El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha afirmado este lunes que se encuentra «absolutamente tranquilo» y ha rechazado hacer «jurídico-ficción» sobre si puede ser imputado por un presunto delito de revelación de secretos en el marco del caso donde se investiga a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
A preguntas de los periodistas sobre si piensa dimitir en caso de ser imputado, García Ortiz ha abogado por ir «paso a paso» y «ver cómo suceden las cosas». En todo caso, se ha mostrado «absolutamente tranquilo por los hechos y por cómo van las cosas», ha dicho, durante la atención a medios que ha tenido en Granada con motivo del acto de toma de posesión de Concepción Rodríguez Cabezas como nueva fiscal jefa de esta provincia.
Así, ha abogado por «dejar que los tribunales trabajen», ha mostrado «todo el respeto» a lo que «pueda hacer o decir el Tribunal Supremo» y ha precisado, a preguntas de los periodistas, que será la teniente fiscal del Supremo la que se encargue de la causa tal y como está previsto para las cuestiones relevantes cuando él no puede intervenir.
Alberto González Amador, la pareja de Díaz Ayuso, llevó a los tribunales la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid daba cuenta del cruce de correos entre su abogado y el fiscal Julián Salto por el presunto caso de fraude fiscal en el que se le investiga. García Ortiz asumió la responsabilidad de dicho comunicado.
Fue el pasado 15 de julio cuando el TSJM elevó al Supremo la causa en relación a la querella de González Amador para que decida si imputa a García Ortiz por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por funcionarios.
García Ortiz, preocupado por la politización de la Justicia
Por otra parte, García Ortiz ha señalado, a preguntas de los periodistas en Granada, que ve «con preocupación» la politización de la justicia, opinando que justicia y política «son espacios que deben ser diferentes» aunque confluyan en las sociedades modernas, «no sólo en España sino en todo el mundo».
«Nosotros tratamos siempre de dar una respuesta jurídica (…) nos ceñimos a un papel de imparcialidad que nos exige nuestro estatuto orgánico y tratamos de dar una respuesta sea quien sea el investigado, sea quien sea las personas que puedan ser víctimas o sea cual sea el ámbito de actuación», ha sostenido.
García Ortiz ha incidido en que «esa es la diferencia entre el interés de la Fiscalía y otros intereses particulares que puede haber, legítimos pero particulares». «Nosotros defendemos el interés público y no tenemos ninguna encomienda en favor de nadie, es la imparcialidad lo que nos rige», ha concluido.
