La Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) ha calificado de «fracaso» las demandas colectivas en España porque pueden llegar a estar «estancadas» en los tribunales hasta 8 años, lo que trae consigo la lentitud de la Justicia.
Consideran que es un tipo de procedimiento que no funciona por su desconocimiento en los tribunales y la falta de recursos para su efectiva aplicación. «Las asociaciones de consumidores tenían sus esperanzas puestas en la transposición de la Directiva relativa a las acciones de representación, sin embargo,
no conformes con un retraso de casi dos años en su transposición, el Congreso acaba de retirar su tramitación para volver a empezar de cero».
Y es que, España es uno de los cuatro países de la Unión Europea junto con Francia, Estonia y Bulgaria que acumula dos años de retraso en transponer la Directiva de acciones de representación colectiva, cuyo plazo venció el 25 de diciembre de 2022, y que entró en vigor el 25 de junio de 2023, detallan desde ASUFIN, presidido por Patricia Suárez.
De modo que consideran urgente la transposición de esta Directiva dado que su experiencia en acciones colectivas es frustrante para el consumidor. En su caso, explican que de la veintena de procedimientos que han impulsado, sólo han finalizado cuatro. Algunos interpuestos en 2016 y 2017 todavía no se han resuelto.
Un ejemplo es la demanda colectiva contra Bankinter por la hipoteca multidivisa, admitida a trámite el 17 de mayo de 2016. «Apenas hemos recibido la sentencia de primera instancia. El banco sin ninguna duda agotará todas las instancias, hasta el Tribunal Supremo, lo que supondrá otros 4 años más hasta tener la resolución definitiva», señalan. Por lo que muchos afectados decidieron acudir a la vía individual.
Sobre la directiva
En España, el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que contenía la transposición de esta Directiva, se ha quedado listo para su aprobación en el Pleno del Congreso, «pero sin la parte correspondiente a las acciones colectivas, que ha sido retirada por falta de acuerdo«.
Desde ASUFIN relatan que la obligación de transposición permanece, así que los diferentes grupos tendrán que seguir buscando un acuerdo para lograr el consenso que lleve a la aprobación de un sistema eficaz de acciones colectivas para nuestro país.
«Es urgente entender que los pleitos se tienen que poder presentar de forma colectiva y que la tramitación de estos no puede sufrir los retrasos que vemos actualmente. Esto permitirá liberar a los juzgados civiles y mercantiles del atasco que sufren, con miles de casos de afectados particulares. Instamos por ello al Gobierno y a los partidos políticos a que retomen las negociaciones para que esta herramienta tan necesaria para combatir los abusos se apruebe lo antes posible en nuestro país».
