Este 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Personas cuyas necesidades judiciales aún parecen estar pendientes de resolver, en muchas ocasiones. Y es que, a pesar de mejoras en la normativa, como es la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, aún quedan muchos aspectos para conseguir una igualdad efectiva. Especialmente, en la accesibilidad a la Justicia y al entendimiento de los procesos judiciales.
El pasado mes de enero, se producía la aprobación de la reforma del artículo 49 de la Constitución española en el pleno extraordinario del Congreso de los Diputados. Un cambio normativo en el que se ampliaban los derechos de las personas con discapacidad. Y, del mismo modo, se eliminaba del texto la expresión «disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos».
«Sitúa a España a la vanguardia del constitucionalismo social en Europa», destacaban estos días diversos expertos, en la presentación de la obra ‘La reforma del artículo 49 de la Constitución Española’ en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.
Cambios en defensa y derecho de las personas con discapacidad que, sin embargo, aún no son suficientes. Especialmente, en el campo de la Justicia. Y es que tanto las personas con discapacidad física como psíquica siguen teniendo dificultades de acceso judicial.
«Pese a lo que dice la Ley pueden existir barreras físicas en algunos Juzgados, aunque cada vez son menos y se van haciendo las adaptaciones. A nivel comunicativo, la ausencia de intérpretes de signos o falta de documentos accesibles puede generar problemas (hay pero a veces se puede suspender un juicio por falta de personal, inasistencia…). Por último, la jerga judicial puede hacer difícil comprender resoluciones o sentencias por su tecnicismo«, destaca, en este sentido, Jorge Campmany Vilaseca, CEO Director de Campmany Abogados.
Los abogados, una pieza judicial clave para personas con discapacidad
Así pues, las «barreras» parecen seguir existiendo. Ello, a pesar de que, tal y como explica el abogado a Confilegal, la normativa para paliar esta situación siga creciendo.
Una normativa que se centra, especialmente, en la Ley 8/2021, de 2 de junio. Ley «que reforma la legislación civil y procesal. Con la intención de promover el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica y la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia». destaca Campmany.
Regulación a la que se sumaba recientemente la Ley 15/2022. Normativa centrada en «la igualdad de trato y la no discriminación, que se aplica a la Administración de Justicia·. Norma que «se inspira en la accesibilidad universal, entendida, asumida y aplicada en todas sus vertientes: física, cognitiva, actitudinal y de comunicación».
Sin embargo, no siempre esta realidad se cumple para las personas con discapacidad. Especialmente, en el terreno de la Justicia. Algo ante lo que el abogado asegura que es importante que se capacite a jueces, fiscales y abogados «en una comunicación accesible».
«Me consta que hay algunos cursos desde el CGPJ sensibilizando sobre la circunstancia», asegura a Confilegal. Sin embargo, en otras jurisdicciones, esta realidad «no se tiene en consideración».
Algo ante lo que la solución, para el abogado y CEO de Campmanu Abogados, es clara: el uso de un lenguaje claro y sencillo, y una «simplificación» de la Justicia en sus trámites.
«La simplificación de los procesos judiciales es básica. Así como, en el caso de la justicia gratuita, se pueda contar con el apoyo de un facilitador que ayude tanto a los profesionales legales como a la propia persona con discapacidad. Ello, a los efectos de que pueda recibir un servicio teniendo en cuenta sus circunstancias», asegura.
