El año judicial ha comenzado oficialmente y, por fin, con presidencia en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en el Tribunal Supremo. Isabel Perelló, la primera mujer en alcanzar este cargo en la historia de España, se ha estrenado en su primer acto tras tomar posesión ayer en el Salón de Plenos del Alto Tribunal.
Un nuevo curso con algo que no ocurría desde hace más de cinco años, con un Consejo nuevo. Algo que no ha pasado por alto el Fiscal General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, y que ha comentado nada más comenzar su intervención. «Renovado, por fin».
El fiscal, que ha definido a la institución como «moderna» ha querido lanzar un mensaje a la sociedad: “la ciudadanía puede estar tranquila” porque “el Ministerio Fiscal ha actuado, actúa y actuará, porque así debe hacerlo, de forma imparcial y sometido exclusivamente al imperio de la ley”.
Gestionar con responsabilidad la migración
Durante su discurso, García Ortiz ha hecho referencia a un asunto que es de completa actualidad, la inmigración. «El reto de las migraciones no es un acontecimiento pasajero ni extraordinario; es una realidad que debemos gestionar con responsabilidad«.
Y ha resaltado algo que considera obvio: «son, sin ningún matiz o calificativo, personas con la dignidad y derechos inherentes a su condición, exactamente igual que lo somos nosotros o lo son nuestros hijos e hijas. Será la historia la que nos juzgue si al hablar de niños o niñas migrantes nos referimos a ellos como si fueran mera mercancía, números o cromos que se intercambian en el mercado de palabras, o lo que es más peligroso, sembrando semillas de odio».
El fiscal general ha querido lanzar este mensaje ante el daño que se busca hacer a la inmigración desde «la desinformación que en ocasiones provocan las redes sociales», ha dicho.
Por otro lado, ha destacado la importancia de combatir los discursos y los delitos de odio al ser «un peligro constante para la pacífica convivencia» y un «fenómeno contagioso en todo el mundo».
El fiscal pide limitar la acusación particular
Durante el discurso, García Ortiz también ha comentado que es necesario hacer una reflexión sobre el ejercicio de la acción popular al poder llegar a utilizarse con «fines espurios».
«La utilización en la justicia penal de una figura que, pese a su previsión constitucional, permite el acceso directo a los órganos judiciales de investigación sin filtro alguno, aumenta el riesgo de investigaciones prospectivas y pervierte el esquema natural y lógico en el que solo deberían llegar ante los tribunales de justicia, al proceso, en definitiva, aquellas investigaciones en las que concurran poderosos indicios de responsabilidad criminal».
Además, ha alertado de que «un sistema que permite, por otra parte, el acceso directo a 50 millones de ciudadanos ante el Tribunal Supremo no es un sistema sostenible, ni eficiente, ni parangonable en el entorno europeo. Pues «el riesgo de colapso del propio tribunal y del resto de tribunales es evidente».
Ya que, según ha concretado, «no sólo repercute en la calidad de la justicia en sus prioridades, también contribuye a fomentar la utilización del proceso y de los tribunales con fines espurios».
Al mismo tiempo, ha señalado que el juez instructor «no puede extender sus competencias» al «control absoluto» de la actividad pública y privada.
Por tanto, para el fiscal general, «hemos llegado a un punto de difícil gestión» porque «el ejercicio de la acción penal se ha universalizado», algo que puede causar colapso en la Justicia y repercute, por tanto, en la calidad de la Justicia».
García Ortiz ha concluido su discurso manifestado que la Fiscalía está abierta a cambios y a asumir nuevos retos para mejorar la eficacia de la justicia y la prestación del mejor servicio público, en una fascinante y compleja España, plural y democrática.
