Juan González Herrero figura como el cerebro de esta de esta supuesta estafa piramidal. Tanto el hombre como su esposa, Kelly Johana Galeano Orrego, han sido citados a declarar ante el magistrado Pedraz el próximo 15 de octubre.
El magistrado Pedraz ordena el bloqueo de las cuentas bancarias de personas y empresas del caso Herrero Brigantina
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27/9/2024 05:35
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Actualizado: 27/9/2024 02:26
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El magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que investiga el caso Heerro Brigantina, ha ordenado bloquear las cuentas bancarias de 15 personas y de 12 empresas involucradas en esta supuesta macro estafa que podría alcanzar los 200 millones de euros, conocido como caso Herrero Brigantina.
La medida, dictada mediante una providencia fechada el 25 de septiembre, ha sido comunicada a las entidades financieras –Abanca, BBVA, Caixabank, Unicaja y Banco Santander– a fin de que cumplan la orden del magistrado.
Las personas a las que se ha bloqueado las cuentas son Juan González Herrero, Kelly Johana Galeano Orrego, Carlos Álvarez-Hevia González, Jorge Álvarez-Hevia González, Rufino Mallo Fernández, Olga López López, Jorge Cantón Vázquez, Mónica Diéguez García, Rodrigo Álvarez Alonso, Antonio Lamas Domonte, Benjamín Suárez García, Miguel Ángel Barba Galán, Samuel López Pérez, Jaime Maseda Rodríguez y David González de Sousa.
Las empresas son: Herrero Brigantina SA, Neonova Investors SA, North Atlantic Insurance Broker Company SA, Herrero Brigantina Servicios Crediticios SA, NAIBC Servicios Crediticios SA, Compañía Leonesa de Mediación Aseguradora SL, Astudeme SL, Compañía Madrileña de Mediación Aseguradora SL, Compañía Galega de Corretaxe SL, Blacksmith Capital SICAV SA, Olsen & Lancaster Partners SA y Broker Asegurador de Ultramar SL.
El objetivo de esta acción es evitar que los fondos involucrados en la presunta actividad ilícita sean retirados o transferidos mientras avanza la investigación.
Un esquema sofisticado
El corazón del caso gira en torno a un sofisticado esquema financiero gestionado por el grupo Herrero Brigantina, que habría ofrecido productos de inversión complejos, como los Unit Linked, a un gran número de pequeños ahorradores.
Estas inversiones prometían altos rendimientos, pero la investigación apunta a que los fondos podrían haber sido desviados a otros fines, afectando gravemente a los inversores.
La UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) ha estado investigando este caso desde 2022, descubriendo un entramado que involucra a múltiples cuentas bancarias y transacciones sospechosas, tanto en España como en el extranjero.
Los informes policiales y fiscales sugieren que cientos de personas podrían haber sido víctimas de esta red, que operaba bajo una fachada de legalidad pero que en realidad ocultaba prácticas de captación ilegal de capital.
Investigación judicial y medidas fiscales
Además del bloqueo de cuentas, el tribunal ha ordenado una exhaustiva revisión de las actividades financieras de los implicados.
La Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) ha recibido instrucciones para proporcionar información sobre las declaraciones fiscales de los investigados entre 2018 y 2023.
A la vez, el Registro Mercantil Central y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones han sido requeridos para entregar documentación clave sobre las sociedades implicadas, con el fin de determinar si estas estaban autorizadas para captar fondos y si contaban con las pólizas de seguros correspondientes para proteger las inversiones de sus clientes.
Asimismo, el Banco de España ha recibido el requerimiento del magistrado. Pedraz pide que le envíen todos los informes relativos a las sociedades investigadas que obren en su poder y para que informe si constan inscritas en el registro de prestamistas inmobiliarios del Banco de España y desde cuándo. También para que clarifique qué tipo de actividad empresarial permite el estar inscrito en dicho registro y si esas sociedades tienen autorización para la captación de fondos para la inversión.
El magistrado ha requerido un informe detallado sobre las inversiones en productos Unit Linked: “Relación de inversiones realizadas por las sociedades investigadas en productos Unit Linked y estado de las mismas, indicando al menos número de producto, importe invertido, fecha de inicio y fin de la inversión”.
A Plus Ultra, compañía de seguros española con una larga trayectoria en el sector, se le solicita nformación sobre productos financieros y pólizas que podrían estar vinculados a las empresas investigadas, como parte de las diligencias que el tribunal ha ordenado para aclarar el caso de fraude.
Esta información será crucial para determinar el destino final de los fondos y evaluar si hubo un uso fraudulento de los mismos.
Herrero Brigantina y sus múltiples caras
El Grupo Herrero Brigantina ha sido señalado como el epicentro de esta trama financiera. Bajo la dirección de Juan González Herrero, la organización operaba a través de varias empresas pantalla, entre las que destacan North Atlantic Insurance Broker Company SA, Herrero Brigantina Servicios Crediticios SA, y NAIBC Servicios Crediticios SA.
Estas empresas, aunque aparentemente legales, habrían servido de vehículos para atraer capital mediante prácticas de venta engañosa, captando inversores confiados que no eran conscientes del riesgo real que corrían sus ahorros.
Entre las personas clave que habrían participado en el esquema, según la UDEF, figuran David González de Sousa, quien ejercía un papel de alto mando dentro del grupo, recibiendo sueldos que aumentaban conforme adquiría más responsabilidades.
Otros nombres vinculados incluyen a Kelly Johana Galeano Orrego, esposa de Juan González Herrero, Rodrigo Álvarez Alonso, y Mónica Diéguez García, todos ellos con cuentas bancarias bajo investigación por parte de las autoridades.
Impacto legal y social
Este caso tiene un impacto profundo en el panorama financiero y legal de España. El bloqueo de cuentas es solo el primer paso en un proceso que podría llevar a uno de los juicios por fraude más importantes de los últimos años.
La investigación, que involucra tanto a la policía como a las autoridades fiscales, es vista como un modelo de cómo abordar casos de fraude financiero a gran escala.
En el ámbito social, este caso subraya los peligros de invertir en productos complejos sin la adecuada información o asesoramiento.
Las víctimas del caso Herrero Brigantina, muchas de ellas pequeños inversores, confiaron en empresas que operaban en la zona gris del sistema financiero. Este auto judicial no solo busca hacer justicia, sino también enviar un mensaje claro sobre la importancia de la transparencia y la regulación en el mundo financiero.
El desenlace de esta investigación, que apenas comienza, marcará un precedente en cómo la justicia española aborda los casos de fraudes financieros complejos, protegiendo a los inversores y asegurando que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.
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