En el actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se sientan doce jueces. Y, entre los restantes ocho juristas de reconocida competencia, hay profesores universitarios, fiscales, letrados de la administración de justicia, letrados de las Cortes e incluso alguien que lo más cerca que ha estado de un juzgado es cuando pasó por delante de uno camino de su casa.
No figura en esa larga nómina ningún abogado en ejercicio, pese a que en la mismísima Exposición de Motivos de la Ley Orgánica del Poder Judicial se les reserve la dirección y defensa de las partes, “pues a ellos corresponde garantizar la asistencia jurídica al ciudadano en el proceso”, y nada menos que la “asistencia letrada expresamente reconocida por la Constitución”.
La ausencia de los letrados en el órgano de gobierno judicial es como si en la gestión de un hospital no se quisiera contar con determinados médicos que trabajan en él. Si hay alguien que comparta con el juez las vicisitudes de lo que se cuece en un tribunal de justicia es el abogado, al que no parece cabal apartar de la máxima instancia del poder judicial.
Abogados -y procuradores, que no me olvido de ellos- debieran siempre tener su hueco reservado en esas estructuras pensadas para un mejor funcionamiento de la administración de justicia. Así ha sucedido en el pasado, en que entre los vocales del Consejo se contaba con la autorizada voz de la abogacía o la procura.
Que eso no suceda hoy es, sin duda, un error manifiesto. Más aún: un despropósito, porque si hay alguien que conoce al dedillo el día a día de los juzgados y tribunales, sus disfunciones y vías de mejora, son estos profesionales del derecho, que convierten en su modo de vida recorrer con sus togas las salas de vista.
La actual configuración del CGPJ, guiada por el mismo patrón de reparto de cromos entre fuerzas parlamentarias y asociaciones judiciales, debiera de haber previsto la presencia de los letrados en su seno.
Es imperdonable ese fallo, en el que ha podido tener su culpa desde la abogacía institucional hasta los partidos políticos, pasando por quienes han tenido arte o parte en la selección de los miembros del Consejo, incapaces todos ellos de prever algo tan elemental, como es la participación de al menos algún abogado en él.
Cierto que ayuda poco que de un tiempo a esta parte se haya contemplado como de dedicación exclusiva la función de los vocales del CGPJ, lo que complica a los letrados compatibilizar su profesión libre con dicha tarea institucional, pero estoy seguro que más de uno aceptaría dejar por unos años su despacho para poder contribuir a un mejor presente y futuro del poder judicial.
Lo dicho: un Consejo del Poder Judicial sin abogados es como una gestión hospitalaria que no tiene en cuenta a los sanitarios que trabajan en sus plantas, imprescindibles para su labor cotidiana.
