Lucía Sánchez-Ocaña: «La futura ley de información empresarial sobre sostenibilidad supone un cambio de paradigma»

El Hotel Mandarin Oriental Ritz fue ayer el escenario de la tercera edición del Foro de Expertos Confilegal, centrado en el impacto del Proyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad, un desafío clave para el tejido empresarial español. Bajo el título «Auditorías ESG-Financieras y la Inteligencia Artificial: el futuro del sector», el evento reunió a destacados especialistas en el ámbito corporativo y financiero.

El proyecto de ley, enviado al Parlamento el 29 de octubre y registrado el 15 de noviembre, busca transformar la transparencia empresarial, exigiendo a las compañías integrar criterios financieros, ambientales, sociales y de gobernanza en sus informes anuales. «La futura ley de información empresarial sobre sostenibilidad –transposición de la Directiva CSRD– supone un cambio de paradigma», afirmó Lucía Sánchez-Ocaña, directora del departamento de Global Risk Compliance and Sustainability en Qualitas Energy y vicepresidenta de ASCOM (Asociación Española de Compliance).

Sánchez-Ocaña explicó que las auditorías financieras están evolucionando de un proceso técnico centrado en números a un enfoque estratégico que incluye variables de sostenibilidad. «El modelo de negocio debe integrar aspectos financieros y no financieros para tomar decisiones verdaderamente informadas y responsables», subrayó.

Sin embargo, este cambio implica desafíos significativos para las organizaciones. «Muchos Consejos de Administración no están preparados para gestionar este tipo de información. Es imprescindible formar a los altos ejecutivos para interpretar y aplicar estos datos en sus estrategias».

Para Lucía Sánchez-Ocaña, «con la Directiva CSRD y la ley transpuesta estamos asistiendo al nacimiento de una industria completamente nueva. Y no lo digo solo porque me dedique a esto y tenga un interés personal, sino porque lo veo a todos los niveles. Las organizaciones están creando departamentos específicos de sostenibilidad, pero hay un problema: no existe una formación tradicional para estos roles y esto significa que estamos improvisando en muchos casos».

Según ella, «Los profesionales que ahora lideran estas áreas vienen de sectores como las finanzas, la consultoría o incluso el marketing. Esto puede ser positivo, porque aporta diversidad de enfoques, pero también conlleva riesgos. Por ejemplo, sin un marco claro, corremos el peligro de tomar decisiones basadas en interpretaciones incorrectas de las normativas».

Además, las normas evolucionan muy rápido, pero las prácticas empresariales no siempre logran seguir el ritmo. Esto crea un desajuste que puede llevar a errores significativos. Imagina que una empresa invierte recursos en implementar un sistema de reporte de sostenibilidad, pero no lo hace según las directrices correctas. En unos años, cuando esas directrices se consoliden, esa empresa podría encontrarse en una posición vulnerable.

«La normativa de debida diligencia cobra especial relevancia. Obliga a las organizaciones a establecer un criterio claro de evaluación de riesgos previo a la toma de decisiones».

Los auditores internos y externos, los verificadores de sostenibilidad y los compliance officers

Preguntada por el papel juegan los auditores internos y externos, los verificadores de sostenibilidad y los «compliance officers» en este nuevo escenario, asegura que «todos ellos son roles fundamentales».

Subrayando que «la sostenibilidad no puede ser una función aislada; debe integrarse en la estructura general de la organización. Los auditores internos serán clave para garantizar que los procesos cumplen con las normativas desde dentro, mientras que los auditores externos y los verificadores aportarán una visión objetiva y validarán esa información».

Por otro lado, «los Compliance Officers tendrán que coordinar estos esfuerzos y asegurarse de que todos los departamentos trabajen de forma alineada. Esto incluye desde la identificación de riesgos hasta la implementación de sistemas de control interno que permitan tomar decisiones basadas en datos fiables y completos».

Para que la política corporativa desempeñe un rol estratégico y aporte valor añadido, debe basarse en un acceso completo a la información, tanto financiera como no financiera.

Según señaló Lucía Sánchez-Ocaña durante su intervención, «la toma de decisión tiene que venir provocada por ese análisis financiero y no financiero. Si tú piensas solo en el ámbito financiero o solo en el ámbito no financiero, la toma de decisión ni va a poder estar debidamente acreditada».

En este contexto, «la normativa de debida diligencia cobra especial relevancia. Obliga a las organizaciones a establecer un criterio claro de evaluación de riesgos previo a la toma de decisiones». «Sin acceso a la información, y esto creo que es bastante básico, es muy difícil aplicar un papel más allá del cumplimiento regulatorio», añadió Sánchez-Ocaña.

Más allá de la necesidad de cumplir con las exigencias normativas, Sánchez-Ocaña destacó el potencial competitivo que aporta este enfoque integral. «La normativa puede ser una ventaja competitiva importante, pero para ello necesitas aceptar esa visión global que te da la financiera y no financiera», concluyó.

La Directiva de Debida Diligencia: el próximo reto normativo

Con la Directiva CSRD aún en proceso de implementación, otra normativa ya asoma en el horizonte, se trata de la Directiva de Debida Diligencia (CS3D).

Según Lucía Sánchez-Ocaña, esta directiva supone un paso más en las obligaciones de las empresas, enfocándose especialmente en los derechos humanos y las consideraciones sociales. “Para mí, sí es complementaria”, afirma Sánchez-Ocaña, destacando que esta normativa eleva las exigencias relacionadas con la debida diligencia, especialmente en los procesos previos a la toma de decisiones empresariales.

La directiva pone el foco en un aspecto que, según esta experta, se ha descuidado en los últimos años: “Se ha hablado mucho de sostenibilidad en términos medioambientales, todo el mundo calculaba su huella de carbono sin saber exactamente por qué ni para qué. Pero nos hemos olvidado un poquito de lo más importante: las personas y las sumas sociales”.

«Sánchez-Ocaña asegura que «el propósito final de estas normativas, tanto la CSRD como la CS3D, es promover la transparencia».

El objetivo principal de la Directiva de Debida Diligencia es establecer un marco que obligue a las organizaciones a evaluar los riesgos antes de cualquier proceso de decisión. Esto incluye la selección de terceros, un aspecto que todavía carece de definiciones concretas, pero que apunta a la necesidad de aplicar criterios claros y documentados. “Cualquier toma de decisión de un tercero oficial tendrá que seguir un criterio de evaluación de riesgos previo, aunque aún no esté definido exactamente cómo será este detalle”, explica.

Sánchez-Ocaña asegura que «el propósito final de estas normativas, tanto la CSRD como la CS3D, es promover la transparencia». “La toma de decisiones de consumidores e inversores debe estar documentada e informada”, apunta, dejando claro que estas directivas buscan evitar campañas cosméticas del pasado que inducían decisiones desinformadas y alejadas de los principios que se pretendían alcanzar».

La Directiva de Debida Diligencia establece nuevas responsabilidades en las relaciones empresariales, especialmente en la contratación y los negocios con terceros. «El reto ahora será asegurar que este nuevo marco normativo no solo complemente a la CSRD, sino que también refuerce la transparencia y la responsabilidad en todos los niveles de la actividad corporativa».

El coste de esta transición

Para la directora del departamento de ‘Global Risk Compliance and Sustainability’ en Qualitas Energy, «Estamos hablando de un cambio estructural que no es barato. El coste depende de cuánto esté dispuesta a invertir cada organización, pero es importante destacar que esta no es una opción. Es una obligación».

Dicho esto, es evidente que implementar estos cambios supone un impacto financiero importante. «Para las grandes empresas, que tienen recursos y estructuras más robustas, puede ser más fácil absorber estos costes. Sin embargo, para las pequeñas y medianas empresas, que representan la mayoría del tejido empresarial en países como España, este cambio puede ser más complicado».

«Lo que recomiendo a las empresas es que no vean esto solo como un gasto, sino como una oportunidad. Cumplir con estas normativas puede convertirse en una ventaja competitiva. Por ejemplo, las empresas que sean capaces de demostrar su compromiso con la sostenibilidad tendrán más facilidad para atraer inversores y clientes, especialmente en mercados internacionales donde estos criterios son cada vez más valorados».

Competitividad europea en comparación con otros mercados

Lucía Sánchez-Ocaña, «Este es un punto delicado. La Unión Europea está liderando este cambio con un marco normativo muy avanzado, lo cual es positivo porque establece estándares claros y fomenta la transparencia. Sin embargo, esto también puede convertirse en un obstáculo cuando competimos con mercados no europeos que no están sujetos a estas exigencias.

«Por ejemplo, en proyectos internacionales, me he encontrado con situaciones en las que nuestras exigencias regulatorias nos dejan fuera del juego. No porque nuestros socios potenciales no valoren la sostenibilidad, sino porque las barreras de entrada son demasiado altas. Es más fácil para ellos trabajar con competidores que no les imponen estos requisitos».

Y sostienen que «la solución pasa por dos cosas. Primero, que la Unión Europea siga presionando para que estos estándares se adopten a nivel global. Segundo, simplificar y unificar nuestras propias normativas. Actualmente, tenemos un marco muy fragmentado, con regulaciones que a veces se solapan o incluso se contradicen. Necesitamos una norma ómnibus que facilite el cumplimiento y reduzca las cargas administrativas».

“No importa a qué se dedique tu organización, de manera directa o indirecta, vas a tener un papel protagonista con esta directiva”, sentenció Sánchez-Ocaña.

El cambio de “cadena de suministro” a “cadena de valor”

La reciente normativa redefine un concepto clave en las organizaciones: la transición del término «cadena de suministro» a «cadena de valor.» Según Lucía Sánchez-Ocaña, esta evolución no es meramente semántica, sino que responde a un cambio profundo en la forma de entender las relaciones empresariales. «Refleja un enfoque mucho más amplio y ambicioso»

“Hemos estado unos años hablando de cadena de suministro como ese eslabón que te facilita, que te ayuda, que tú puedas desarrollar tu negocio. Ahora es cadena de valor. Ahora le estamos dando una importancia superior. Estamos dándole un valor en sí mismo a ese tipo de relaciones”, explicó.

Este cambio de enfoque tiene implicaciones prácticas significativas. La normativa busca extender las obligaciones regulatorias no solo al sujeto directamente obligado, sino también a todas las entidades que forman parte de su cadena de valor. “Tus clientes te van a empezar a preguntar, como poco, de qué manera tú colaboras con ellos, como su cadena de valor, para que ellos puedan cumplir con sus obligaciones regulatorias”, afirmó Sánchez-Ocaña.

Además, supone una nueva exigencia. Aunque podría parecer que se está otorgando un mayor reconocimiento a estas relaciones, la realidad es que lo que se está imponiendo es una obligación indirecta.

“Para poder cumplir, ellos necesitan conocer cómo sus terceros están operando a todos los niveles”, añadió, subrayando que esto implicará requisitos de información y verificabilidad en aspectos sociales y de gobernanza que afectarán incluso a entidades no directamente obligadas por la normativa.

La «cadena de valor» adquiere un papel protagonista bajo esta nueva regulación. “No importa a qué se dedique tu organización, de manera directa o indirecta, vas a tener un papel protagonista con esta directiva”, sentenció Sánchez-Ocaña.

Una visión que pone de manifiesto cómo las relaciones empresariales están cada vez más condicionadas por las exigencias de sostenibilidad, transparencia y responsabilidad.

Impacto de la IA en este nuevo escenario

En su intervención en este Foro de Expertos Confilegal, Sánchez-Ocaña ha destacado el inmenso potencial de la inteligencia artificial (IA) para revolucionar la gestión de la sostenibilidad en el ámbito empresarial. «La inteligencia artificial tiene el potencial de revolucionar cómo gestionamos la sostenibilidad. Por ejemplo, puede analizar grandes volúmenes de datos de forma rápida y precisa, identificando patrones y riesgos que serían imposibles de detectar manualmente», asegura.

Sin embargo, también advierte sobre los riesgos asociados a un uso inadecuado de esta tecnología. «Si no se regula adecuadamente, la IA podría generar sesgos o exponer a las empresas a ciberataques y espionaje industrial», señala, enfatizando la necesidad de un marco regulatorio que garantice la transparencia y la seguridad.

Según ella, la IA puede ser un motor de cambio positivo en la sostenibilidad empresarial, pero su implementación debe estar acompañada de una regulación sólida y clara que mitigue sus riesgos y maximice sus beneficios. «Es fundamental establecer un marco claro que garantice la transparencia y la seguridad en el uso de estas tecnologías», ha sostenido.

Una autoridad específica para supervisar todo esto en el futuro

La creación de una autoridad general que supervise la sostenibilidad y las exigencias regulatorias en esta materia podría no estar tan lejos. Así lo asegura Lucía Sánchez-Ocaña, quien considera que este sector, en auge constante, inevitablemente requerirá un organismo especializado. «Creo que en el futuro vamos a tener una autoridad específica, como tenemos en otras materias, a cargo de esta industria que para mí ha emergido ya», afirma.

Igualmente, destaca que las demandas regulatorias en sostenibilidad están creciendo a un ritmo vertiginoso, lo que hace imprescindible contar con perfiles especializados y una autoridad dedicada a garantizar el cumplimiento de estas normativas. «Esto ha llegado no para quedarse un rato, sino para vivir con nosotros para siempre», señala, subrayando la permanencia e importancia de estas regulaciones.