Asufin ha informado este lunes de que ha denunciado a España ante las autoridades europeas por el retraso en la transposición de la Directiva de acciones de representación colectiva (Directiva 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2020), por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE.
Para ello, ha contado con el apoyo de la Organización Europea de Consumo (BEUC, por sus siglas en inglés).
Asufin explica que esta directiva debía haberse transpuesto hace 24 meses; en concreto, el diciembre de 2022. «Pero el Gobierno ha permitido que se paralice su tramitación en el Congreso, lo que implica un incremento en el retraso que hace imprevisible la fecha definitiva de su transposición», ha señalado Asufin.
Ha recordado que la Comisión Europea tiene como mandato garantizar un cumplimiento homogéneo del derecho de la UE en todo el territorio de la Unión, por lo que la falta de transposición en plazo «quebranta» el ordenamiento jurídico europeo.
«Nos dirigimos a esta instancia con el objetivo de que pida al Estado español su transposición inmediata», añade.
Asimismo, ha criticado, más allá de la demora en la aprobación, que el Gobierno «haya decidido retirar el texto de la tramitación parlamentaria» por acuerdo con otros partidos políticos, lo que para Asufin supone que, en la práctica, sea «materialmente imposible» que se tramite y apruebe la transposición de la Directiva en 2024 y que, salvo que se tomen medidas de urgencia, «podría demorarse un año más».
La asociación ha afirmado que la regulación actual española de las acciones colectivas es «deficitaria» y ha puesto como ejemplo el caso de las cláusulas suelo»: «El propio Tribunal Supremo se ha visto incluso en la tesitura de consultar al Tribunal de Justicia de la UE, sobre su propia interpretación de este medio de litigación con efectos sobre determinados consumidores afectados por cláusulas abusivas».
«La insoportable lentitud en la tramitación de acciones colectivas, su deficiente marco legislativo en especial y los propios pronunciamientos al respecto de nuestro Tribunal Supremo, han producido el efecto de disparar el número de litigios individuales sobre una misma cláusula abusiva, lo que sin duda alguna supone un enorme perjuicio sobre el propio consumidor (litigios que se demoran más de 5 años en la primera instancia), pero también sobre la propia administración de justicia y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva», ha apostillado la asociación.
