El Ministerio del Interior ha solicitado un informe a la Abogacía General del Estado para conocer si el convenio firmado con el Club Desokupa para recibir formación en defensa personal puede afectar a las subvenciones públicas que recibe el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y a la compatibilidad de los agentes que impartirán ese adiestramiento.
El SUP y Desokupa acordaron que esta empresa especializada en desalojos extrajudiciales ofrezca formación en defensa personal a 30.000 policías.
Nada más conocerse el acuerdo, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska anunció que estudiaría su posible impugnación y este miércoles ha dado un paso más desvelando que la Dirección General de la Policía ha abierto un expediente para analizar ese acuerdo.
Tras conocer el contenido de los informes solicitados el pasado domingo a la Abogacía General del Estado y a la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior.
Estudian si el convenio afecta a las subvenciones públicas
A la espera de que se resuelva este expediente informativo, Interior también ha solicitado otro informe a la Abogacía del Estado para conocer si el convenio en cuestión puede afectar a las subvenciones públicas que recibe el sindicato policial y, en caso de que ser así, pregunta sobre el procedimiento administrativo para corregir las posibles irregularidades.
Asimismo, la Dirección General de la Policía está recabando toda la información posible para determinar la compatibilidad de los agentes que supuestamente impartirán la formación «extracurricular» en defensa personal del Club Desokupa con su puesto en el Cuerpo, según las mismas fuentes.
El acuerdo firmado con la empresa que dirige Daniel Esteve, también dueño de la empresa contra la okupación de viviendas Desokupa, ha causado polémica y división entre los sindicatos policiales, pues la amplia mayoría lo han rechazado y criticado, e incluso dentro del propio SUP.
A raíz del mismo, Sumar y el diputado del grupo mixto José Luis Ábalos han registrado una batería de preguntas dirigidas a Marlaska en el Congreso y ERC ha solicitado la comparecencia del ministro en la comisión de Interior.