Este mes de agosto, mientras disfruto del aire en la primera línea de playa en la ciudad del Turia, acompañada de mis dos queridísimas perritas (Zana y Samba) no puedo evitar reflexionar sobre cómo la vida avanza mucho más rápido que las normas jurídicas que nos rigen.
Aquí, en una pequeña playa para perros, observo a los humanos y sus fieles compañeros peludos conviviendo en un ambiente de cariño y libertad que, hace unos años, hubiera sido inimaginable.
El ambiente es festivo y entrañable. Padres perrunos que han vestido a sus perros con bañadores, algunos incluso luciendo aletas de tiburón mientras nadan.
Los dueños llevan a muchos de sus perros en brazos, como si de sus propios hijos se tratara, y les hablan con ese tono que antes reservábamos para nuestros amigos más cercanos: «¡Mira lo que hago, mira, mira!»
Los perros, felices, siguen a sus dueños mar adentro, persiguen gaviotas, y algunos se entretienen jugando con pelotas que sus dueños les lanzan.
Es una escena que refleja un cambio social profundo, donde los perros han pasado de ser simples mascotas para convertirse en miembros plenos de nuestras familias.
Rigidez de las normativa
Sin embargo, esta realidad, que respira libertad y afecto, contrasta drásticamente con la rigidez de las normativas que, en muchos casos, parecen ancladas en un pasado que ya no refleja las verdaderas dinámicas de nuestra sociedad.
En esta playa, solo una pequeña zona está acotada para los perros, delimitada por estacas que permiten atarlos, y con una manguera para ducharlos a la salida.
Mientras disfruto de este entorno, no puedo evitar cuestionarme: ¿Cómo es posible que, en un país donde la población de niños ha descendido drásticamente en comparación con la de perros, las playas autorizadas para nuestras queridas mascotas sean tan pequeñas y escasas?
Más perros que niños
Un dato relevante arroja luz sobre esta cuestión: según un informe de marzo de 2024 publicado por El Español, en nuestro país hay 3 millones más de perros que de niños.
En concreto, hay 9,3 millones de perros frente a 6,6 millones de niños menores de 14 años.
Estos números son contundentes y reflejan una realidad social que las normativas aún no parecen haber asimilado completamente.
Este auge en la población canina no es un fenómeno aislado; es un reflejo de cambios sociales y culturales profundos.
Los perros han adquirido un estatus especial en nuestras vidas. Ya no son considerados meros animales de compañía; se les reconoce legalmente como seres sintientes, con derechos que regulan su bienestar en situaciones de separación o divorcio. Incluso se les puede dejar herederos acompañados de un administrador de bienes en el testamento.
Sin embargo, a pesar de estos avances en su reconocimiento legal, la realidad administrativa los sigue marginando.
Las playas para perros son pequeñas, mal dotadas y limitado su uso temporal a determinadas épocas del año. Esta situación no solo es injusta para nuestros compañeros de cuatro patas, sino que también refleja una desconexión entre la normativa y la realidad social.
La administración pública, como guardiana del bienestar común, tiene la responsabilidad de adaptarse y evolucionar con los cambios en la sociedad. Donde hay más población, es necesario aumentar el número de servicios, y este principio debería aplicarse también a nuestras mascotas.
Es innegable que los perros juegan un papel fundamental en la vida de muchas personas, aportando compañía, alegría y, en muchos casos, ayudando a sus dueños a sobrellevar situaciones difíciles.
Es hora de que las normas jurídicas y administrativas reflejen este cambio. Necesitamos más espacios donde humanos y perros puedan convivir en libertad y armonía, sin las limitaciones injustificadas que actualmente se imponen.
La vida avanza, y nuestras leyes deben seguirle el paso para garantizar que todos, incluidos nuestros perros, podamos disfrutar de la libertad y la felicidad que merecemos.
