El juez Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Foto: EP

El juez Marchena asegura que «no se puede hacer en momentos como el que vivimos» una reforma para que la Fiscalía investigue

6 / 09 / 2024 10:33

Actualizado el 06 / 09 / 2024 10:33

El juez Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, admite la «tendencia imparable» para que Fiscalía sea la que asuma la «investigación penal, en lugar del juez de instrucción», pero ha sentenciado que una reforma «que supondría una ruptura histórica de más de un siglo no se puede hacer en momentos como el que vivimos».

Marchena ha recordado que España «es el único país de Europa en el que investiga el juez instructor, en todos los países europeos investiga el Ministerio Fiscal», haciendo alguna salvedad con el caso francés.

Pese a ello, quiso dejar claro en su intervención que «cualquier reforma que se aborde del Ministerio Fiscal para equipararlo a lo que hay en Europa sería interpretada como una estrategia para tener mayor control de los tribunales«.

Así, lo aseguró el presidente de la Sala de lo Penal, poco después de que el fiscal general del Estado, Álvaro García, defendiera en la apertura del año judicial la urgencia de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los fiscales asuman la dirección de la investigación.

el magistrado del Supremo también se mostrado crítico con lo que ha denominado «banalización del debate jurídico».

Y, en este sentido, ha asegurado que «claro que sobre la sentencia se puede opinar», ha manifestado pero rechazando comentarios que no son «jurídicamente correctos».

Así se ha manifestado este jueves con motivo de su participación en el Foro Ideal, promovido por Editorial La Capital, bajo el título ‘Retos y desafíos en el proceso penal español’.

Ley de Inteligencia Artificial

Marchena, conocido por su papel en los juicios del procés catalán, ha incidido en «la velocidad» con la que está cambiando el derecho penal y como ejemplo ha expuesto la Ley de Inteligencia Artificial, «que no contemplaba debates» sobre cómo preservar la propiedad intelectual cuando se delega en algoritmos.

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