El Tribunal Supremo (TS) ha acordado este jueves dejar en suspenso el ‘caso Koldo’ en lo relativo al exministro de Transporte José Luis Ábalos hasta que el Congreso de los Diputados conteste al suplicatorio.
Así consta en el auto, en el que la Sala de lo Penal del Supremo ha acordado enviar formalmente la petición de suplicatorio que reclamó ayer el magistrado instructor, Leopoldo Puente, para que la Cámara Baja suspenda la inmunidad parlamentaria del ahora diputado del Grupo Mixto y pueda continuar con la investigación.
Se prevé que el suplicatorio relativo a Ábalos no se vote en el Congreso antes de mediados de febrero, dado que, conforme a la Constitución, el mes de enero está fuera del periodo ordinario de sesiones.
Cuando la petición llegue formalmente a la Cámara, la Mesa lo remitirá a la Comisión del Estatuto del Diputado, que tendrá 30 días hábiles para presentar una propuesta. En ese plazo deberá dar audiencia al exministro para que se pronuncie y, posteriormente, elevar su conclusión al Pleno, que tiene la última palabra.
El magistrado instructor considera que hay «indicios bastantes» de la comisión de hasta cuatro delitos por parte de Ábalos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Por eso, ayer envió su exposición razonada al presidente de la Sala de lo Penal, que este jueves le ha dado trámite de manera formal para remitir el suplicatorio al Congreso.
«Acreditada en las presentes actuaciones la condición de diputado que ostenta José Luis Ábalos, y analizado el contenido de la exposición razonada elevada por el instructor, debemos dar curso a la petición de suplicatorio y, por consiguiente, pedir al Congreso autorización para dirigir el presente procedimiento y, en su caso, formalizar el instructor la inculpación contra el mencionado Ábalos», señala la Sala de lo Penal.
Según explica en su auto, tal y como recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), «quedarán en suspenso las diligencias de este procedimiento que afecten al citado diputado mientras la Cámara resuelva sobre la autorización solicitada».
Los indicios que pesarían sobre Ábalos
El magistrado Leopoldo Puente acordó reclamar el suplicatorio tras tomar declaración tanto a Ábalos, como al que fuera su asesor ministerial, Koldo García, y al presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, así como en base a la documentación aportada por todos ellos y al resultado de las intervenciones telefónicas y los registros domiciliarios que acordó la Audiencia Nacional (AN).
A su juicio, «existen elementos bastantes» para considerar que Ábalos, «prevaliéndose de su condición de ministro», «y a cambio de determinados beneficios económicos que obtuvo por ello para sí, haber determinado la adjudicación de varios contratos de la administración pública o del sector público institucional con empresas privadas, en el marco de la situación de emergencia determinada por la pandemia del Covid-19, en particular relativos a la adquisición, por vía de urgencia y emergencia, de material sanitario, mascarillas, trajes especiales y laboratorios para identificar vestigios de la enfermedad».
Puente precisó que, de lo investigado hasta ahora, se deducía igualmente que De Aldama, «aprovechando la relación personal que le unía» con Ábalos y Koldo «habría obtenido información previa sobre las necesidades derivadas de la urgencia, lo que le permitió articular una oferta para asegurar la adjudicación del contrato de suministro en favor de la empresa cuyos intereses promovía, Soluciones de Gestión, así como que podría haber obtenido también, antes y después, por un procedimiento semejante, la perfección de otros contratos de empresas y particulares con la administración pública y/o institucional».
En concreto, indicó que Koldo «intervenía activamente en la contratación, gestionaba los contratos de adjudicaciones a las empresas y, al tiempo, realizaba operaciones para ocultar los cobros recibidos de la organización y en las Ábalos también intervenía, personalmente y utilizando los oficios de su asesor en el Ministerio e, indiciariamente, disfrutando de los ilícitos beneficios económicos que tales actuaciones pudieran haberle generado».
