Opinión | Sobre las relaciones de la Administración de Justicia y la DANA

El Código Deontológico de la Abogacía Española dedica uno de sus pocos artículos, el 10, a tratar de las relaciones con los Tribunales. También lo hace nuestro Estatuto General, artículos 55 a 58, estableciendo un deber general de cooperación.

Conforme a esas normas, es necesario configurar nuestra profesión como una ocupación destinada a hacer efectivos los fines de la Justicia, sin que la tutela de los intereses confiados por nuestros clientes pueda justificar la desviación de esos fines.

Ello explica que nuestras normas profesionales nos obliguen respecto de la Administración de Justicia a actuar con buena fe, lealtad y respeto, así como a cumplir los fines de esa Administración.

Esas mismas normas nos indican también que debemos exigir el mismo y recíproco respeto y comportamiento a todos cuanto intervienen en la Administración de Justicia.

Por ello, es difícil entender, en más ocasiones de las que serían deseables, ciertas actitudes de quienes, de una u otra manera, representan a esa Administración y no parecen estar en el mismo mundo que la mayoría de los ciudadanos.

Ya aludía a esta cuestión Miquel Roca Junyent cuando decía que, mientras el legislador define el marco normativo de la convivencia y los jueces y magistrados corrigen las situaciones en que la norma no es respetada, sin los abogados la justicia no sería posible: sólo ellos acercan al ciudadano a la justicia y sólo ellos contrastan con la realidad los límites y la eficacia de la norma.

Esto determina la responsabilidad de la Abogacía para con la ciudadanía, y la especial relación que nos une a ella, al atenderla, además, en situaciones de especial necesidad. Y en toda necesidad, no sólo cuando acuden a un despacho por una cuestión jurídica.

AUSENCIA DE REACCIÓN

Escribo estas líneas mientras mis compañeros de Valencia llevan días luchando por lograr algo tan sencillo como es la aplicación del sentido común a una situación dramática, determinada por una DANA que ha provocado cientos de muertos y dejado a miles de nuestros conciudadanos en una situación espantosa, una pesadilla real.

Una pesadilla que alcanza a la provincia que integra mi Colegio, en la localidad de Letur, lo que hace que todos compartamos su sufrimiento.

A la desesperación por la situación, se une la de nuestros compañeros por la ausencia de reacción por parte de aquellos que deberían estar mínimamente atentos a las necesidades de las personas a las que, en definitiva, deben servir.

Así, en una situación en la que la tragedia no puede obviarse, en la que los desplazamientos son inviables, en la que se carece no ya de simples comunicaciones telemáticas, sino de energía eléctrica o de mínimas condiciones de salubridad, los compañeros de Valencia han tenido que solicitar expresamente que se declare jurisdiccionalmente inhábil la semana del 4 al 10 de noviembre, así como la suspensión de los señalamientos y vistas en dichas fechas.

Algo que debería haber sido adoptado de forma inmediata, sin más, ha tenido que ser solicitado, y me consta con empeño, por la Abogacía, porque con la Valenciana estaba toda la que integra nuestro país.

Y, una vez hecho, esperar a ver que se decide.

Uno entiende que algunas cosas han de reflexionarse y pensar en las consecuencias de adoptar una solución, pero a veces, especialmente ante situaciones de esta gravedad, la evidencia hace inexcusable la ignorancia.

COMPAÑEROS AFECTADOS EN VALENCIA QUE NO PUEDEN EJERCER

Decía mi compañero Decano de Valencia, José Soriano, aparte la situación de todos los ciudadanos afectados, que hay compañeros de la provincia de Valencia que no pueden ejercer en la provincia ni fuera de ella y compañeros de fuera de la provincia de Valencia que no pueden acceder a ella.

Y ante algo tan evidente, por las circunstancias concurrentes, no sólo se hace necesario que se solicite, sino, siguiendo el trámite, esperar a ver si se acuerda.

Finalmente, tras horas de espera, se adoptó por el TSJ de la Comunidad Valenciana un acuerdo en el que se establece una presunción de imposibilidad en la inasistencia a señalamientos que originará la suspensión, así como la exclusión en el cómputo de plazos de los días 4 a 10 de noviembre.

En una Administración de Justicia que tarda años en resolver sus asuntos, aludiendo, para salvar aquello de que una justicia tardía no es justicia, a la falta de medios materiales y humanos, la inmediata suspensión de señalamientos y del cómputo de plazos, durante el prudencial plazo de una semana, no debería ser algo que exigiese demasiada deliberación en unas circunstancias tan extraordinariamente terribles como las que han ocurrido y por las que están pasando nuestros conciudadanos.

Hay días en que debemos ser críticos con nosotros, para intentar mejorar y proporcionar una mejor defensa a la ciudadanía. Otros días tenemos que procurar unirnos para que las condiciones de prestación de nuestros servicios mejoren en interés nuestro y de nuestros clientes.

Pero también hay días en que debemos sentirnos orgullosos de la Abogacía cuando se entrega al servicio de aquellos a quienes sirve, de un modo empático y solidario.

Se hace día a día proporcionando los servicios del turno de oficio, pero también se hace de modo inmediato cuando circunstancias extraordinarias lo requieren.

Como lo hicieron nuestros compañeros de Murcia con ocasión del terremoto de Lorca, como lo hicieron nuestros compañeros de La Palma con ocasión de la erupción del volcán, como lo hacen nuestros compañeros que ven sus playas llenas de inmigrantes con derechos que defender y como lo hacen estos días nuestros compañeros de Valencia, atendiendo a lo más básico de sus conciudadanos, a las necesidades vitales que se ven imposibilitados de cubrir, así como a todo aquello que, en el ámbito profesional, precisen cuando las cosas alcancen cierta normalidad.

Mientras tanto, estarán con ellos para lo que necesiten.

Hoy comprendo mejor que nunca las palabras de Roca Junyent. Y no sólo en el sentido de que la abogacía acerca al ciudadano a la Justicia, sino en el de que la Abogacía está siempre con la ciudadanía, atendiendo a sus necesidades.

Decía Carlos Carnicer que en cada despacho de abogados hay una oficina de derechos humanos.

Ante situaciones como las que nos encontramos es evidente que no hay derecho, ni justicia, sin humanidad.

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