Un paso adelante para la dignificación del Turno de Oficio en Madrid

El convenio de legislatura firmado entre el ICAM y la Comunidad de Madrid -suscrito también por el Colegio de Procuradores y el Colegio de la Abogacía de Alcalá de Henares-, marca un punto de inflexión en la defensa y mejora de las condiciones de los abogados del Turno de Oficio.

Por primera vez, se ha logrado que el Gobierno regional se comprometa a un incremento progresivo de los baremos de retribución para los próximos tres años, garantizando un aumento total del 13% hasta 2027.

Se trata de una subida significativa que se distribuirá de forma progresiva, buscando asegurar que los baremos superen el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Todo ello, manteniendo el compromiso por parte de la Comunidad de Madrid de seguir abonando las actuaciones realizadas en aquellos supuestos en que la solicitud de justicia gratuita ha sido archivada o denegada, así como las actuaciones en la jurisdicción penal en defensa de personas jurídicas cuando la designación se produce a requerimiento judicial.

Es necesario destacar que la Comunidad de Madrid garantiza así una actualización de baremos que no va a estar contemplada en la nueva Ley Orgánica del Derecho de Defensa, al decaer en el Senado la enmienda que desde el ICAM defendimos y que así lo recogía.

Más allá de cifras y porcentajes, este acuerdo representa un cambio profundo en la manera en que se valora la labor de los abogados del turno de oficio.

Este avance es mucho más que un reajuste económico que llevamos años esperando: supone iniciar una nueva senda hacia el reconocimiento de una labor esencial que sostiene el derecho a la justicia gratuita y accesible para todos los ciudadanos.

A lo largo de los próximos años veremos cómo este convenio repercute directamente en las condiciones de trabajo de nuestros compañeros y compañeras de oficio.

Aumento de las retribuciones

Además de los incrementos en los baremos, el convenio incluye otras mejoras fundamentales.

Por ejemplo, el acuerdo establece la remuneración de actuaciones que antes no estaban cubiertas, como las medidas provisionales en procedimientos de familia o las comparecencias para internamiento de menores. Estos servicios son especialmente exigentes y complejos, y su inclusión en el baremo representa una conquista que, además de hacer justicia a la labor realizada, permite recibir la compensación que les corresponde.

Otro de los avances que a resaltar es el aumento en las retribuciones para el servicio de guardia en días festivos señalados, como Navidad, Año Nuevo y Reyes. Esto no solo responde a una demanda histórica de la abogacía de oficio, sino que también refleja un reconocimiento al sacrificio personal y profesional que implica prestar servicio en esas fechas.

A partir de ahora, estos días serán retribuidos de una manera más justa, dignificando un esfuerzo que contribuye a la continuidad del acceso a la justicia en cualquier momento del año.

Este compromiso llega en un momento en el que la asistencia jurídica gratuita se encuentra en plena expansión: las solicitudes de ayuda han aumentado, al igual que las designaciones y las asistencias.

Solo en lo que llevamos de 2024, se ha producido un incremento del 4% en las solicitudes de asistencia jurídica gratuita, las designaciones han aumentado un 7% y las asistencias prestadas, un 11%. Cifras que avalan la inaplazable necesidad de dignificar la labor que asumen los más 5.000 profesionales que prestan este servicio esencial en defensa de los más vulnerables.

Esta demanda creciente no hace más que evidenciar la urgencia de dotar a los profesionales del Turno de Oficio de condiciones que reflejen la importancia de su trabajo y que reconozcan la carga que asumen para garantizar la efectividad de un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución como es el derecho al acceso a la justicia con independencia de los recursos económicos del ciudadano.

Mejoras logísticas y de modernización

Por eso, además de la subida en los baremos, este acuerdo incorpora mejoras significativas que muchos abogados de oficio venían solicitando desde hace años. El convenio firmado también introduce mejoras logísticas y de modernización que resultan clave para optimizar el servicio.

La digitalización del acceso al expediente judicial, la mejora en la comunicación con los órganos judiciales y la habilitación de estacionamientos en las sedes judiciales para los profesionales de guardia son medidas que facilitarán el desempeño de los profesionales del Turno de Oficio, permitiéndoles realizar su trabajo de forma más ágil y eficiente.

La subida que hemos conseguido es resultado de un complejo esfuerzo y diálogo. No podemos olvidar que el convenio también aborda la necesidad de una mayor dotación presupuestaria para la justicia gratuita, aumentando de 56 millones de euros en 2024 a 66,6 millones en 2027, lo cual supone un incremento del 18,32%.

Este aumento de recursos permitirá que las mejoras acordadas se sostengan en el tiempo y que los abogados de oficio cuenten con las condiciones adecuadas para desarrollar su labor.

Es un esfuerzo considerable en términos económicos, y supone un compromiso real y tangible de la Comunidad de Madrid con la justicia gratuita.

Finalmente, confiamos en que la Comunidad de Madrid encuentre una solución para agilizar el pago de las actuaciones que tengan lugar desde que finalice el presupuesto actual, a finales de este año, y se libere el del próximo ejercicio, hacia el mes de abril.

Esperamos que llegue algún tipo de solución para evitar que los compañeros tengan que estar cinco meses sin cobrar las actuaciones.

El Turno de Oficio, mucho más que un servicio

El Turno de Oficio es mucho más que un servicio; es una institución jurídica que garantiza el acceso igualitario a la justicia, respaldada por el artículo 119 de nuestra Constitución y por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996.

Estas normas reafirman el compromiso del Estado y las Administraciones Públicas con la justicia gratuita para aquellos que no pueden costearla, asegurando que ningún ciudadano quede privado de su derecho de defensa por motivos económicos.

El convenio de legislatura firmado entre el ICAM y la Comunidad de Madrid es un paso fundamental para fortalecer esta misión, mejorando las condiciones de los abogados y abogadas que, con su dedicación y profesionalidad, hacen posible que el derecho a la tutela judicial efectiva sea una realidad accesible y equitativa para todos.

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