Opinión| Repensar el papel de la Justicia

El acuerdo entre los dos partidos políticos mayoritarios para la renovación del CGPJ y, con ello, la cobertura de las más de cien vacantes que esperan a ser cubiertas después de los cinco años de bloqueo, ha supuesto un respiro esperanzador en la ciudadanía, pese a que la designación de los vocales ha vuelto a realizarse por cuotas, entre los dos partidos políticos mayoritarios, dejando sin representación a una gran parte de la carrera judicial.

Los primeros pasos no han sido muy acertados, por el nuevo bloqueo en la primera decisión que debieron consensuar, que es la elección de la presidencia. Pero la esperanza es lo último que se pierde y es seguro que el periodo de reflexión veraniego dará su fruto en el otoño.

De hecho, ya han tomado posesión de sus cargos y han empezado a cobrar un sueldo espléndido por el trabajo que tienen que hacer, que es el de alcanzar acuerdos no partidistas ni corporativistas. Y, sobre todo, presentar por una amplia mayoría reforzada de tres quintos, un acuerdo sobre un nuevo modelo de selección y funcionamiento del propio consejo, y un proyecto de modernización de las estructuras de la justicia.

Una Justicia para el futuro

En sociedades como en las que nos han correspondido vivir en este primer tercio del siglo XXI, tan polarizadas política e ideológicamente, el denominado poder judicial ha adquirido un protagonismo agónico en el sentido más pesimista de la palabra. La opinión de muchos juristas, a nivel internacional, es la de que se observan evidentes signos de crisis en el funcionamiento de las instituciones creadas en el siglo XX, que se pensaba que darían una estabilidad para la nueva era que comenzaba con el milenio. Efectivamente, existe un riesgo cierto en la necesaria consolidación de los Derechos Humanos proclamados por la ONU en 1948, tras la catástrofe de la II guerra mundial.

El gran reto al que nos enfrentamos es el de repensar la convivencia en un marco nuevo, en parte, desconocido. Lo que se consideraba sólido en la conformación y dinámica de las relaciones políticas, económicas y sociales, se está diluyendo como consecuencia de nuevas guerras, la gran expansión demográfica, el impacto de las tecnologías de la información, los incontrolables flujos migratorios y el control de la opinión pública por unas redes de comunicación supranacionales monopolizadas y manejadas por grandes corporaciones.

En este entorno, el papel de los sistemas de justicia, tal como se han ido conformando desde la Ilustración, se muestran insuficientes respecto a su función genuina, que fue concebida como servicio público de resolución de los conflictos de la ciudadanía. El incremento geométrico de la litigiosidad hace prácticamente imposible la eficiencia de una administración de justicia que fue concebida para el contexto social y económico del siglo XIX.

Lo que se exige a los jueces

En la nueva realidad en la que vivimos, una judicatura que cuenta con una formación esencialmente teórica, la oposición, ha de hacer frente, además de a la sobrecarga de trabajo, a la judicialización de determinados problemas sociales, como la violencia de género, la delincuencia internacional organizada, los problemas derivados del deterioro de la salud, de la pobreza de amplias capas de la población y de la escasez de vivienda. Y, por si no estaba complicado el panorama, por la incapacidad de la clase política para alcanzar acuerdos en la gestión del bien común, nuestros próceres han optado por la utilización de los tribunales y de los mecanismos procesales como armas de destrucción del contrincante.

En este empeño es imprescindible que no solo trabajen los vocales recién elegidos y que los parlamentarios formulen sus propuestas, sino que debe propiciarse un debate público en el que se implique a la sociedad en su conjunto. El objetivo común es aprobar la asignatura que quedó pendiente en la transición: la modernización de un sistema de justica para los españoles del siglo XXI que sea respetado por la inmensa mayoría de la población.

Algunos mecanismos en la experiencia internacional

El derecho comparado puede aportar fórmulas contrastadas en los países de nuestro entorno que han funcionado de forma eficaz. El nuevo CGPJ debe hacer una decidida apuesta para que se apruebe y entre en vigor lo antes posible el proyecto de ley de Eficiencia Organizativa y Procesal, que contó en la anterior legislatura con un amplio consenso. Especialmente tendrán un impacto importante en la reducción de la litigiosidad tanto la introducción la mediación y la conciliación prejudicial, como la implantación de los tribunales de instancia, que son esenciales para superar el lastre de la privatización de la justicia, que se realizó en el siglo XIX, a semejanza de las oficinas de Registros y las Notarías con el fin de que los costes se sufragaran con la recaudación por los secretarios del arancel.

La justicia del siglo XXI debe realizarse con jueces y juezas que trabajen en equipos, y no en las actuales celdas reticulares (los juzgados unipersonales) que generan tantas desigualdades y problemas de egos y protagonismos, inseguridad jurídica y diversidad de criterios.

Luz y taquígrafos en la justicia: el canal de TV judicial

El actual sistema de publicación de las sentencias no llega a la ciudadanía. Una de las reformas que deberían implantarse es el de la publicidad y transparencia en los debates de los plenos del Tribunal Constitucional y del CGPJ.

Los “canales de TV judicial” implantados en muchos países, contribuyen a que desaparezcan el oscurantismo y la parcialidad, especialmente en lo que se refiere litigios de trascendencia social y política, y a las propuestas y de candidaturas para cubrir las plazas vacantes del Tribunal Supremo y de otros órganos jurisdiccionales. La grabación de las actuales comparecencias de los candidatos es sustancialmente mejorable.

La atribución de la instrucción a los Fiscales

Otra de las reformas que, a mi juicio, es importante, es la atribución de la instrucción de las causas penales a un Ministerio Fiscal independiente y eficaz. En el mundo anglosajón (lo vemos en las películas) y en casi toda Europa, la Fiscalía tiene a su cargo la investigación de los hechos delictivos, e incluso ejerce la dirección de los cuerpos policiales.

De forma paralela a esta función instructora, existe la supervisión de esta actividad por los denominados “juzgados de garantías fundamentales”, cuya misión es la de asegurar el respeto a los principios procesales constitucionales y, sobre todo, a la presunción de inocencia.

Es obvio que la actividad investigadora suele contaminar a la persona que instruye, por lo que su imparcialidad suele quedar condicionada, máxime si al propio tiempo se ha de ejercer la función de juzgar y de imponer las medidas penales de privación de libertad, u otras medidas cautelares provisionales. Se debe desterrar la imposición anticipada de la denominada “pena de banquillo” que es tan frecuentemente utilizada en nuestro país en la lucha política, o por la prensa amarilla, para destruir trayectorias políticas o profesionales.

Esperamos que el año judicial que se inaugurará en el otoño sea generoso en reformas y en consensos, puesto que la ciudadanía necesita una justicia de calidad

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