Salvador González Martín, presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), ha articulado la petición formal presentada ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo con argumentos que destacan la vulneración de varios principios y normativas de la Unión Europea que protegen el derecho a una pensión digna y la igualdad de trato.
La argumentación de González se centra en la insuficiencia de las pensiones proporcionadas por las Mutualidades de la Abogacía, que no garantizan un ingreso mínimo adecuado durante la jubilación.
“Los abogados mutualistas se ven perjudicados porque sus aportaciones, basadas en un sistema de capitalización individual, no aseguran una pensión digna”, señala el presidente del CGAE.
Esta situación contrasta con los beneficios del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), que garantiza prestaciones mínimas y complementos por mínimos.
González subraya que este desajuste supone una infracción del Reglamento (CE) No 883/2004, el cual coordina los sistemas de seguridad social en la UE y protege la libertad de circulación y establecimiento de los trabajadores.
Además, apunta que España no ha cumplido con la Resolución del Parlamento Europeo del 14 de enero de 2014, que urge a los Estados miembros a “garantizar una protección social fuerte, sostenible y adecuada para todos, basada en los principios del acceso universal y la no discriminación”.
Un aspecto especialmente relevante es la discriminación por género inherente al sistema mutualista.
Las pensiones de las mujeres, explica González, son menores debido a la aplicación de tablas actuariales que tienen en cuenta su mayor expectativa de vida.
“La pensión de jubilación en el sistema público no se ve reducida para la mujer por razón de su mayor supervivencia, como sí ocurre en el sistema de pensiones de las Mutualidades”, argumenta, lo que contraviene la Directiva 2004/113/CE del Consejo de la UE, que prohíbe la discriminación de género.
El presidente del CGAE también señala que España ha excluido a las Mutualidades de la Abogacía del “Componente 30” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un marco regulatorio establecido bajo el Reglamento (UE) 2021/241.
“Omitir a las Mutualidades en estas reformas supone una discriminación de facto y de iure contra los mutualistas”, enfatiza González.
Esta omisión, según argumenta, infringe los artículos 48 y 153 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que obligan a los Estados miembros a proteger la acumulación de periodos cotizados y garantizar la protección social.
“El acceso a la Seguridad Social es un derecho fundamental”, recuerda González, citando la Resolución de 2014 del Parlamento Europeo.
España, al no permitir que los mutualistas opten por transferir sus aportaciones al RETA y acceder a los derechos adquiridos, está ignorando estos principios y aumentando el riesgo de pobreza en la jubilación.
El CGAE, en síntesis, solicita al Parlamento Europeo que investigue y proponga medidas para resolver esta situación.
Entre las propuestas se incluyen la organización de una visita a España para evaluar la situación y la presentación de preguntas a la Comisión Europea sobre por qué las Mutualidades fueron excluidas del Plan de Recuperación.
“Esta discriminación atenta contra los principios de igualdad y dignidad consagrados en el derecho de la Unión Europea”, concluye González.
