Mario Garcés Sanagustín, interventor y auditor del Estado, durante su intervención donde habló de igualdad, mérito y capacidad. Foto: Blanca Valdés/Confilegal
Mario Garcés: «igualdad, mérito y capacidad son 3 palabras que desgraciadamente han entrado en decadencia en los últimos años»
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11/12/2024 00:45
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Actualizado: 10/12/2024 22:15
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El Proyecto de Ley de Función Pública está dando de qué hablar. Y es que, según la información disponible, se propone eliminar el precepto que otorga al Gobierno la potestad de modificar o suprimir cuerpos y escalas en un plazo de seis meses tras la entrada en vigor de la ley, así como la “promoción interna horizontal”.
Ello permitiría a los funcionarios cambiar de un cuerpo a otro sin considerar la formación y especialización requeridas en cada caso. Por lo que desde la Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA), la cual reúne a 45 organizaciones de trabajadores públicos en el escalafón más alto de la Administración, advierten de que estas prácticas erosionan los principios de Igualdad, Mérito y Capacidad.
Un asunto que se trató el pasado lunes en un debate que tuvo lugar en la sede del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL), situada a escasos 200 metros de la Puerta del Sol.
Mario Garcés Sanagustín, interventor y auditor del Estado, fue uno de los ponentes. Y quiso expresar su preocupación porque que la igualdad, el mérito y la capacidad son tres palabas que «desgraciadamente han entrado en una decadencia absoluta en los últimos años al haberse reinterpretado».
Durante su intervención, hizo un repaso histórico y recordó que la figura de los funcionarios y los empleos públicos ha existido de manera estable desde tiempos del Imperio Chino, subrayando así la relevancia histórica y el valor esencial de estos principios en la administración pública.
Asimismo, recordó una frase de Juan Bravo Murillo, el cual destacó que, afortunadamente, existían empleados públicos que garantizaban la estabilidad y el conocimiento con personas capacitadas con formación y especialización. Ello con el fin de atender de forma eficiente los diversos servicios que prestan a la ciudadanía.
«Se destroza el sistema tradicional de provisión de funcionarios»
El exdiputado comentó que, si cae la igualdad, el mérito y la capacidad, se está «destrozando el sistema tradicional de provisión de funcionarios». Pero no solamente en España, «sino en cualquier país».
«La igualdad significa igualdad de oportunidades», apuntó. Lo que implica que cualquier persona que quiera estudiar una oposición tenga la posibilidad de hacerlo. Pero lo que no está dispuesto a aceptar es que alguien que ha hecho el esfuerzo de acceder a un cuerpo de la administración se vea diluido en una corriente igualitarista que pretende equiparar a todos, «porque cada uno somos lo que hemos hecho.
Garcés se echa las manos a la cabeza cuando ve que hay fórmulas creativas o imaginativas de acceso a la función pública basadas en superar inicialmente un test de habilidades competenciales. «Eso se llama igualitarismo», comentó. Ello al considerar que los que no pueden acceder «por arriba» intentan mirarles su capacidad y profesionalidad promoviendo sistemas de este tipo.
Desde su punto de vista, esta situación es intentar acabar con la excelencia, la profesionalización y la capacidad en la Administración Pública.
Por otro lado, destacó el valor del mérito, definido como el proceso por el cual, partiendo de un modelo de igualdad de oportunidades, cada persona puede demostrar, a través de su desarrollo profesional, que posee las cualidades necesarias para desempeñar su actividad y que ha acumulado los méritos suficientes para ello.
Subrayó que este reconocimiento puede lograrse mediante diversas vías, como el estudio, el esfuerzo en el trabajo, la promoción interna o la experiencia acumulada en el desempeño de funciones.
También manifestó que los sistemas de selección no deben colectivizarse. Es decir, que los tribunales de oposición y los órganos colegiados sigan conformados por personas que sean capaces de evaluar correctamente tanto en los sistemas de acceso como en los de provisión interna.
Igualdad, mérito y capacidad
La presidenta de FEDECA, Ana Ercoreca, lamentó en la sede de COSITAL, con respecto a este Proyecto de Ley, que no se hubiese producido un diálogo con el Ministerio de Función Pública ante una reforma de tal calado.
Comentó que están abiertos a modificar. Pero no están dispuestos a que «esa modificación rompa con el artículo 103 de la Constitución Española, con la igualdad, con el mérito y con la capacidad que debe prestar el servicio público a los ciudadanos, que son los que se encuentran al final de la ecuación porque no se les puede prestar un servicio de mala calidad».
«Lo que se planteaba era un examen tipo test y, a continuación, una especialización», explicó. Una idea que les ha generado rechazo porque, según detalló, no es lo mismo formarse para ser inspector de hacienda, diplomático o abogado del estado. Para ilustrar su postura, comparó esta situación con la sanidad.
«No entraríamos a operarnos con un médico que no fuera cirujano, que no tuviera toda la formación y que no ofreciera el mejor servicio».
Por lo que apuntó que, para garantizar el futuro de la administración pública, lo que se debe hacer es ofrecer oportunidades a las personas a través de becas.
“En algunos cuerpos ya se están publicando y desde FEDECA somos defensores de ayudar a que gente que, por circunstancias personales o económicas, no pueden dedicarle el tiempo que se merece porque son oposiciones muy exigentes que requieren un mínimo de preparación de a veces, 8 horas al día durante 3 años».
Algo que, compaginarlo con un trabajo por cuenta ajena, es difícil. Por eso lo que Ercoreca resaltó que lo que tienen que ofrecerles a esas personas es un futuro para que el futuro de la Administración Pública siga siendo de buena calidad y eficacia, como señala el citado artículo 103.
Desde FEDECA han hecho unas enmiendas que han presentado a los grupos parlamentarios y han enviado al Ministerio de Función Pública y lo que les preocupa mucho es se pueda suprimir, organizar o modificar cuerpos o escalas que no deben ser modificados si no es en base al acuerdo con las asociaciones y con argumentos jurídicos.
«No se puede hacer una valoración por temas, ni por áreas, ni por zonas, porque no se puede garantizar que esa prestación no vaya a ser realizada con con eficacia», comentó la presidenta.
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