El presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos y del ICOGAM, Fernando Jesús Santiago Ollero, moderó todos los debates, comenzando por el que protagonizaron los exministros de Justicia, Rafael Catalá –abogado–, a la izquierda, y Juan Carlos Campo, actualmente magistrado del Tribunal Constitucional. Foto: Confilegal.
«La solución a la justicia no pasa por más jueces y juzgados; es necesario un nuevo modelo de gestión», concluye la I Batalla Jurídica de los Gestores Administrativos
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25/9/2024 05:44
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Actualizado: 28/9/2024 10:53
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La situación de colapso por la que pasa la Administración de Justicia española tiene múltiples factores. Uno de ellos, que suele pasar desapercibido, es la demografía. Hemos pasado en 36 años, de 1988 a 2024, de una Justicia que servía a 38,8 millones de habitantes a otra que está compuesta por 47,8 millones; 9 millones más.
De una Justicia que ingresaba 3,5 millones de asuntos anuales a otra que ingresa 7,5 millones, en 2023, según cifras del Consejo General del Consejo General del Poder Judicial de 2023. Un incremento que está poniendo a prueba las propias costuras del Poder Judicial. La propia Ley de Demarcación y Planta Judicial ha sido objeto de numerosas reformas, pero no se ha logrado, hasta ahora, poner al día a la Administración de Justicia.
Los factores son múltiples. Por eso, «la solución a la justicia no pasa por más jueces y juzgados; es necesario un nuevo modelo de gestión», fue una de las conclusiones que emergieron de la I Batalla Jurídica organizada por el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España y el Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM), que tuvo lugar el pasado lunes en el Hotel NH Madrid Ventas.
Fue un evento de alto nivel en el que tomaron parte Juan Carlos Campo, magistrado del Tribunal Constitucional y exministro de Justicia, Rafael Catalá, abogado y exministro de Justicia, Enrique Arnaldo y Laura Díez, magistrados los dos, también, del máximo tribunal de garantías.
Porque no solo actuaron como «coaches» de sendos equipos de debate de estudiantes de derecho sino que ellos mismos debatieron los unos contra los otros.
Lo que confirió a la Batalla Jurídica un nivel jurídico de excelencia y primera clase. Todos los debates, tanto los de los cuatro equipos de estudiantes como entre los «coaches» fueron moderados por Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos y del Ilustre Colegio de Gestores Administrativos (ICOGAM).
SEGURIDAD JURÍDICA
Durante su intervención, Santiago Ollero subrayó el papel de los gestores administrativos en la sociedad: «Hacemos de traductor simultáneo entre la Administración y el ciudadano».
“La seguridad jurídica es un elemento indispensable para el desarrollo de nuestra economía. Por eso es importante plantear el debate sobre la reforma de un sistema judicial que se ve agotado. No sé si la reforma debe suponer un cambio radical del sistema o una evolución de este. Eso nos lo dirán nuestros ponentes”, subrayò el presidente de los Gestores Administrativos.
«Los Gestores Administrativos estamos convencidos de que se deben potenciar los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC). Y hemos manifestado públicamente que la Ley Orgánica del Derecho a la Defensa debe adaptarse a los tiempos que corren, y no convertirse en una Ley exclusiva para la defensa de los abogados”, destacó el presidente de este colectivo.
HACIA UN NUEVO MODELO DE JUSTICIA
El equipo de estudiantes que asesoró Campo, formado por los estudiantes universitarios Isaac Esteban, Elisabeth Armellini y Pedro Limón, argumentó sobre el planteamiento de la «Búsqueda de la eficacia en la Administración de Justicia: la necesidad de un nuevo modelo».
Ideas sobre las que luego profundizó el magistrado del TC: «La justicia reclama un nuevo modelo de gestión que tiene que alcanzarse desde el consenso. Desde el diálogo y el contraste de ideas constante». «Tenemos que abordar reformas procesales, organizativas y tecnológicas. Superar el partido judicial que diseñó Javier de Burgos en 1833 como secretario de Estado de Fomento, en función de la distancia que podía recorrer un caballo en un día. Y que la justicia sea previsible», añadió.
De acuerdo con Campo, «existe un sentimiento general de insatisfacción entre la ciudadanía. Es necesario encontrar soluciones».
El equipo de Catalá, formado por Blanca Ibarz Ribalta, David Carrasco Morante y Alonso Sánchez Martín, argumentó sobre la idea de la necesidad de mejorar lo que se tiene. El propio abogado, en su mano a mano con Campo, abundó en esa línea: «Tenemos que gestionar mejor lo que tenemos para afrontar la sobrecarga de trabajo en los juzgados, a lo que se añade una burocracia excesiva y la existencia de múltiples actores, con duplicidad de competencias«.
Fue una referencia clara a la organización de la Administración de Justicia, troceada entre el Ministerio de Justicia, que administra 5 Comunidades Autónomas, las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.
Ninguno de ellos pronunció la frase tenemos una Justicia Frankenstein, pero el concepto flotó en el ambiente.
Catalá y Campo son dos de las personas –por su pasado al frente del Ministerio de Justicia– que mejor conocen este paño. Ambos coincidieron en que es vital la transformación tecnológica de la Justicia, lo que tiene que hacerse con nuevos perfiles para los puestos de funcionarios que sepan aplicarla, «lo que no se está haciendo», recordó Catalá. Y también la adopción de los métodos alternativos de resolución de conflictos, conocidos por su acrónimo MASC.
La idea del pacto de Estado salió varias veces para materializar ese consenso.
El jurado, compuesto por el socio director de Bufete Casadeley, Javier San Martín, el magistrado de la Audiencia Nacional (magistrado emérito del TC), Enrique López, el presidente de la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos; Xavier Gil Pecharromán; el secretario del Consejo General de Gestores Administrativos, Carlos Rodríguez Noriega; el vicepresidente de ICOGAM, Manuel Herranz; y el presidente de la Confederación Nacional de Estudiantes de Derecho, Jesús Ruiz Poveda, dieron por ganadores al equipo debate jurídico capitaneado por Catalá.
ECONOMÍA Y JUSTICIA
El segundo debate de la jornada enfrentó a los equipos de Enrique Arnaldo, compuesto por los estudiantes Carlota Juárez, Agustina Burgos y Carolina Bermejo. Y al de Laura Díez, formado por Cristina López Molla, Héctor Manuel Espinosa y Daniel Navarro Fernández.
Debatieron sobre el planteamiento temático de «Economía y Justicia: la Justicia como coste o la Justicia como elemento dinamizador de la Economía».
En su intervención, Arnaldo se planteó si el poder judicial era un poder o un servicio público. “La respuesta lógica, es un poder que realiza un servicio público. Un poder servicial”, precisó. “Y tenemos que asumir los costes”.
El magistrado del TC recordó que, en sus comienzos, el modelo de justicia se basaba en dos funcionarios públicos, el juez y el secretario judicial (hoy letrado de la Administración de Justicia). El resto eran empleados del secretario judicial, que financiaba sus sueldos con aranceles.
“Aquello quedó superado. Pero el actual modelo es una herencia de aquello. Ahora pagamos a 10 o 12 personas –en referencia al LAJ y a los funcionarios que conforman cada Juzgado– y resuelve uno. Este es uno de los grandes déficits de nuestro sistema: lo mal retribuidos que están los jueces”, afirmó.
Arnaldo abundó sobre el hecho de que la Justicia está bastante desorganizada y es ineficaz. “Y es carísima porque no ayuda a conseguir prosperidad o mejor cumplimiento de la ley. La Justicia peca de ineficacia y de ineficiencia por el escaso beneficio que proporciona a la sociedad”.
La justicia, aseguró Arnaldo, debe contribuir a dinamizar la economía y a proporcionar estabilidad jurídica e inversora.
Hay 40.000 millones de euros varados en los tribunales de Justicia.
Su compañera, Laura Díez, coincidió en que la Justicia es un poder y un servicio público. Las dos cosas. Y que es lenta y excesivamente costosa. “Pero hace justicia. Y esto es necesario”, declaró.
Díez coincidió con Arnaldo en que “el modelo de justicia actual es una herencia de nuestro pasado, de siglos. Y tenemos que ponerlo al día”.
Los equipos de Arnaldo y de Díez, al igual que los de Campo y Catalá, mostraron un alto nivel de capacidad de debate.
En este caso, gran parte del mismo giró en torno a si la inversión debía ser plurianual o centrada en proyectos concretos.
En este segundo debate se proclamó vencedor el equipo de Arnaldo.
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