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Opinión | Estrategias malévolas contra los jueces
El columnista, José María Torras Coll, aborda la crisis política en la que se encuentran miembros del gobierno y personas relacionadas y cómo se intenta revertirla actuando mediáticamente contra los jueces. Foto: Confilegal.
02/12/2024 05:35
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Actualizado: 02/12/2024 00:07
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Asistimos a una gravísima crisis institucional sin precedentes en nuestra reciente historia democrática.
Proliferan por doquier las investigaciones por presuntos delitos orbitados en la corrupción, tráfico de influencias, cohecho, malversación de caudales públicos, etc., y el delito de descubrimiento y revelación de secretos, entre otros.
Tienen que rendir cuentas ante la Justicia la esposa del Presidente del Gobierno, su hermano, un exministro y altos cargos del Partido Socialista y sus adláteres.
Sin ir más lejos, algo inaudito e insólito: el propio Fiscal General del Estado —que no dimite y se mantiene atrincherado en el cargo con grave coste reputacional institucional— está siendo investigado ante el Tribunal Supremo, por ser aforado.
En esa causa, el Colegio de la Abogacía de Madrid, personado en el procedimiento, ha solicitado al magistrado instructor que llame a declarar a Pilar Sánchez Acera en calidad de investigada, siendo que fue jefa de Gabinete del Jefe de Gabinete del Presidente del Gobierno con ocasión de enviar a Juan Lobato, a través de mensajería instantánea (WhatsApp), la carta o escrito de confesión del novio de Isabel Ayuso para alcanzar un acuerdo de conformidad con Fiscalía, a fin de evitar la denuncia por presunto delito fiscal.
Un documento sujeto a reserva, al deber de confidencialidad, que sólo podía tener el abogado del señor González Amador o la Fiscalía.
Ni que decir tiene que la probable evidencia de que dicha asesora de la Moncloa hubiera tenido acceso a ese documento a través de alguien de la Fiscalía General del Estado —cuyo Fiscal General está siendo investigado por presunto delito de revelación de secretos— es lo que ha determinado e impulsado al ICAM a presentar dicha solicitud, que, de ser admitida por el instructor, abre un panorama procesal muy complicado para el investigado y que, a la postre, puede llegar a salpicar a otros altos cargos del Gobierno.
El Poder Judicial es el único que carece de control político. Es independiente, sujeto al imperio de la Ley, y está profesionalizado, dotado de juristas de élite.
Los jueces y magistrados acceden a través de oposición libre —exigentes y duras pruebas con un largo proceso evaluativo de preparación y formación— y concurso de méritos —con dictámenes complejos— que garantizan los principios de igualdad, méritos y capacidad.
DESACREDITAR A LOS JUECES CON AFIRMACIONES FALACES
En ese contexto, detectamos inquietantes, perturbadoras y perversas estrategias encaminadas a intoxicar, a desacreditar y a desprestigiar a jueces y magistrados con afirmaciones insensatas y falaces, como la sistémica letanía de que los jueces son de procedencia o extracción social burguesa o la endogamia judicial, cuando lo cierto es que, estadísticamente, sólo un 5 % tiene algún pariente vinculado al mundo judicial.
Pero, además, ¿qué hay de malo en que un hijo o hija siga la saga de sus progenitores? ¿Acaso el hijo de un médico, de un abogado, de un arquitecto, de un ingeniero, de un farmacéutico, de un periodista, de un policía, de un inspector de Hacienda, de un registrador de la propiedad, de un abogado del Estado, de un profesor universitario, de un notario, de un miembro de la Carrera Diplomática no puede cursar los mismos estudios que sus ancestros, hermanos, tíos, abuelos, etc.?
¿Alguien, en su sano juicio, cree que el hijo de un aristócrata, formado en colegios de élite —college, school— en el extranjero, va a opositar a la Carrera Judicial, conformándose con un estatus social y un sueldo infinitamente inferior a sus razonables expectativas sociales, económicas y profesionales, muy superiores?
Muchos miembros de la carrera judicial son hijos de obreros o procedentes de clase media o humilde.
Alguno de ellos, con el acendrado sacrificio de su familia y tremendos e ímprobos, a veces hercúleos y titánicos, esfuerzos, y con enorme e incondicional vocación de servicio, ha llegado a la cúspide de la carrera judicial, al Tribunal Supremo e, incluso, algún que otro ha recalado en el Tribunal Constitucional.
«¿Alguien, en su sano juicio, cree que el hijo de un aristócrata, formado en colegios de élite —college, school— en el extranjero, va a opositar a la Carrera Judicial, conformándose con un estatus social y un sueldo infinitamente inferior a sus razonables expectativas sociales, económicas y profesionales, muy superiores?».
Puede ello contrastarse. Pero, seguramente, ese dato no interesa que se sepa; se oculta deliberadamente del conocimiento de la denominada, por algún escritor, masa cretina.
Conviene difundirlo: un opositor con escasos recursos económicos puede opositar becado, y existen preparadores voluntarios que no perciben retribución y que son proporcionados por Asociaciones Judiciales.
Basta con rellenar un formulario online.
En esa malévola, perversa estrategia de sembrar el desprestigio y alimentar la desconfianza y el descrédito, un mediático catedrático de Procesal publicó en un periódico de tirada estatal un pérfido y tendencioso artículo que va en esa línea del ventilador, aseverando con paladina futilidad y gratuidad que los jueces deciden por mera intuición.
Resulta inaudita e inaceptable tal aserción, cuando debe saber sobradamente, por su oficio y maestría —se le presupone que ha leído sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales, por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional— que el nivel de exigencia, en cuanto al inexcusable e indeclinable deber de motivación de las resoluciones judiciales en nuestro sistema judicial, es uno de los más rigurosos de muchos países.
Admirado y, diríase, hasta envidiado, por magistrados de nuestro entorno y de otras latitudes, con ocasión de las estancias realizadas en sedes judiciales españolas, en períodos de formación o de intercambio.
Repárese en que un político no oposita, ni se somete a un concurso de méritos, ni siquiera se le pide una licenciatura o grado universitario, ni tan siquiera acreditar que tenga capacidad de gestión contrastada y de resolución ante situaciones de emergencia.
¿Qué es lo que se persigue con ese tendencioso recurso a la falacidad, con propagar, propalar, esparcir infundios, embustes, patrañas, bulos?
¿Suprimir las oposiciones para crear un sistema clientelar?
¿Colocar a servidores, hasta puede que “ninis”, afines al partido que gobierna?
«Repárese en que un político no oposita, ni se somete a un concurso de méritos, ni siquiera se le pide una licenciatura o grado universitario, ni tan siquiera acreditar que tenga capacidad de gestión contrastada y de resolución ante situaciones de emergencia».
Es decir, monopolizar, colonizar e ideologizar, acaparar todos los poderes del omnímodo Estado, cada vez más fallido, aniquilando la languideciente democracia ante un pueblo cada vez más entregado, apesebrado, acrítico, indefenso y anestesiado.
La Administración de Justicia, con manifiesta y endémica carencia e insuficiencia de recursos humanos —convocatorias de oposiciones con un número muy reducido de plazas, en contemplación a las necesidades de cobertura— que ni siquiera van a cubrir las vacantes vegetativas, es decir, garantizar el relevo generacional que en los próximos años alcanzará a muchas plazas, y con escasos medios materiales —por la lacerante pasividad y lastrada por la omitente voluntad política— es el último baluarte que le queda al ciudadano para defender sus garantías, derechos y libertades, que pueden quedar seriamente amenazadas.
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