L. (el 22 de octubre); y Compañía Madrileña de Mediación Aseguradora, S.L., Compañía Galega de Corretaje, S.L. y Neonova Investors, S.L. (el 24 de octubre).
Francisco Novella Torres ha sido citado para declarar como prueba preconstituida debido a su edad avanzada, que es de 81 años (el 25 de octubre).
La preconstitución de prueba se realiza para asegurar que su testimonio quede registrado y pueda ser utilizado en el juicio, evitando posibles problemas futuros que puedan surgir por su edad o estado de salud.
Esta medida garantiza que su declaración esté disponible como evidencia, independientemente de cualquier circunstancia que pueda impedir su testimonio en el juicio.
UNA INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA
Pedraz, asimismo, ha ordenado una investigación exhaustiva de las transacciones financieras de los investigados para determinar el origen y destino de los fondos, incluyendo las identidades de los autorizados, beneficiarios y pagadores.
Por otra parte, ha pedido a las empresas denunciadas que aporten las pólizas de seguro que cubren las inversiones de los denunciantes perjudicados; ha librado oficios al Banco Santander, al Banco Sabadell, a Abanca, Ink Bank, Unicaja BAnco, BBVA, Caixabank, Andbank e Ibercaja Banco para que remitan la relación íntegra de los productos financieros (cuentas corrientes de ahorro, de crédito, préstamos, tarjetas de crédito, de débito, «leasings», etcétera, que figuren a nombre de los investigados, tanto personas físicas como jurídicas.
A la Agencia Tributaria le ha requerido que envíe toda la información fiscal tanto de las personas investigadas como de las mercantiles.
A González Herrero, como representante legal de la mercantil LEYEC 2024, SLP, le ha comunicado que tiene que presentar la documentación original relacionada con la sociedad, incluyendo la escritura de constitución, actas, y estados financieros desde enero de 2024 hasta mayo de 2024.
El magistrado también ha acordado solicitar la cooperación judicial internacional a Estados Unidos y Colombia, países en los que González Herrero tiene intereses.
El caso se centra en una supuesta macroestafa relacionado con inversiones financieras. Juan González Herrero y otros implicados, asociados a diversas entidades como Herrero Brigantina Servicios Crediticios, S.A.U. y North Atlantic Insurance Broker Company, S.A., son acusados de actividades fraudulentas que habrían perjudicado a miles inversores.
El juez ha considerado que las diligencias solicitadas son pertinentes y necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales de los investigados.
González Herrero recientemente interpuso una querella por calumnias contra José Luis Ortiz, socio director de Bufete Ortiz, que representa a una masa importante de damnificados en esta causa.
«Lo único que pretende González Herrero es acallarme para que esta macroestafa no tenga ningún tipo de repercusión mediática y para que no sigan uniéndose a la causa –como esta sucediendo cada día que pasa– más afectados de toda España. Personas que han perdido sus ahorros de una forma infame», declaró a Confilegal.
Ortiz acusa a González Herrero de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, apropiación indebida, falsedad documental e intrusismo.
¿UNA ESTAFA PIRAMIDAL?
De acuerdo con el texto de la querella, al que ha tenido acceso Confilegal, el entramado creado por los querellados supuestamente incluyó la creación de productos financieros complejos y empresas ficticias para ocultar la naturaleza del esquema Ponzi –estafa piramidal– y prolongar su operación.
Funcionaba bajo el principio de pagar a los inversores retornos no con las ganancias reales de la inversión, sino con el dinero aportado por nuevos inversores. De acuerdo con los querellantes, prometían altas tasas de retorno en sus inversiones, mucho mayores que las del mercado convencional. Estas promesas atractivas eran clave para captar la atención de nuevos inversores.
Los primeros inversores recibían pagos que se presentaban como retornos de su inversión. Sin embargo, estos pagos no provenían de ganancias reales generadas por el negocio, sino del dinero aportado por nuevos inversores que entraban al esquema.
A menudo, los retornos iniciales generaban confianza, lo que llevaba a los primeros inversores a reinvertir o atraer a familiares, amigos y conocidos al sistema. El esquema dependía de un flujo constante de nuevos inversores para seguir funcionando. Mientras hubiera nuevos aportes, el sistema podía mantener la ilusión de ser un negocio legítimo y rentable.
Eventualmente, la capacidad de atraer nuevos inversores se agotaba, especialmente cuando el mercado objetivo se saturaba o cuando las promesas de retorno se volvían insostenibles. Una vez que el flujo de nuevos inversores se detenía, los pagos a los inversores antiguos cesaban, revelando la naturaleza fraudulenta del esquema.
La mayoría de los inversores terminaban perdiendo su dinero, ya que solo había fondos suficientes para pagar a los primeros participantes. Los últimos en entrar eran los más afectados.
La situación estalló cuando se dejó de pagar a la extensa red comercial.
