El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Foto: EP

El juez del caso Koldo pregunta a la Fiscalía si debe citar a Óscar Puente como testigo

29 / 08 / 2024 17:39

Actualizado el 30 / 08 / 2024 23:56

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El magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que investiga el caso Koldo, ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre la posibilidad de citar como testigo al ministro Óscar Puente, en línea con la solicitud que ha presentado la acusación popular que ejerce la Asociación Liberum.

Esta asociación pidió al juez Moreno la citación del actual ministro después de conocerse las conclusiones del citado informe y de que éste cesase por «pérdida de confianza» al número tres de Transportes, el subsecretario Jesús Manuel Gómez García, otro de los investigados en el llamado caso Koldo.

Además, en una segunda resolución notificada este jueves, el magistrado requiere al Ministro de Transportes copia certificada del informe de auditoría que presentó el propio Puente la pasada semana y que inculpa a su predecesor en el cargo, José Luis Ábalos, por el modo en que se llevó a cabo la compra de mascarillas a la trama.

En concreto, el citado informe revelaba que Ábalos, en sólo 38 minutos, ordenó duplicar, de cuatro a ocho millones de mascarillas, el encargo realizado a la compañía Soluciones de Gestión SL.

En este sentido, la citada asociación sostiene que hay un importe aproximado de 20 millones de euros de dinero público en mascarillas «sin que se acredite la entrega y/o distribución a su destinatario final».

El juez también pide que se identifique «los funcionarios que procedieron» a la elaboración de este informe y comisiona a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) para que se encargue de hacer cumplir este requerimiento.

Cabe destacar que la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia recibe su nombre de Koldo García, que era asesor del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos.

La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.

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