Las empresas españolas afrontan nuevas responsabilidades en derechos humanos y medio ambiente tras la aprobación de una directiva europea sobre diligencia debida. Sin embargo, el debate sobre su implementación aún es incipiente en el sector empresarial.
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, destacó hoy que los abogados deben asumir “un rol crucial, asegurando la implementación de la diligencia debida y el respeto por los derechos humanos por parte de la actividad empresarial”.
Durante la inauguración del XI Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía Española, dedicado este año al respeto de estos derechos en el ámbito empresarial, González ha expuesto la normativa ya en vigor, tanto de carácter internacional como la reciente Directiva Europea de diligencia debida en materia de Sostenibilidad empresarial, para advertir sobre la urgencia de comenzar a trabajar con el tejido empresarial sobre las responsabilidades que han asumido como consecuencia de la nueva regulación, aún pendiente de su trasposición en nuestro país.
Carlos Fernández, catedrático, miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU denunció que “hay muchos casos constatados donde se producen
graves violaciones de derechos humanos a través de esas relaciones comerciales y cadenas de suministro. El Estado tiene que adoptar normas para que los actores no estatales, en España y fuera de España, cumplan los derechos humanos”.
Consecuencias jurídicas de la directiva de diligencia debida
Durante varias sesiones de debate, expertos involucrados en la creación de los principios de la nueva directiva han analizado sus implicaciones legales y cómo las empresas españolas deben adaptarse a ella.
“Necesitamos esta legislación porque lo voluntario no ha funcionado. Nuestras empresas, al irse a otros territorios, rebajaban de forma sistemática sus estándares y su manera de actuar. Hay un gran número de personas realizando trabajo forzoso, la deforestación ha arrasado enormes áreas en el mundo…”, denunció Amaya Acero, coordinadora de la Plataforma por Empresas Responsables.
Alejandro García, consejero político del Grupo S&D en el Parlamento Europeo, destacó que “las empresas tienen ahora la obligación de prevenir, mitigar y reparar su impacto en los derechos humanos y en el medio ambiente. La reparación a las víctimas era una asignatura pendiente”.
Además, subrayó que “todo esto es de aplicación imperativa y, con independencia de dónde haya sucedido el daño, se aplicará la normativa europea. Antes, si el daño ocurría en Bangladesh, se aplicaba el derecho bangladesí; esto ya no será así”.
“La directiva tiene un enfoque basado en el riesgo. Esto significa que las empresas deben abordar los impactos más urgentes dentro de sus posibilidades. Además, cada Estado debe crear una autoridad estatal para vigilar el cumplimiento de la Directiva”, añadió.
Cómo adaptarla en nuestro país
Aunque algunos juristas consideran que las directivas son de aplicación directa, también se ha reflexionado sobre cómo debería el legislador español adaptar esa normativa al entramado legal de nuestro país para dotarla de mayor eficacia.
Países como Alemania, Francia, Países Bajos o Noruega ya cuentan con leyes nacionales que establecen las obligaciones para las empresas en esta materia.
«La directiva no ha cumplido todas nuestras expectativas, pero esperamos que España la transponga en plazo y que se introduzcan nuestras sugerencias para
mejorar la norma», afirmó Acero. “Los legisladores tienen un gran reto por delante. La abogacía tiene que actuar en favor del cumplimiento de la norma y del Estado de Derecho”, aseguró Ana Higuera, directora de la Fundación Fernando Pombo.
Algo en lo que coincidió Victor Pascual, profesor de Icade: “Es una oportunidad única para ser como abogados constructores de la justicia. Estamos ante un
momento histórico, que se apruebe una normativa que obligue a las empresas a cumplir los derechos humanos es para aplaudir y celebrar”.
