Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), ha adelantado a sus colegiados los detalles del estudio y la propuesta elaborada por María Emilia Casas Bahamonde, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y expresidenta del Tribunal Constitucional, para regular una pasarela voluntaria y temporal al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en España (RETA).
Un trabajo que fue encargado por esta corporación profesional de derecho público.
«Hemos encontrado la solución normativa que permitirá, mediante la ley, realizar la pasarela al RETA de manera justa y teniendo en cuenta todas las situaciones coexistentes», afirma Ribón en una carta dirigida a los colegiados del ICAM para regular dicha pasarela se puede hacer de dos formas.
Lo que implica desarrollos legislativos alternativos:
Primera opción: Aprobando «una ley específica al respecto, que podría remitir su desarrollo a una norma reglamentaria».
Segunda opción: reformando «la Ley General de Seguridad Social (LGSS), bien de sus disposiciones adicionales 18ª o 19ª (esta última precisa ser modificada en los porcentajes reductores de la protección y cotización mutualista alternativa que mantiene), bien mediante la inclusión de una nueva disposición transitoria, actualmente la 45ª, pues la pasarela al RETA es una institución transitoria».
El propósito es garantizar pensiones de jubilación dignas para toda la abogacía, permitiendo la transición al RETA para todos los mutualistas alternativos que así lo deseen, siguiendo estos criterios:
«1.- Se establecerá una pasarela voluntaria y temporal al RETA: Al tratarse de una medida excepcional, que no implica un cambio de modelo de organización legal de las relaciones entre el régimen público de Seguridad Social y las mutualidades aseguradoras privadas de carácter profesional-histórico que ejercen una modalidad de protección social alternativa a la pública, ha de ser una ventana de oportunidad limitada en el tiempo por razones de seguridad jurídica. Se considera que seis meses es tiempo suficiente para que el mutualista alternativo activo decida permanecer en la Mutualidad o iniciar la transición al alta y afiliación en el RETA.
«2.- Se deberá producir una transferencia de cotizaciones por parte de Mutualidad: Todas las aportaciones de los mutualistas alternativos activos a la Mutualidad han de ser transferidas por esta a la Tesorería General de la Seguridad Social, en el momento del hecho causante de las prestaciones o en el plazo convenido por la Tesorería y la Mutualidad. Siendo el régimen público de Seguridad Social un sistema de reparto regido por el principio contributivo -contributivo proporcional o de proporcionalidad contributiva-, el alta en el RETA conlleva la obligación de cotización, para quienes no hayan alcanzado la jubilación, al sistema de cotización al RETA por rendimientos netos.
«3.- Cómo será la conversión de las cotizaciones de los mutualistas: Certificadas por la Mutualidad, se convertirán en bases mínimas de cotización al RETA, desde el momento del alta inicial y hacia el pasado con las revalorizaciones correspondientes. El mutualista alternativo debe conocer esa conversión a través de su área personal de Importass.
«4.- Se contemplará la posibilidad de ampliar el período de cotización: Más allá de la edad de jubilación, a fin de dar a los mutualistas la oportunidad de mejorar sus años y bases de cotización y, previamente, cubrir el período mínimo de carencia para acceder a la pensión y mejorar después la cuantía de su pensión final.
«5.- Compensaciones por diferencias de cotización para apoyar a los mutualistas que necesiten completar sus cotizaciones: Podrían articularse a través de contribuciones complementarias o adicionales de los mutualistas al RETA para compensar las diferencias entre las cotizaciones históricas más bajas de la Mutualidad y las requeridas por el RETA. Estas contribuciones podrían ser flexibles y permitir pagos escalonados. O bien mediante la creación de un Fondo especial de Compensación, financiado por el Estado o mediante acuerdos entre la Mutualidad y la Seguridad Social, para apoyar a los mutualistas que necesiten completar sus cotizaciones.
«6.- Diálogo institucional: Se comprende fácilmente la oportunidad de un diálogo institucional continuo entre la Mutualidad, la Seguridad Social, y los Colegios Profesionales para llegar a un acuerdo que sea justo y viable para todos los afectados. La colaboración entre el Estado, la Mutualidad, y los propios mutualistas es clave para asegurar la jubilación digna de los profesionales».
El decano del ICAM recuerda que se comprometió, el pasado mes de abril, una vez que María Emilia Casas terminara su informe,a presentarlo en una sesión informativa monográfica.
Ribón explica, asimismo, que recibió el primer borrador del informe el pasado mes de julio y que, aunque adolece de algunos detalles técnicos finales que se están gestando, considera que es necesario adelantar las líneas generales, debido a la preocupación existente entre los afectados. La sesión informativa se producirá en su momento.
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