La ciberseguridad y la privacidad de datos lideran el listado, impulsadas por el aumento de ataques cibernéticos y regulaciones más estrictas. Asimismo, la creciente integración de la inteligencia artificial (IA) plantea nuevos retos legales y éticos, especialmente en la gobernanza y el uso de datos.
Así lo refleja el último informe anual de Baker McKenzie que identifica los riesgos tecnológicos como la mayor preocupación empresarial para 2025, basado en una encuesta a 600 responsables legales de multinacionales,
Vinod Bange, el socio de Baker McKenzie en Londres, destacó la creciente preocupación empresarial en torno a los riesgos cibernéticos: “Estamos en un punto de inflexión en lo que respecta al riesgo cibernético. Con los avances tecnológicos, como la IA y otros impulsores de la transformación digital, así como el aumento de las amenazas geopolíticas globales, no es difícil entender por qué estamos presenciando un rápido incremento de los ciberataques en todo el ecosistema empresarial.”
Por su parte, Isabella Liu, socia en Hong Kong, subrayó la importancia de estar alerta ante la evolución normativa de la inteligencia artificial: “Las empresas deben ser perspicaces al monitorear los desarrollos de la IA en todas las disciplinas legales, no solo en jurisprudencia y legislación relacionadas con propiedad intelectual, sino también en normativas de privacidad, regulaciones específicas de cada sector y nuevas regulaciones transversales sobre IA. Esto les permitirá desarrollar estrategias para gestionar riesgos legales y maximizar oportunidades.”
Ciberseguridad y privacidad de datos, los principales riesgos legales
La ciberseguridad y la privacidad de datos lideran las preocupaciones empresariales, identificadas como el principal riesgo de disputas por el 45 % de los encuestados en el informe de Baker McKenzie. Factores como el aumento y la sofisticación de los ciberataques, las exigentes normativas regulatorias y los cambios operativos impulsan esta tendencia.
El 70 % de los participantes señaló las investigaciones y posibles sanciones como su principal inquietud. Además, el auge del teletrabajo y el uso de servicios en la nube han incrementado las vulnerabilidades.
Un 44 % también expresó preocupación por la falta de cobertura total de seguros frente a ataques cibernéticos, lo que puede derivar en disputas sobre reclamaciones.
Por último, un 41 % destacó problemas de cumplimiento normativo en las cadenas de suministro, agravados por la creciente sofisticación de las amenazas.
La inteligencia artificial, una fuente creciente de disputas legales
El 44 % de los encuestados en el informe de Baker McKenzie identifica las disputas relacionadas con la inteligencia artificial (IA) como un riesgo significativo. Las principales preocupaciones se centran en la privacidad y seguridad de datos (60 %), cuestiones éticas (59 %) y conflictos de propiedad intelectual (55 %).
La integración de la IA en los marcos legales actuales plantea desafíos como el posible uso indebido de tecnologías, riesgos de infracción de derechos de autor o marcas registradas y vulneraciones de derechos de personalidad. Además, surgen interrogantes sobre la titularidad y protección del contenido generado por IA, complicando su gestión y aplicación legal.
Disputas laborales: entre la regulación y el conflicto (32 %)
El informe señala que el 32 % de los encuestados por Baker McKenzie considera las disputas laborales como un riesgo a tener en cuenta. Las cláusulas restrictivas y los acuerdos de no competencia lideran estas preocupaciones, señaladas como el principal riesgo por el 42 % de quienes identificaron conflictos laborales.
Un enfoque que coincide con la tendencia global de reguladores antimonopolio que analizan la competencia entre empleadores para captar y retener talento, especialmente tras los intentos de la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. por prohibir estas cláusulas a nivel nacional.
Otros riesgos destacados son las disputas por igualdad salarial (40 %), impulsadas por regulaciones de transparencia en la remuneración, y las investigaciones internas por denuncias de discriminación o acoso (40 %), en un contexto de mayor protección a denunciantes y un aumento en los reportes de irregularidades.
Las disputas fiscales
El 25 % de los encuestados en el informe de Baker McKenzie identifica las disputas fiscales como otro riesgo, impulsado principalmente por la movilidad global de empleados (62 %). Factores como el nomadismo digital, la demanda de trabajo remoto y la relajación de restricciones por COVID-19 han intensificado estos conflictos.
Además, el 51 % de los encuestados señala los impuestos indirectos y los precios de transferencia como áreas clave de disputa. Los impuestos indirectos generan conflictos debido a la naturaleza cambiante de las normativas sobre IVA y GST, mientras que los precios de transferencia siguen siendo un foco principal para las autoridades fiscales, exigiendo un análisis detallado de los modelos de negocio y cadenas de valor de las multinacionales.
La litigación sigue siendo el mecanismo preferido para resolver disputas fiscales, elegido por más del 90 % de los encuestados, mientras que el 72 % también considera el arbitraje como una opción viable.
Disputas ESG
Las disputas relacionadas con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) preocupan al 21 % de los encuestados.
La gestión de residuos es el principal riesgo, señalado por el 60 % de quienes identificaron conflictos ESG. Otros problemas destacados incluyen el estrés hídrico (45 %), la regulación de emisiones (34 %) y la transición energética (33 %).
Estos desafíos reflejan el creciente escrutinio regulatorio y social hacia las prácticas sostenibles de las organizaciones.
