El presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González, mantiene contacto permanente con el presidente del Consejo Autonómico Valenciano, Fernando Candela, a quien ha transmitido la solidaridad y el apoyo de toda la abogacía. Foto: EP

La Abogacía considera imprescindible la suspensión de todos los señalamientos en los territorios afectados por la DANA

30 / 10 / 2024 12:08

Actualizado el 30 / 10 / 2024 12:20

La Abogacía Española considera imprescindible la inmediata suspensión de todos los señalamientos previstos para hoy y mañana en los territorios afectados por la DANA que ha sacudido con fuerza la zona del Levante.

Tras solicitar las autoridades que se suspendan todos los desplazamientos que sean evitables, el Consejo General de la Abogacía Española, en coordinación con el Consejo Autonómico de la Abogacía de la Comunidad Valenciana,  considera necesario contribuir a reducir los riesgos para ciudadanos y profesionales que pueden generar los desplazamientos originados en el ámbito de la Justicia.

De forma más concreta, el Consejo considera necesario que se suspendan todos los señalamientos en los partidos judiciales afectados por la DANA y los circundantes.

Asimismo, entiende que deben suspenderse los plazos procesales para todos los procedimientos por el tiempo mínimo imprescindible garantizando en todo caso la prestación de los servicios esenciales.

Evitar perjudicar por la DANA a los justiciables

Ante la imposibilidad de desplazarse y los problemas con las comunicaciones electrónicas, la Abogacía entiende necesario adoptar esta medida para evitar que las consecuencias de la DANA puedan perjudicar a los justiciables.

El presidente del Consejo General, Salvador González, mantiene contacto permanente con el presidente del Consejo Autonómico Valenciano, Fernando Candela, a quien ha transmitido la solidaridad y el apoyo de toda la abogacía.

Asimismo, el Consejo ha trasladado su petición al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía General del Estado, la Conselleria de Justicia de la Comunidad Valenciana y al Tribunal Superior de Justicia de esta misma comunidad. 

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