Este año que termina ha sido de especial intensidad para la procura. El Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid ha celebrado su 450 aniversario, ha inaugurado su nueva, moderna y funcional sede en la capital y ha recibido con orgullo la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo. También se ha producido una profunda renovación en la presidencia y Comisión Ejecutiva del Consejo General de Procuradores, en la que he asumido el cargo de secretario, cerrando una larga etapa con la sustitución de quien fuera nuestra presidente Juan Carlos Estévez.
También se ha producido una profunda renovación en la presidencia y Comisión Ejecutiva del Consejo General de Procuradores, en la que he asumido el cargo de secretario, cerrando una larga etapa con la sustitución de quien fuera nuestra presidente Juan Carlos Estévez.
En otro orden de cosas, la tan traída y llevada Ley de Eficiencia Procesal ha visto la luz; un decreto insatisfactorio ( y hoy recurrido en los tribunales) nos ha impuesto unos aranceles que ponen en peligro la actividad profesional y una desproporcionada y errada sanción de la CNMC sobre nuestro Portal de Subastas, también pendiente de la decisión judicial nos preocupa profundamente.
En definitiva, ha sido un año intenso para la procura.
Desde estos antecedentes, enfrentamos el 2025 con ilusión y con la ambición de poder afrontar los retos y desafíos – no pocos- que nos ofrece el nuevo año.
La procura, una institución clave en el engranaje de la Administración de Justicia, enfrenta un período de transformaciones y retos significativos. Estos desafíos están estrechamente vinculados con la aprobación de la Ley de Eficiencia Procesal, la potenciación de las competencias de ejecución para los procuradores y la urgencia de una nueva regulación de unos aranceles profesionales acordes a la realidad y a la crucial función que se nos ha asignado y a nuestro imprescindible papel en la modernización de la justicia española.
LEY DE EFICIENCIA PROCESAL: UN HITO
La Ley de Eficiencia Procesal marca un hito en los esfuerzos por agilizar y transformar el sistema judicial en España. Sin embargo, su implementación supone también un desafío para los procuradores, quienes deben adaptarse a un marco jurídico que enfatiza la digitalización y la resolución alternativa de conflictos.
Los Colegios debemos liderar la capacitación y formación de nuestros miembros para garantizar su protagonismo en este nuevo escenario. La promoción del uso de herramientas tecnológicas y la participación activa en la mediación y arbitraje son ámbitos donde los procuradores podemos reafirmar nuestra relevancia dentro del sistema judicial.
Actualmente, desempeñamos un papel insustituible en la notificación y ejecución de resoluciones judiciales, pero la ampliación de las competencias de la procura en materia de ejecución, aún incompleta e insuficiente, debe contribuir a mejorar sustancialmente la eficiencia de la Administración de Justicia.
Que los procuradores asumamos un papel más activo en la fase de ejecución permitirá descongestionar los juzgados y ofrecer a los ciudadanos una garantía adicional de eficacia y transparencia.
ACTUALIZAR LOS ARANCELES
Por otra parte, el actual sistema de aranceles profesionales que regula los honorarios de los procuradores está desactualizado y no refleja adecuadamente las complejidades del ejercicio profesional en el contexto actual. Este hecho genera tensiones y pone en riesgo la sostenibilidad económica de muchos despachos, especialmente aquellos de menor tamaño.
Una nueva regulación de los aranceles debe contemplar criterios que reflejen la realidad del trabajo desempeñado por los procuradores, así como la diversidad de las tareas que realizan. Además, resulta imprescindible establecer un marco que garantice la equidad entre los profesionales y evite la competencia desleal, al tiempo que proteja los intereses de los justiciables.
Nuestros esfuerzos en 2025 irán también dirigidos a implementar sistemas avanzados que faciliten la gestión de procedimientos y la comunicación con los juzgados, ofrecer planes de formación específicos para la actualización en competencias digitales, mediación y ejecución procesal.
Sin duda, mantendremos y fortaleceremos el diálogo institucional, en el que las administraciones tendrán en la procura el actor leal y colaborador que siempre hemos sido en beneficio de la Justicia y de los ciudadanos.
No podemos olvidar tampoco que debemos seguir haciendo esfuerzos por acercar la figura del procurador a los ciudadanos, promoviendo el mejor conocimiento de nuestro importante rol en lograr una justicia de calidad.
El Colegio de Procuradores de Madrid y el conjunto de la profesión tiene ante sí un camino desafiante pero lleno de oportunidades. Con una visión estratégica y un compromiso firme con la excelencia profesional, este 2025 los procuradores debemos consolidar nuestro papel como piezas fundamentales en la modernización de la justicia española.
