Luis Pérez, Alvise, líder de “Se acabó la Fiesta” (SALF),y diputado del Parlamento Europeo. Foto: EP
El juez Calama pide al Supremo investigar a Alvise por financiación ilegal al estar aforado
En su exposición razonada al Supremo, el magistrado atribuye a Alvise un presunto delito electoral y otro de financiación ilegal de partidos políticos
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20/12/2024 12:05
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Actualizado: 20/12/2024 12:10
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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha pedido al Tribunal Supremo que abra una investigación a Luis Pérez, Alvise, por presunta financiación ilegal de su campaña a las elecciones europeas, al no poder imputarle por estar aforado como eurodiputado.
En su exposición razonada al Supremo, el magistrado atribuye a Alvise un presunto delito electoral y otro de financiación ilegal de partidos políticos por haber recibido 100.000 euros en metálico del empresario Álvaro Romillo para sufragar su campaña al Parlamento Europeo con la agrupación ‘Se acabó la fiesta’.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional considera que existen “indicios sólidos” de responsabilidad penal frente al diputado del Parlamento Europeo, y pide también al Supremo que investigue al empresario y a Alvise de forma conjunta al apreciar una “íntima conexión” en la dinámica comisiva entre ambos, pues son conductas que constituyen, dice, “la cara y cruz de una misma moneda”.
Donaciones anónimas que quedaran fuera del control público
Calama expone en su resolución los indicios delictivos que se han puesto de manifiesto a través de la denuncia presentada por el propio Romillo, los documentos y el informe pericial, así como por la declaración judicial del empresario, investigado a la vez en otra pieza por la supuesta estafa de la plataforma Madeira Invest.
La investigación, señala en su auto el juez, ha evidenciado que el eurodiputado Alvise solicitó la colaboración de Romillo para crear una wallet (monedero virtual) con objeto de recibir donaciones anónimas que quedaran fuera de todo control público.
Estas donaciones estaban destinadas a sostener los gastos de la campaña electoral de las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 por parte de la agrupación electoral que bajo el nombre de “Se acabó la Fiesta” (SALF), estaba encabezada por Luis Pérez.
Tanto los servicios prestados por Álvaro Romillo para la apertura de la wallet, así como la entrega de 100.000 euros referidos, fueron efectuados por este con la intención de que Alvise, posteriormente, pudiera actuar en distintos foros publicitando tanto su plataforma bancaria Sentinel como la mercantil Madeira Invest Club.
De esta forma, señala Calama, perseguía conseguirnuevos inversores a los que venía cobrando un 10 % de la inversión. Esta comisión la compartiría con Luis Pérez si resultaba eficaz y llegaban a un acuerdo en tal sentido. Así, el primer acto de colaboración tuvo lugar el pasado 6 de abril en el hipódromo de la Zarzuela.
En este evento Alvise, ante un grupo de 3.000 inversores de Madeira Invest Club, hizo defensa de su plataforma de negocio que, según afirmaba, quedaba fuera de cualquier control financiero, y permitía obtener una significativa rentabilidad sin tributar por ella.
Al mismo tiempo, continúa el auto, Luis Pérez expuso su programa político para su candidatura europea basada en la libertad financiera.
En este sentido, en un mensajede audio Álvaro Romillo expresó a Alvise que el día anterior había salido “la obra” (de Madeira Invest Club), y habían recaudado 100 millones de euros en 53 minutos.
Un delito electoral y otro de financiación ilegal de partidos políticos
El instructor señala que los hechos podrían constituir un delito de financiación ilegal, tipificado en el artículo 304 bis del Código Penal. Según explica, se trata de un delito de mera actividad, que se consuma con la simple entrega del donativo, sin necesidad de que se produzca un resultado o se realicen trámites adicionales.
Además, considera que la conducta de Alvise podría encajar en un delito electoral según el artículo 149 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General. Este delito, detalla, implica el falseamiento de las cuentas electorales, afectando al pluralismo político, la transparencia en la financiación de los partidos y la correcta expresión de la voluntad popular.
«El falseamiento oculta la financiación ilegal y quiebra las normas representadas por la Ley Electoral y las leyes sobre financiación de partidos», concluye.
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