El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Vicente Magro, puso ayer sobre la mesa una propuesta que promete revolucionar la forma en que se llevan a cabo los juicios en España, haciéndolos más justos.
Fue durante su intervención como ponente, en el 19º Congreso de la Abogacía de Málaga, que se está celebrando en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Marbella, en la que defendió una reforma clave que permitiría excluir las pruebas ilícitas antes de que el juicio oral comience, evitando así que influencien el resultado del veredicto final.
Magro señaló que, en el actual sistema, el alegato de una prueba ilícita planteado por la defensa es resuelto en la sentencia, lo que implica que la prueba en cuestión ya ha sido utilizada durante el juicio.
«Tenemos que provocar un cambio en la configuración del derecho procesal penal y evitar que ese alegato de prueba ilícita se resuelva en la sentencia. ¿Cómo? Creando una comparecencia previa. Este procedimiento está recogido en el proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal, ahora en el parlamento», afirmó el magistrado.
Un procedimiento que tendría que ser generado por petición de las defensas, solicitando la exclusión de pruebas ilícitas antes de la celebración del juicio.
«Una comparecencia previa, solicitada en el escrito de defensa, permitiría resolver, antes del juicio oral, si una prueba impugnada como ilícita por la defensa, así como cualquier prueba derivada de ella, debe excluirse o admitirse como prueba de la acusación. Esto aseguraría que el juicio oral se lleve a cabo con las pruebas ya evaluadas, garantizando un proceso más justo y eficiente», precisó Magro.
Un cambio clave en la configuración del juicio oral, según Vicente Magro
Para ilustrar su planteamiento, Magro utilizó el ejemplo de las escuchas telefónicas que, si fueran declaradas nulas, no solamente quedarían invalidadas; también serían nulas las declaraciones de los policías que las escucharon.
«Si se declara que las escuchas telefónicas son nulas y también las investigaciones basadas en ellas, ni las grabaciones ni los testimonios policiales relacionados deberían ser admitidos en el juicio oral. Resolver la validez de estas pruebas solo en la sentencia, después de haber sido utilizadas, contradice el derecho de defensa, ya que se estarían practicando pruebas que luego se consideran ilícitas», precisó.
El magistrado destacó que adelantar el análisis de la validez de las pruebas a esta comparecencia previa, como propone el proyecto de ley, aportaría mayor claridad y justicia al proceso.
«De esta manera, las pruebas ilícitas o derivadas de ellas no tendrían lugar en el juicio oral, lo que haría el procedimiento más justo para todas las partes. Lo que yo defiendo también es adelantar esa comparecencia previa. La podemos incluso hacer ahora mismo con un escrito de la defensa. Depuraríamos todo esa alegato de prueba antes de cualquier juicio oral», concluyó.
La propuesta de Vicente Magro fue bien recibida entre los asistentes del Congreso, quienes valoraron positivamente la posibilidad de implementar esta reforma para fortalecer las garantías procesales y mejorar la eficiencia de los juicios penales en España.
