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Opinión | La Abogacía en el actual Estado de Derecho: democracia superficial y democracia real
Begoña Trigo es abogada y colegiada del Colegio de la Abogacía de Madrid.
02/11/2024 05:35
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Actualizado: 01/11/2024 23:08
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Hemos decidido que España se configure como un país democrático y social donde son principios fundamentales del ordenamiento jurídico, la justicia, la igualdad, la libertad y el pluralismo político, según el artículo 1.1 de nuestra Constitución Española.
Nuestra democracia, sin embargo, en algunos aspectos es puramente formal, ya que el sistema no en pocas ocasiones, se asimila más al absolutismo monárquico del siglo XVIII que a una democracia verdadera.
Lejos aún de la plenitud, gozamos de algunos derechos, pero tenemos un problema estructural histórico, que es corrosivo de forma que mina la convivencia e impide el desarrollo pleno de nuestros legítimos derechos.
Y es así porque la impunidad y falta de control de la actividad parlamentaria, nos acerca más a un absolutismo parlamentario que a una auténtica democracia. El sistema de acceso y mantenimiento en el poder es absolutamente arcaico y poco eficaz, además de muy lejano de la idea democrática de participación del pueblo, al que solo se le pregunta una vez cada cuatro años. Cualquiera puede presentarse a las elecciones sin presentar un programa serio ni real.
En la época electoral, se suelen presentar programas ambiguos y a modo general se prometen soluciones, siempre de forma poco concreta.
La formalización del programa electoral, tanto en su constitución como en el cumplimiento de su contenido, carece de cualquier rigor y no existe ninguna normativa que regule mínimamente los contenidos de su viabilidad y el control sobre su ejecución.
Se puede por lo tanto presentar programas sin incluir contenidos esenciales, como la Justicia, o hacer propuestas imposibles, prometer la luna y los anillos de saturno, y sería válido aun siendo imposible, porque no existen requisitos especiales para configurar el programa, ni consecuencias en caso de incumplimiento.
A este sistema le llamamos democrático cuando se pueden ganar las elecciones convenciendo a parte de un electorado para que vote y conseguir así la mayoría suficiente…, luego llega la barra libre.
Da igual lo que se ponga y da igual que no lo cumplan, la cuestión es convencer, el objetivo es convencer en ese momento preciso para conseguir el voto y así hemos visto programas configurados con promesas electorales sin ninguna base técnica y de una generalidad enorme, sin que nadie garantice mínimamente su cumplimiento.
El electorado tampoco está instruido sobre el contenido del programa, su viabilidad etc….y suele votar por afinidades emocionales sin leerse tan siquiera las propuestas. Todo muy democrático.
LOS PROGRAMAS ELECTORALES NO SE CUMPLEN
Por eso están redactados para no ser cumplidos, con generalidades y ambigüedades reflejo de la ausencia de compromiso y lo peor de todo, lo peor, es que lo sabemos y lo aceptamos o lo normalizamos, como se dice ahora.
Aceptamos este juego en una especie de complicidad con un sistema que nos aplasta cada día más y que no funciona desde hace años y no está orientado al servicio a la ciudadanía salvo cada vez más raras excepciones, sino a un grupo de poder con unos privilegios insultantes y una impunidad en sus abusos, lejos de comulgar con un verdadero espíritu democrático.
Una vez en el poder, tampoco se regula el ejercicio del mismo de forma suficiente, se le da una libertad enorme al gobierno de forma que puede hasta no gobernar y no pasaría nada. Hemos visto como han pasado años sin que se mejore las condiciones de la Administración de Justicia, y nadie tiene responsabilidad por ello. Nada se dice en los programas electorales ni en los debates donde ni siquiera se nombra las necesidades de la Administración de Justicia, ni se habla de ella como un servicio esencial.
No hay por lo tanto definidas, unas funciones suficientemente específicas y unos tiempos en cada legislatura que, a diferencia de otros trabajos, permitan prever las obligaciones y funciones del gobierno y derivarse de su incumplimiento las oportunas responsabilidades.
El gobierno puede legislar incluso, en contra del resto de poderes. Se ha visto recientemente con la aprobación de leyes, en contra del informe negativo de decenas de instituciones, entre ellas el CGPJ, como la “ley del si es si”, y aquí no ha pasado nada.
Puede legislar incluso en contra de la Constitución y de los principios de nuestro estado de derecho, como en la “ley de Ammistía”, y no encuentra ningún freno hasta que llegue a los tribunales.
Tribunales por cierto ocupados por personas con clara tendencia política, ahora hasta ex ministros, en una prueba más de las consecuencias de una falta de previsión normativa que prohíba expresamente este tipo de escenarios. Lo mismo para un Fiscal General del Estado que no dimite a pesar de estar investigado. Un suma y sigue que ya resta demasiada calidad.
La corrupción no impide a los partidos continuar su andadura, no se les obliga a depurar responsabilidades por ley, y ni siquiera a devolver el dinero en los casos judicializados donde una sentencia habla de cantidades concretas, no se les exige responsabilidad por la actuación de las personas de su partido.
Algo impensable para cualquier empresa o colectivo que responde de lo que hacen sus miembros, como no puede ser de otra forma, sin embargo, los políticos tienen barra libre con el dinero público y los partidos siguen funcionando sin devolver el dinero público a los ciudadanos por los casos de corrupción de sus miembros. Cada día se prueban nuevos límites de la impunidad política, en la aprobación de leyes abusivas, nombramiento de cargos, destino de dinero público…
Le llamamos democracia y no somos suficientemente conscientes de la necesidad de perfilar las funciones y la regulación de las instituciones del estado, para garantizar y proteger los principios democráticos. Quizá ya sea tarde y en este acuerdo tácito de impunidad tan aceptado y extendido, tengamos la razón de nuestra decadencia y destrucción que, como vemos día a día, está entrando en la última fase.
LA PROMESA DE UNA JUSTICIA DE CALIDAD
Entre esas promesas, todas las elecciones autonómicas, al menos en de la Comunidad de Madrid, tienen un espacio dedicado a la justicia pública. Tan limitado que, a veces, ni siquiera encuentra sitio en el programa y ello a pesar de ser un” principio informador” de nuestro ordenamiento. Quizá no entiendan lo que eso significa y la relevancia de que las normas que se aprueban deban tener en cuenta nuestros principios informadores. Quizá todavía no “pasa nada “ en caso de no respetar esos principios como vemos ya desde hace demasiado tiempo.
Los años de elecciones se convoca a los distintos candidatos de Madrid en el Colegio de Abogados, donde se celebra un desayuno informativo de sus propuestas como digo, genéricas, poco técnicas, poco comprometidas.
Una declaración de buenismo y de falsa preocupación sobre la situación de la Justicia y de la Abogacía de oficio, esos pobres que tienen tanta vocación y que son ninguneados por todos. Y así cada vez que hay elecciones, después el que gana reitera sus incumplimientos una y otra vez y otra vez.
Y vemos cómo se gastan millones y millones de euros en materias como propaganda institucional, subvenciones a no sabemos qué objetivos ni ONGs, donaciones a terceros etcétera…
Un sistema como digo llamado democrático, donde la fiscalización del presupuesto no existe y lo único democrático, son las obligaciones de los ciudadanos. El ciudadano vota cada cuatro años a un programa como digo inexistente, que no viene respaldado por ninguna memoria económica y cuyo cumplimiento no es obligatorio. Ninguna consecuencia tiene no cumplir el programa.
Este Parlamento tan democrático tiene un poder de disposición prácticamente sin límite, en lo que se refiere al presupuesto, es decir a la cosa pública, al dinero de todos y ello sin ninguna obligación de cubrir ni los servicios esenciales como la Justicia.
Es más, los parlamentarios y los responsables políticos no tienen obligación ni siquiera de reunirse con las partes implicadas en el conflicto y así lo hemos visto en materia de justicia, en la huelga de los LAJ, donde tardaron meses en reunirse a pesar de que los juzgados estaban prácticamente paralizados, con lo que ello supone para los intereses de miles de ciudadanos. Pues no existe ninguna obligación legal que haga posible una reunión en un plazo razonable de tiempo, para tratar sobre los temas en conflicto o en cuestión
Recientemente los abogados hemos convocado una huelga, tenemos graves problemas ya históricos en relación a la dotación del turno de oficio, donde se nos imponen una serie de obligaciones y no se nos con reconoce prácticamente ningún derecho.
A modo de ejemplo cobramos una media de doscientos euros por expediente de la que se nos retiene un 15%, y con esa cantidad tenemos que afrontar nosotros los gastos de Seguridad Social o los gastos de cobertura social, la gasolina, el transporte, las dietas etcétera, ello por cada procedimiento que dura años y donde se debaten intereses de los ciudadanos.
La dotación presupuestaria para propaganda institucional ha sido de cerca 300 millones de euros al año y el gasto solo de personal en TV públicas de cerca de 1000 millones de euros al año, entre la nacional y las autonómicas.
Para el turno oficio de toda España donde atendemos a más de un millón de ciudadanos al año el gasto es de unos 300 millones de euros al año.
Democracia le llaman a un país que gestiona así sus servicios esenciales y sin control del dinero público, que realiza programas electorales alegremente que no tienen obligación de cumplirse y donde los parlamentarios a diferencia del resto de los trabajadores, ya no tiene ninguna obligación con la ciudadanía. No tienen ni que ir al Parlamento.
Tampoco tienen ninguna obligación democrática y aprueban leyes con “atajos” manifiestamente irregulares, para saltarse los controles preceptivos, aunque no vinculantes, de organismos independientes como el CGPJ y demás instituciones e impedir que puedan participar en la formación de leyes y emitir sus informes para que no les afee el incumplimiento de los mismos.
Estamos estancados en instituciones cuyo funcionamiento se han mantenido pensando en gente quien las ocupaba, cumpliera con los criterios de buena fe y servicio público sin prever que sus ocupantes iban a tener una configuración moral muy lejana al servicio de la ciudadanía y de la sociedad.
LA ABOGACÍA EN EL ESTADO ACTUAL
Y dentro de este ambiente tan democrático la Abogacía, que es un motor del desarrollo de los derechos de los ciudadanos, pinta muy poco, como no puede ser de otra forma con la actual conciencia democrática y en el entorno que nos movemos.
Se ve en la poca relevancia que tiene a la hora de elegir a los miembros del CGPJ, donde no hay ni un representante de la Abogacía. Se palpa también en el maltrato histórico al Turno de oficio ya que los LAG, al menos, han conseguido sus pretensiones y se han unido con el ministerio, mientras que nosotros a pesar de los cerca de 20.000 abogados presentes en la última manifestación del pasado 28 de septiembre, no hemos logrado que ni el Ministerio de Justicia ni el de Seguridad Social, se ponga en contacto con algún representante válido del sector.
Ya en el discurso de apertura del año judicial que mantuvo la nueva presidenta cuyo nombre no recuerdo, si bien mostraba su satisfacción por haberse nombrado por primera vez en la historia, a una mujer como presidenta del CGPJ, a lo largo de su discurso quiso hacer un reconocimiento al papel de las mujeres en “el mundo de la justicia “haciendo un esfuerzo por nombrar a todas las que consideraba relevantes.
Pero no llegó a nombrar en ese “mundo de la justicia” a las mujeres abogadas, a pesar de que recordó desde las fiscales, juezas, la secretarias, tramitadoras, gestoras… etc., etcétera, pero no a las abogadas, que no estaban presentes en su conciencia, de las que no se pudo acordar.
Una prueba más de que no se nos tiene en cuenta lo suficiente y como digo a pesar de ser un motor importante en el desarrollo de los derechos de la ciudadanía y estar a diario en los tribunales para hacer Justicia.
Cierto que no decidimos, pero nuestro papel no es menor y estamos en primera línea con los ciudadanos a los que vemos la cara, hablamos, escuchamos y configuramos la defensa de sus intereses de la mejor manera posible para hacer Justicia, al menos una mención que recuerde que existimos y reconozca nuestra importante labor histórica y actual.
Como consecuencia en un estado dormido con una democracia formal y de poca calidad, con una educación social pobre en principios y derechos y obligaciones democráticas, y prueba de ello es que la CE no se estudia aún en los centros educativos, es normal que la Abogacía no tenga mucho protagonismo.
Sin embargo su valor real, se le reconozca o no, es absolutamente esencial siendo un verdadero motor del desarrollo de los derechos fundamentales de la ciudadanía y aquellos a los que les importa, de los que no olvidaré su nombre y es posible que sus apellidos, lo saben perfectamente, lo que ocurre es que a veces no están en las instituciones o permanecen callados, demasiado para mi gusto.
El derecho a ejercer la profesión con dignidad y a jubilarnos también con dignidad, es un derecho demasiado evidente en un país democrático.
Esperemos llegar a un nivel democrático suficiente y adecuado para que se reconozcan estos derechos y podamos ver una Administración de Justicia funcionando en condiciones dignas para los que trabajamos en ella, también la Abogacía.
Ello significará que los ciudadanos tienen, tenemos por fin, servicios públicos de Justicia de calidad donde podemos continuar en el camino largo todavía, de defender y desarrollar nuestros derechos fundamentales.
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